Hace ocho años, en el marco del plenario del VI Congreso de Cooperación Internacional y Derechos Humanos LGBTIQ+ (organizado por Fundación Triángulo, en colaboración con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, realizado en Mérida del 8 al 11 de marzo de 2017 como una iniciativa de las comunidades autonómicas españolas, motivadas por la urgencia de un desarrollo con equidad y la promoción de la cooperación descentralizada, que tuviese como fin central las garantías de vida digna de las personas LGBTIQ+) se promulgó una declaración firmada por las personas, instituciones y entidades asistentes a ese Congreso, acordándose la promoción de la misma para las adhesiones posteriores por parte de instituciones públicas locales, regionales, estatales y supraestatales. Allí se comprometieron a:
- Promover un compromiso con la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y no binarias, reconociendo sus derechos como derechos humanos y comprometiéndose a impulsar la transformación en los países que aún criminalizan a estas poblaciones.
- Promover políticas públicas de derechos humanos LGBTIQ+ que identifiquen y aborden los problemas estructurales que ponen en riesgo sus vidas, con el objetivo de transformarlos.
- Reconocer la importancia de los informes alternativos de la sociedad civil, incluido el Examen Periódico Universal del sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como herramientas clave para instar a los Estados miembros de la ONU a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Garantizar coherencia en las políticas de cooperación internacional al desarrollo, asegurando que sus instrumentos y herramientas integren el enfoque de género, la orientación sexual, la identidad de género y la diversidad corporal.
- Asignar parte del presupuesto de cooperación internacional al desarrollo de programas y proyectos que promuevan los derechos humanos con enfoque de género, orientación sexual e identidad de género.
- Instar a organismos locales, regionales, estatales y supraestatales competentes en cooperación internacional para el desarrollo y derechos humanos a adherirse a esta declaración.
- Priorizar la sensibilización de la ciudadanía en educación y concienciación sobre la vulneración de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
- Implementar programas específicos para la equidad, la igualdad social y la dignidad humana, con enfoque de género y diversidad, que aborden todos los derechos humanos, la justicia social y la defensa de la tierra y el medioambiente. Rechazamos la explotación económica, el expolio cultural, la homogeneización ideológica y la intolerancia religiosa en todas sus formas.
Esta gran iniciativa, que vio su luz en un frío invierno del extremo de España, en una comunidad rural y local, generosa y convencida de que la igualdad y la justicia social son imperativos en el mundo, han logrado que en estos ocho años muchas otras comunidades de España y otros países se sumen y que, en regiones como américa latina y Africa, hoy programas de cooperación para el desarrollo trabajen con personas LGBTIQ+ para superar la pobreza, conquistar la equidad, promover una educación transformativa, un servicio de salud público con enfoque de género, acceso al trabajo decente para personas sexo-género diversas y espacios de cultura que forjan ciudadanías plurares. Pero este buen ejemplo se ve amenazado por el ímpetu con el que el fascismo desde Italia, Argentina, El Salvador y Estados Unidos, entre otros países vienen aplastando, de un tirón, las posibilidades de saldar el déficit de derechos que tienen las personas LGBTIQ+.
Por ejemplo, la política de “Estados Unidos primero” enfatizó sus intereses nacionales sobre los compromisos globales, lo que llevó a un replanteamiento de cómo se asigna y administra la ayuda exterior. Este nuevo paradigma se caracterizó por un enfoque en la reducción de gastos y la priorización de los acuerdos bilaterales sobre las asociaciones multilaterales. En varias propuestas presupuestarias la administración pretendió reducir la financiación de los programas de desarrollo internacional hasta en un 30%. Las agencias en iniciativas de derechos humanos, salud y educación, la retirada abrupta del apoyo dejó muchos proyectos en el limbo, poniendo en peligro años de progreso en áreas como la prevención de enfermedades y el desarrollo económico.
Estados Unidos es el mayor donante de ayuda internacional del mundo, con un gasto de 68.000 millones de dólares en 2023. Sin embargo, la administración Trump ha dejado claro su plan de recortar fondos para numerosos proyectos de asistencia. En cuanto a las agendas LGBTIQ+, se estima que la cooperación estadounidense representa aproximadamente dos terceras partes de toda la ayuda destinada a la consolidación de derechos de la diversidad sexual y de género. Estos recursos se canalizan de cuatro maneras:
- Fondos directos del Departamento de Estado y USAID.
- Recursos regionales en proyectos conjuntos.
- Fondos gestionados a través de agencias intermediarias.
- Cooperación directa de agencias en el país receptor.
En Colombia, la cooperación estadounidense opera en dos niveles: pública (65%) y privada (27%), mientras que el resto proviene directamente de las agencias. Sin embargo, los recortes afectan especialmente a la cooperación privada, ya que sus fondos son directos y exclusivos, impactando de manera crítica las acciones dirigidas a la ciudadanía. Recientemente, el gasto en ayuda en la región se ha concentrado en iniciativas para abordar las causas estructurales de la migración irregular, como la pobreza y la corrupción. La congelación de estos fondos debilita el propio objetivo de política exterior de Trump de reducir la migración hacia Estados Unidos desde su frontera sur, pues para ello es clave generar oportunidades de empleo y fortalecer tanto las instituciones públicas como las ONG en los países de origen. Asimismo, recortar los fondos de USAID compromete los esfuerzos por estabilizar la región.
Afectaciones en la agenda LGBTIQ+ mundial. Desde la aparición de los principios de Yogyakarta en 2006, que buscaban la inclusión de las agendas LGBTIQ+ en las apuestas por el desarrollo en el mundo, empezaron a darse los primeros fondos directos para las agendas sexo-género diversas, acciones regionales como la Declaración de Mérida, sobre la cooperación para el desarrollo en personas LGBTIQ+ y exhortaciones nacidas del mandato del Experto Independiente SOGIE de ONU, de la relatoría de la CIDH, de la UE y la Comunidad Africana; instaron a los Estados activar acciones de cooperación para profundizar la igualdad y poner fin a la exclusión y agencias de ONU como Onusida, Onumujeres, ACNUR y PNUD, desarrollaron estrategias en sus programas para ampliar acciones y resultados con personas LGBTIQ+.
Ello dio paso también a organizaciones intermediadores de recursos especializadas en agendas de diversidad sexual y de género, como Outright, Astraea, HIVOS, RFSL, Synergia, entre otros; y, desde la filantropía, ARCUS, LUMINATE y Open Society, que en los últimos años han rodeado, implementado y acompañado procesos de financiación a colectivas, organizaciones e iniciativas LGBTIQ+.
En ese panorama EE.UU., desde el gobierno de Obama, empezó a liderar en el mundo, tanto desde el Departamento de Estado, como desde la Agencia de Cooperación para el Desarrollo USAID, la cooperación LGBTIQ+ en los organismos multilaterales en los países priorizados por ellos y, en ellos, tanto gobiernos, como sociedad civil.
¿Qué fondos recortó la primera administración de Trump?. Durante su mandato (2017-2020), Donald Trump rechazó el globalismo de las Naciones Unidas y consideró que ciertos programas contradecían su agenda en temas como Israel, el aborto y otras áreas políticas.
En 2017, su administración suspendió por completo la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ampliando la prohibición de contribuir a organizaciones que realicen o promuevan el aborto como método de planificación familiar. Al año siguiente, redujo en un 30% la financiación del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y en un 20% la de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2020, en plena pandemia de COVID-19, Trump anunció la retirada total de Estados Unidos de la OMS y nuevos recortes en su financiación.
Impacto en las personas LGBTIQ+ y la cooperación internacional. Durante este periodo, África fue uno de los principales escenarios de estas restricciones, afectando gravemente a las personas LGBTIQ+, que se convirtieron en víctimas directas de la política conservadora estadounidense. La administración Trump detuvo abruptamente miles de millones de dólares en ayuda extranjera para programas de derechos de género y VIH/SIDA.
En Kenia, por ejemplo, una organización de derechos en salud reproductiva que colaboraba con los gobiernos locales para denunciar la violencia de género y proporcionar anticonceptivos y atención postaborto en Nakuru —la cuarta ciudad más grande del país— recibió una notificación de USAID para suspender inmediatamente todas las actividades financiadas por Estados Unidos.
Con la llegada de Joe Biden, se reanudaron los flujos de financiación suspendidos bajo Trump, incluyendo el apoyo al UNFPA y al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Sin embargo, en 2024, Biden volvió a suspender la financiación del OOPS tras denuncias de que algunos empleados de la agencia participaron en los ataques terroristas de octubre de 2023 contra Israel, desencadenando el conflicto actual entre Israel y Hamás.
América Latina: receptora clave de la cooperación estadounidense. Por su cercanía geográfica, América Latina ha sido una gran receptora de cooperación internacional de EE.UU., lo que ha beneficiado significativamente a los colectivos LGBTIQ+. Desde 2010, durante la administración de Barack Obama, las organizaciones sexo-género diversas en la región han crecido en un 400%, con una dependencia 8-2 de la cooperación estadounidense, especialmente en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Ecuador.
Las principales áreas de impacto han sido:
- Defensa y promoción de los derechos humanos.
- Acciones humanitarias.
- Atención en salud.
- Formación y educación.
- Iniciativas culturales.
Asimismo, se han fortalecido alianzas entre organizaciones LGBTIQ+ de EE.UU. y América Latina, permitiendo la ejecución conjunta de recursos a través de redes como:
- Consorcio LGBTIQ+ (con Victory Institute).
- Coalición LGBTI (con Synergia).
- Red de Personas Trans.
Estados Unidos también es el principal cooperante de la Relatoría LGBTIQ+ de la CIDH, la Oficina del Experto Independiente de la ONU, y financia en gran medida redes regionales como ILGA.
A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por diversificar sus fuentes de financiación, las opciones siguen siendo limitadas. Pocos donantes privados apoyan de manera sostenida la lucha por los derechos de género y el VIH/SIDA, y muchos de los donantes más fiables, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, dependen en gran medida del financiamiento del gobierno estadounidense.
Por eso, hoy más que nunca, es fundamental consolidar y difundir la Declaración de Mérida, promoviendo una cooperación basada en la generosidad y el reconocimiento de que una vida digna no debe depender de la persistencia del odio en el mundo.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo