Para las personas LGBT, el espacio público ha sido un lugar de vulneración de sus derechos por el Estado y la sociedad civil, cuyo control muchas veces está relacionado, pero no únicamente, con un ejercicio de poder para subordinar su existencia únicamente a lo privado, es decir, marginalizarlas del uso de su derecho. (Caribe Afirmativo 2019).
Son de extrema preocupación los casos que se han presentado en el municipio fronterizo de Maicao – Departamento de La Guajira, en los que a partir de una aplicación selectiva de la ley a las personas migrantes sexo género diversas de origen venezolano que usan el espacio público para el ejercicio del trabajo sexual, las autoridades civiles, migratorias y de policía de dicho municipio han promovido y efectuado operativos conjuntos de supuesta recuperación del espacio público que han terminado en deportaciones hacia la zonas rurales de la frontera entre Colombia y Venezuela, en los que se ha puesto en peligro la integridad física y moral de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Así mismo, en retenciones en la estación de policía del municipio, bajo el argumento de que existen denuncias verbales de la ciudadanía en contra del grupo de mujeres, por supuestos actos delictivos. Los operativos en los que no mediaron órdenes de deportación, ni de detención algunas, tuvieron lugar en Agosto de 2018 y Mayo de 2019, resultando afectadas en los mismos siete mujeres trans.
También en el municipio de Maicao, la noche del martes 18 de Junio de 2019, resultaron gravemente agredidas, torturadas y discriminadas por agentes de la policía y un civil colombiano, 4 mujeres trans de origen venezolano trabajadoras sexuales.
Las 4 mujeres, fueron perseguidas en una motocicleta por el particular que inicialmente había requerido de sus servicios sexuales, quien ante inconformidades por la decisión de aquellas de no continuar prestando los mismos, les acusó de robo públicamente, logrando seguir y encontrar en diversos puntos del municipio, a cada una, persecución en la que participaron dos agentes de policía, que condujeron a las mujeres, junto con el particular, hasta la estación de policía, lugar en que tanto el civil, como los uniformados, les golpearon, torturaron, despojaron de sus pertenencias, amenazaron con acceder carnalmente y matar, y produjeron violencias físicas con un contenido simbólico, como lo fueron, arrancarles las extensiones de cabello, y raparles el cabello natural a cada una.
En la entrevista practicada, una de las mujeres agredidas el 18 de Junio de 2019, manifestó haber sido víctima de acceso carnal violento por parte de uno de los agentes de policía que tomó parte del ataque de esa noche, hechos que, de acuerdo a la entrevista practicada, tuvieron lugar el 21 de Enero del 2019.
Otros casos de igual gravedad, corresponden a los ocurridos en la ciudad de Valledupar – Departamento del Cesar, el pasado |4 de mayo de 2019 en horas de la noche, cuando un grupo de hombres armados con machetes llegaron al espacio de trabajo sexual de mujeres trans (calle 44), con alta presencia de mujeres migrantes de origen venezolano, y en dos ocasiones diferentes entre las 11. 30 p.m. y la 1.00 a.m. de la madrugada, atacaron con armas blancas a un grupo de más de 20 mujeres trans que estaban en el sector. Para el segundo ataque llegaron agentes de la policía al lugar de los hechos, quienes en lugar de brindar protección a las mujeres trans, se unieron a las agresiones, lanzando disparos a raíz de los cuales, resultaron heridas dos mujeres trans.
En el mismo lugar, en 2018, fue asesinada una mujer trans venezolana quien recibió dos disparos que le causaron la muerte luego de ser la única persona que, según lo advierten líderes y lideresas locales, persistiera en el lugar, pese a las amenazas que en dicha zona venían siendo reiterativas. Según el dicho de aquellos, hacía algunas semanas que se había puesto en circulación un panfleto, y días antes, hombres armados habrían acudido al lugar disparando en varias ocasiones contra las personas que transitaban la zona, sin que nadie resultase herido en dicha oportunidad, pero logrando el desplazamiento de las mujeres en ejercicio del trabajo sexual, incluyendo aquellas trans de origen venezolano.
Otro contexto de particular interés consiste en el acceso a la justicia cuando las personas LGBTI ya se encuentran en contextos de marginalidad y exclusión, como es la situación que viven muchas de las personas en situación de movilidad en Colombia, sobre quienes repercuten afectaciones particulares a sus derechos, dadas por las expresiones de discriminación exacerbadas por sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En este sentido, cuando intentan acudir a los operadores judiciales para la salvaguarda de sus derechos, se encuentran más expuestos que las demás personas en situación de movilidad, por cuanto el prejuicio, los estereotipos y la estigmatización también determinan si podrán hacer efectivos sus derechos o no. Un testimonio resume la situación:
“Si a la colombiana trans no la dejan denunciar, imagínate para una que además es venezolana, ni siquiera existimos”
Si bien, tanto en el caso de las agresiones expuestas en los numerales 13 y 14, como en el de violencia sexual expuesto en el numeral 15, se dio apertura a investigación penal por parte de la Fiscalía y por parte del Departamento de la Guajira de la Policía Nacional se abrió investigación preliminar disciplinaria, ambos a instancias de denuncias presentadas por las victimas a través de la Corporación Caribe Afirmativo, se tiene que estos procedimientos no presentan avance.
Igualmente, respecto de las presuntas deportaciones ilegales que tuvieron lugar el 24 de Mayo de 2019, expuestas en el párrafo 12, existe investigación disciplinaria, de cuya apertura informó Migración Colombia. La misma fue abierta por parte de la entidad, pese a que asegura, en oficio allegado a la Defensoría Delegada para los derechos de la población en Movilidad Humana, que sus actuaciones, correspondieron a procedimientos de verificación de rutina, ajustados al marco legal y con observancia de los derechos humanos. No obstante, no se tiene conocimiento de avances en esta investigación.
La falta de celeridad y diligencia debida que se evidencia en las actuaciones procesales referenciadas en el párrafo 20, constituyen un obstáculo para el acceso a recursos efectivos que garanticen la investigación, sanción, y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos que particularmente agentes de la fuerza pública vienen cometiendo contra mujeres trans trabajadoras sexuales de origen venezolano, en contexto de movilidad en Colombia, bajo el supuesto de procedimientos de recuperación del espacio público, y actuaciones sancionatorias practicadas sin mediar procedimientos penales, y sin observancia del debido proceso, al igual que las deportaciones presuntamente ilegales practicadas por agentes de migración Colombia.