11 de abril de 2021. El primer acto de incidencia en Caribe Afirmativo fue asistir, en 2010, a las Mesas de Participación Ciudadana para presentar propuestas que, necesariamente, debían ser tenidas en cuenta por el gobierno nacional que se empeñaba en poner fin al conflicto armado. En ese momento, exigimos poner a las víctimas en el centro e identificar los hechos victimizantes que han dificultado el ejercicio de su ciudadanía plena, lo cual se evidencia cotidianamente en la pobreza estructural, vida periférica y ausencia de desarrollo a la que se ven sometidas con más presión en los territorios de mayor agudeza de esta guerra, por lo que se dejó constancia que, entre esas personas, estaban también algunas cuya motivación por parte de los señores de la guerra para hacerlas objetivo de persecución era su orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.
Como consecuencia del trabajo de estas Mesas de Participación Ciudadanas, obtuvimos en 2011 la promulgación de la Ley 1448, llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se convirtió, a la postre, en el primer cuerpo legislativo en Colombia que nomina a las personas LGBTI como sujetas de derechos, reconociendo que fueron afectadas por el conflicto armado y que la ausencia de ciudadanía ha hecho de ellas, víctimas directas de la confrontación entre todos los actores de la guerra, razón por la cual requieren con urgencia verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Esta ley activó tres acciones concretas que dan cuenta del recibo expreso de esas discusiones: a) la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado (UARIV) incluyó en su registro de víctimas a las personas LGBTI y se pueden en el análisis de los hechos victimizantes de documenta, identificar aquellos que recurrentemente están relacionados con la orientación sexual, identidad y expresión de género de las víctimas; b) el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en sus investigaciones sobre los motivos del conflicto armado, se dio a la tarea de documentar los hechos que motivaron la exacerbación de la violencia contra las personas con prácticas de disidencia sexual, recopilados en tres investigaciones: Aniquilar la diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano (2015) Un carnaval de resistencias. Memorias del reinado trans del río Tuluní (2018) y Ser marica en medio del conflicto armado. Memorias de sectores LGBT en el Magdalena Medio (2019); c) en las Mesas de Participación Efectiva de las víctimas, se abrió espacio a la representación directa de las personas LGBTI tanto en la jurisdicción nacional como en los entes territoriales; y d) se consagró el 9 de abril como el día nacional de solidaridad con las víctimas del conflicto armado.
En relación con tener información estatal concreta de estos actos de victimización hasta el día de hoy, la UARIV, de acuerdo con el artículo 13 que le encomienda aplicar el enfoque diferencial en los datos a procesar, da cuenta de manera pública en el Registro Único de Víctimas (RUV) de de 4717 personas que se autoreconocen como LGBTI afectadas por el conflicto armado, en 5860 hechos victimizantes ocurridos en todo el país, particularmente en las zonas más afectadas por la violencia como la región Pacífica, la región Caribe, el Magdalena Medio y el departamento de Antioquia. Estos hechos se perpetraron bajo la responsabilidad tanto de grupos guerrilleros, como paramilitares y fuerzas del Estado, de los cuales los más recurrentes según este registro son: homicidios tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual y amenazas.
Lamentablemente, la implementación no ha sido suficiente para la reparación integral de las víctimas, ni tampoco se les ha dado centralidad en el proceso y a pesar de que acaba de ser prorrogada por la ley 2078 de 2021 por diez años más, somos testigos del desdibujamiento de los compromisos y la desaceleración que el gobierno le ha impreso a su ejecución que, de inmediato, debe ser corregida. Dicha situación se evidencia de manera contundente en tres espacios dados por la ley de víctimas.
En relación con las tareas de la UARIV, observamos a) la ausencia de garantías para la declaración de los hechos victimizantes durante los años que lleva su aplicación, b) la lentitud para asumir compromisos concretos con la verdad y la justicia, c) el fin al grupo de asesores de Enfoques diferenciales (entre ellos el LGBT) en 2018, que en la Dirección General conducían a una acción estratégica para su aplicación en todas las acciones de la Unidad y d) la falta efectiva de acompañamiento y ejecución de las reparaciones colectivas a personas LGBTI, que hoy suman tres sujetos reconocidos: Mesa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, Colectivo Crisálida de San Rafael y Mesa LGBT de El Carmen de Bolívar.
En lo referente al CNMH, la posición de su actual dirección sobre desconocer el conflicto armado, subestimar la participación de las víctimas, ponerlas al mismo nivel del victimario y reducir las acciones de construcción de memoria, han generado un alto nivel de desconfianza en organizaciones sociales e incertidumbre en lo que significa el esperado museo de la memoria, tarea de esta dependencia que está en ejecución.
En relación a la participación de las víctimas en Mesas de Garantías, la ausencia de voluntad política por parte de entes territoriales y lo limitado de la logística para propiciar que las personas LGBTI participen y se formen en este espacio para hacer incidencia, ha limitado su asistencia y su participación en la consolidación de propuestas que puedan contribuir a la elaboración de políticas públicas.
Así las cosas, que el primer abordaje de nuestro proceso organizativo sea preguntarnos por las afectaciones que les generó el conflicto armado a las personas LGBTI, nos obliga, en este nuevo periodo de la ley, a seguir impulsando investigaciones participativas y procesos de movilización social que le exijan al Estado estar a la altura de sus compromisos, a superar esas violencias que terminaron reduciendo la ciudadanía de las personas LGBTI y a reclamar, en los escenarios judiciales, extrajudiciales y de participación, las garantías de reparación transformadora para que estas personas puedan transitar de una posición de víctimas a una de ciudadanas con integralidad de derechos.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo