Hace 70 años, España, en dos reformas legislativas en el marco de su dictadura, agudizó la presión violenta contra las personas LGBTIQ+, dando cuenta de que las crisis democráticas y los conflictos armados son los escenarios ideales para consolidar la persecución motivada por prejuicios hacia la orientación sexual, identidades y expresiones de género diversas.
La exigencia que los colectivos de derechos LGBTIQ+ hacen hoy de tener una ley de memoria y dar cuenta de la represión, así como conocer los casos de personas represaliadas en el régimen franquista en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a poner fin a la amnesia social generada por su ley de amnistía, que no solo no reclamó verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas, sino que olvidó y pormenorizó la violencia que sufrieron colectivos históricamente excluidos, como las personas homosexuales y trans que fueron desaparecidas y eliminadas por un régimen político moralista que condenó la diversidad sexual y de género como una falta social de conducta y bienestar.
Hoy, cuando la democracia y sus retos cotidianos parecen no dar espacio a este reclamo histórico, y su posicionamiento como un país garante de derechos LGBTIQ+ lo posiciona para las nuevas generaciones como un paraíso para la igualdad, en la memoria de los más mayores, que se van extinguiendo, quedan cuatro estandartes que reclaman memoria para las personas sexo-género diversas:
Fuerteventura, en las Islas Canarias, fue un campo de concentración que, haciéndose pasar por una colonia agrícola penitenciaria de Tefía, desde 1954 fue un reclusorio para homosexuales varones, sometiéndolos a duros trabajos y a la violencia sistemática, buscando corregir su homosexualidad.
La cárcel de Badajoz, en Extremadura, fue un lugar donde confinaban a los hombres homosexuales que, por su expresión o apariencia, eran tildados de pasivos, por ser receptores del sexo de otro hombre y por comportamientos alejados de la masculinidad hegemónica. Allí los sometían a duros trabajos, que buscaban cultivar prácticas rudas propias del machismo exacerbado con el que el régimen relacionaba la masculinidad hegemónica, pero también aprovechaban sus habilidades artísticas para que fabricaran insumos gratuitos, como telares y boletines de juegos para los chicos.
La cárcel de Huelva, en Andalucía, era donde retenían a los hombres que eran encontrados en flagrancia en el acto sexual, pero cuyo rol de “activos”, a diferencia de los anteriores, les daba la posibilidad de una redención rápida, con penas más cortas y con ejercicios de excitación heterosexual para controlar su desvío. Allí incluso se les computaban sus penas si denunciaban a los hombres que les pagaban o les ofrecían sexo en su rol de pasivos a cambio de otros servicios. Su culpa era vista como menor, porque su rol genital, al ser activos y no recibir sexo de otro hombre sino darlo, no los alejaba de la masculinidad hegemónica.
El hospital de Burgos, en Castilla y León, era donde un par de psiquiatras probaban con personas homosexuales prácticas de lobotomía y terapias de altísimo nivel de dolor para corregir la homosexualidad e inculcar comportamientos de masculinidad. Allí se han encontrado procedimientos que no solo no consultaban el consentimiento del paciente, sino que, con ayunos, ingesta de sustancias psicoactivas y la aplicación de medicamentos de alta peligrosidad, lograban reducir su capacidad de voluntad. Incluso se han registrado en archivos prácticas de abuso sexual.
Estos cuatro lugares, regentados por el régimen franquista y controlados por la Guardia Civil, compartían cinco prácticas comunes:
- Llegaban allí los hombres que eran denunciados o encontrados en prácticas de homosexualidad. No existía ninguna presunción de inocencia, ni contacto con sus familiares, ni espacios de visitas. Era una especie de aislamiento que solo concluía cuando sus directivas consideraban curada la homosexualidad.
- En los cuatro lugares se recogieron, luego del régimen, denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual y psicológica, liderada en todos los casos por la Guardia Civil y los directivos de los centros reclusorios.
- Las víctimas sufrieron afectaciones psicológicas irreversibles que, para quienes sobrevivieron, significaron condiciones de vida deplorables, descompensaciones psíquicas y ausencia de bienestar hasta el final de sus vidas.
- La corresponsabilidad de la Iglesia católica, que no solo motivaba este tipo de violencias, sino que calificaba en términos canónicos delitos inexistentes en el código civil para consolidar su violencia, es un tema por el cual nunca ha asumido responsabilidad.
- En todos los lugares, luego de ser cerrados, han aparecido nombres de personas dadas por desaparecidas, y los grupos de memoria han presionado para activar planes de búsqueda y excavación, ya que se supone que allí hay restos de personas que ni siquiera sus familiares han buscado.
Estas acciones no fueron ni ilegales ni encubiertas, sino abiertas, públicas y legales, amparadas en dos leyes: Vagos y Maleantes y de Alta Peligrosidad.
La Ley de Vagos y Maleantes, que tuvo su mayor aplicación entre 1954 y 1970, ya existía en España antes de la llegada de Franco al poder. Fue aprobada por las Cortes el 4 de agosto de 1933. Lo que hizo su gobierno fue entender que era una norma netamente moral, que castigaba con violencia hasta la corrección toda conducta que escapaba a la moral cristiana. Por eso, incluyó la persecución a la homosexualidad, provocando que miles de personas que se reconocían o eran percibidas como homosexuales se vieran privadas de libertad, aisladas de una sociedad que les repudiaba y obligadas al ostracismo producido por la violencia bajo las denominadas falsas terapias de rehabilitación.
El propósito de la ley, que contaba con el apoyo tanto de grupos políticos del régimen como fuera de él, tanto antes como después de su reforma, era regular el tratamiento de vagabundos, trabajadoras del sexo, habitantes de calle, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales. Posteriormente, fue modificada por la dictadura franquista para reprimir también a los homosexuales, con el agravante de que era preventiva, es decir, se detenía no por la comisión de un delito, sino para evitar que este se diera.
Durante 15 años, según un informe de Amnistía Internacional, más de 5.000 personas fueron detenidas por actos o actitudes gays, lésbicas o transexuales durante el franquismo, según el recuento de Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales. Aunque este número es solo una aproximación, ya que, como indica Arturo Arnalte, autor del libro Redada de violetas, hubo quienes no llegaron a ser encarcelados, mientras que en otros casos la condena alegaba, en vez de homosexualidad, delitos como la prostitución. Dichas decisiones contaron con el beneplácito social, pues fueron postuladas y tramitadas como decisiones preventivas que, de un lado, corregían una conducta desviada que estaba aún en posibilidad de redención en quien las padecía y, de otro, resguardaban los valores familiares y sociales que estaban en riesgo de desaparecer o que tenían una amenaza seria en estas conductas.
Sin embargo, para 1970, el régimen, al considerar que la detención, los castigos severos, la violencia y el escarnio social no eran suficientes para dicha “conversión”, y recogiendo una práctica que ya venía de otros países de Europa, que involucraba este tipo de violencia con prácticas médicas, sustituyó la Ley de Vagos y Maleantes por la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación Social, que, aunque muy similar y con la misma raíz de perseguir la diversidad sexual y de género, incluyó penas de hasta cinco años de internamiento en manicomios para los homosexuales, con la pretensión de poner al servicio las hasta ese entonces precarias y peligrosas fórmulas psíquicas para “curar la homosexualidad”. En estos establecimientos, se intentaba cambiar la orientación sexual de los presos mediante lobotomías, que dañaban de forma irreversible el sistema nervioso, y terapias de aversión, es decir, tras estímulos homosexuales, se aplicaban descargas eléctricas, que cesaban cuando se exponían a estímulos heterosexuales.
El regreso a la democracia en 1976, promovido por el mismo régimen franquista, no solamente fue habilidoso para ocultar sus crímenes más atroces y promover la amnistía, sino que ocultó e invisibilizó este tipo de violencia. De manera que, incluso la despenalización de la homosexualidad en ese país en 1978 no consideró estas prácticas de persecución, y en los análisis históricos se da cuenta de su aplicación en prisiones y hospitales mentales hasta la derogación total de la ley en 1995. Y esto con la deuda aún existente de la invisibilidad de la vida de las mujeres lesbianas y bisexuales, y de las personas trans, que también fueron víctimas de esta persecución, pero de quienes aún no hay registros claros.
Hoy, muchas víctimas de estas prácticas han muerto en condiciones inhumanas, otras están desaparecidas y no son buscadas, y algunas sobrevivieron en el silencio, sin nunca haber recibido reparación. Es responsabilidad de la sociedad hacer memoria y promover la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para que estos hechos no se repitan nunca más.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo