Este documento es el resultado de conversaciones entre la Defensoría del Pueblo y Caribe Afirmativo sobre las violencias diferenciadas y basadas en género que han vivido personas LGBT durante el paro nacional.
11 de junio de 2021. La Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que imparte directrices para que las autoridades a nivel nacional, departamental y local garanticen el respeto inalienable de los derechos humanos de las personas marchantes en el marco del paro nacional. De especial manera se establecen paramétros específicos para prevenir y erradicar la violencia basada en género en el contexto de la protesta y la movilización social.
Esta resolución es resultado de las conversaciones que tanto CARIBE AFIRMATIVO como otras organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por los derechos humanos tuvimos con el señor Defensor del Pueblo manifestando nuestra preocupación por el incremento alarmante de la violencia policial, la violencia basada en género y agresiones sexuales que han vivido personas y colectivas LGBT marchantes en el marco de la protesta social.
En el artículo décimo primero de este documento se insta a la Policía Nacional y al Gobierno, incluyendo departamentales, municipales y distritales para que en el marco de sus competencias adopten acciones, medidas efectivas e inmediatas que prevengan y erradiquen toda forma de violencia basada en género contra mujeres y personas LGBT durante las movilizaciones sociales dadas en el paro nacional.
A su vez en esta resolución la Defensoría del Pueblo establece una serie de recomendaciones que buscan fortalecer y activar rutas o canales de atención destinados a informar y denunciar actos de violencia que sufren las mujeres y las personas con una orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, que ocurren durante la protesta social en los diferentes territorios. Como también fortalecer los mecanismos de prevención de estas violencias enfatizando en la implementación de protocolos que protegan la vida, la libertad y la integridad física, pisocológica y sexual de las mujeres y personas con OSIGEG diversas.
También se motiva a generar espacios de confianza para que quienes han sufrido este tipo de violencias no teman denunciar y sentirse revictimizadas en el proceso y así las denuncias se den de forma oportuna y eficaz. Así mismo, se requiere que se adopten procedicimientos que garanticen la efectiva y pronta respuesta por parte de las autoridades judiciales, disciplinarias y administrativas compententes en el momento de recepcionar estas denuncias. Finalmente reitera la necesidad de generar rutas, programas y condiciones con un enfoque de género que garanticen el ejercicio efectivo y libre de violencias contra mujeres y personas LGBT.
Es importante destacar que en el año 2019 la Defensoría del Pueblo en su informe “Cuando la autoridad es discriminación” señala que la discriminación por parte de la fuerza pública hacia las personas LGBT es sistemática, lo cual fomenta una violencia desmedida. Lo anterior, teniendo en cuenta que las calles son escenarios de resistencia y transformación política para las personas OSIGEG.
Si bien es cierto, a más de cuarenta días de paro nacional la violencia no da tregua y a nivel nacional se presentan represiones y abusos por parte de la fuerza pública, como también existe un amplio subregistro de las cifras de violencias y abuso que vive la ciudadanía a diario. Además, no hay una cifra clara del número de personas LGBT que han sido violentadas en el marco del paro en todos los territorios.
Desde Caribe Afirmativo esperamos que estas directrices y recomendaciones sean acogidas por el Estado y las respectivas entidades, en dónde se garantice seguridad y tranquilidad durante el ejercicio del derecho legítimo a la protesta social y se respete la vida e integridad de las personas LGBT durante las marchas.