Desde Caribe Afirmativo analizamos el Proyecto de Ley 222 de 2022, por medio del cual el gobierno nacional busca crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.
19 de octubre de 2022. El Gobierno Nacional radicó ante la secretaria del Senado de la República el Proyecto de Ley que busca crear el Ministerio de Igualdad y Equidad como organismo principal del sector central de la Rama Ejecutiva[1]. Desde Caribe Afirmativo, celebramos esta iniciativa que se convirtió en una de las promesas de campaña más significativas del gobierno actual, por cuanto su creación orienta el cumplimiento de la garantía de los derechos fundamentales de los diversos grupos históricamente excluidos en el país, entre esos, las personas LGBTIQ+.
No obstante, a lo anterior, del texto presentado por el Gobierno Nacional que surtirá cuatro debates en el Congreso de la República, -dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado- encontramos tres grandes interrogantes que devienen grandes retos para la nueva cartera:
El primero surge ante el artículo 3º del proyecto de ley que indica: “El Ministerio de Igualdad y Equidad tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados” (Subrayado fuera del texto original).
¿Todo el proceso de formulación, adopción, y ejecución de las políticas de los grupos poblacionales históricamente excluidos en el país, como las personas LGBTIQ+, pasará de ser función del Ministerio del Interior como actualmente ocurre (por lo menos en el caso de la Política Pública LGBTI) a ser del nuevo ministerio? De ser así, esperamos que exista un gran compromiso por parte de la Vicepresidenta Francia Márquez, encargada de desempeñar las funciones concretas del ministerio, en implementar el Decreto 762 de 2018.
Este decreto estableció la Política Pública Nacional LGBT y la activación inmediata de su Plan de Acción para poder avanzar de manera significativa, en las garantías del ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Recordemos que la falta de voluntad política de los Gobiernos antecesores y de un Congreso que, por años, se ha negado a dar grandes debates, ha rezagado las necesidades de esta población altamente vulnerada y discriminada en la agenda legislativa.
El segundo interrogante surge en cuanto al patrimonio que conformaría el nuevo Ministerio. El artículo 8º del proyecto expone: “Patrimonio. El patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: 1. Las sumas que se apropien en el Presupuesto Nacional. 2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 4 3. Las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales” (Subrayado fuera del texto original).
Sin embargo, de aprobarse la creación de la nueva cartera antes de terminar la legislatura el 16 de diciembre de 2022 para comenzar su funcionamiento de formar inmediata o a más tardar en el año 2023, quedaría sin partida presupuestal, pues el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año está en sus últimos dos debates en el legislativo y no contempla recursos para esta nueva iniciativa.
Esta situación generaría grandes inconvenientes de tipo económico que imposibilitaría la puesta en marcha de una dependencia encargada de materializar la política pública LGBTIQ+ en el territorio nacional. En el evento de que el nuevo ministerio cuente con recursos que le puedan ser girados de forma directa para que inicie su funcionamiento y el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado, estos serían considerablemente bajos comparados con los recursos con los que cuenta actualmente la cartera (Ministerio del Interior) que viene desarrollando políticas económicas y sociales en favor de grupos poblacionales como las personas LGBTIQ+.
Por último, el artículo 11º del proyecto, buscará “revestir al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas…”(Subrayado fuera del texto original). Este artículo ya ha generado controversias por la potestad tan amplia que se le daría al mandatario para crear, suprimir, modificar o trasladar las dependencias del Gobierno Nacional que considere pertinentes para cumplir con el objetivo de la creación de la nueva cartera, además de crear y suscribir directamente o a través de sus entidades y organismos del Estado convenios con organizaciones de la sociedad civil u otros actores públicos y privados, sin necesidad de ser tramitados y aprobados por el legislativo.
Finalmente, desde Caribe Afirmativo reiteramos la celebración de este proceso, cuya ejecución sin duda alguna representará un gran avance en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en Colombia. Dentro de los objetivos del nuevo ministerio es necesario impulsar iniciativas como la tan anhelada ley integral trans, la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión”, la implementación de acciones encaminadas a eliminar la desigualdad para personas LGBTIQ+, el establecimiento de un canal de interlocución permanente entre las exigencias de los movimientos LGBTIQ+ y la institucionalidad, promover la investigación sobre violencias por prejuicio contra las personas LGBTIQ+ para su prevención y sanción, entre otras exigencias claves de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
Todas estas acciones serán fundamentales para asegurar cuatro años de protección y promoción efectiva de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Esperamos del Gobierno Nacional responder a las necesidades de todas las mayorías populares responsables del lugar que ocupa hoy, entre ellas, las personas LGBTIQ+. Es momento de construir de forma conjunta para asegurar una paz total que incluya a todas: a las maricas, las mujeres trans y cis, las personas no binaries, las lesbianas, las bisexuales, las asexuales, los hombres trans y cis, les intersexuales, y todas las personas de esta amplia gama de colores que conformamos este movimiento.
[1] Art. 2 PL. 222 de 2022