21 de febrero de 2021. En el marco de la realización de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se expusieron los avances de Colombia en materia de migración se hace necesario reflexionar sobre la gran preocupación que se ha generado, al interior de diferentes ONG defensoras de derechos humanos, ante el incremento del empobrecimiento de las personas venezolanas LGBT+ migrantes y refugiadas en el país y la ineficiencia de las herramientas dispuestas para que puedan acceder a sus derechos.
Es importante entender que el fenómeno de la migración venezolana, en especial, la LGBT+ se presenta en un escenario cargado de complejidades, silenciamientos, estigmas y desinterés gubernamental, que lleva a un sinnúmero de personas a enfrentarse a múltiples barreras sociales y jurídicas en el acceso a derechos fundamentales que ponen límites y, a su vez, los alejan en su proceso de integración social.
Con relación al Registro único de Migrantes Venezolanos (RUMV) que tiene como objeto recaudar y actualizar información como insumo para la formulación y diseño de políticas públicas e identificar a las personas refugiadas y migrantes de nacionalidad venezolana, vemos como ha tomado vuelo y avanza en su implementación, pero, por otro lado, no prospera la especialización del Estado en la mejora de sus servicios y ampliación al acceso a derechos para esta población que ha vivido la ausencia de redes de apoyo y desprotección de derechos sociales económicos y culturales; marginándolos a periferias sociales y económicas, que les desviste de su ciudadanía y se les somete a esquemas de opresión y regulación de sus vidas y cuerpos.
De igual modo, no se mejoran las condiciones de vida de las personas en situación de movilidad humana aun cuando el Estado invierte en infraestructura y burocracia de Migración Colombia y Gerencia de la Frontera. No se puede desconocer que muchas personas migrantes y refugiadas cuentan con títulos profesionales, pero no han tenido “el respaldo de políticas económicas que involucren políticas empresariales incluyentes, que transformen el miedo por la diferencia en un reconocimiento a la diversidad como un valor significativo y creativo”[1].
Sumado a esto, los altos niveles de violencia, precarización y ausencia de ofertas en los pasos migratorios y rutas de movilización que someten a la ciudadanía migrante y refugiada a la pobreza, el hambre y la inequidad; por lo cual, se hace necesario fortalecer y activar rutas o canales de atención destinados a informar y denunciar actos de violencia que sufren durante sus desplazamientos.
Finalmente, las acciones tienen que ser integrales, no solo se deben registrar, el servicio integral es mejorar sus derechos entendiendo que las personas migrantes se movilizan por nuestros territorios buscando un lugar donde se reconozcan sus derechos y se garantice su vida digna. Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado a la urgencia de poner en las agendas de políticas públicas y en los planes de movilización social de la sociedad civil la exigencia a garantizar proceso de migración, refugio y acogida con perspectiva de diversidad sexual y enfoque de género.
[1] [1] Desafiar la incertidumbre. Fragmentos de vida y trayectorias de personas venezolanas LGBT+ en situación de movilidad humana, en Colombia. (Caribe Afirmativo, 2021).