1° de mayo de 2022. En el marco de la conmemoración del día mundial de los derechos de los y las trabajadoras, es necesario seguir hablando y reflexionando frente al trabajo como un derecho inalienable, pero que contrariamente, en la vida cotidiana emerge como un escenario desde donde se sigue excluyendo y discriminado a los seres humanos y en ese entramado de violencias, las personas LGBT por ser o mostrarse como son, terminan siendo víctimas de acciones cargadas de estigma y prejuicio que les expulsan a lugares del no derecho y a pesar, de avances jurídico- normativos en el país, se siguen reproduciendo prácticas soterradas y naturalizadas de instrumentalización y violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Acciones que en la mayoría de las veces, terminan siendo ocultas y silenciadas.
Estas prácticas soterradas se profundizan cuando la persona además de su orientación sexual, expresión e identidad diversa de género, se percibe como migrante y particularmente, migrante pobre y procedente de Venezuela. En esa doble o triple conjugación se entrelazan una serie de estigmas y barreras que los llevan habitar espacios precarizados e informales.
En una de las carteleras realizadas por algunos jóvenes LGBT en un taller educativo de reconocimiento de derechos en la ciudad de Cartagena, puede leerse entre líneas, que su intención de migrar estuvo motivada en acceder a mejores condiciones de vida, una oportunidad de trabajar, generar ingresos, tener un mejor futuro y la ilusión de llegar a un país donde por las conquistas jurídicas, la orientación sexual, expresión e identidad de género no serían causales de discriminación.
En Medellín, María, una mujer lesbiana de 34 años, relata que le toca buscar que hacer todos los días: vender tintos, dulces e incluso hacer favores, para poder tener lo necesario que necesita para vivir. Con algo de nostalgia en su mirada, insiste en que a pesar de no tener garantías cuenta con todas las ganas de salir adelante y resistir.
Mantener viva la ilusión de un mejor futuro, es el aliciente de un número significativo de personas venezolanas LGTB que asisten a los procesos de acompañamiento socio jurídico en las casas de Caribe Afirmativo. Dia a día, luchan para que sus sueños no se desvanezcan en las barreras y obstáculos encontrados en un país donde el trabajo es un privilegio y pocas veces, un derecho.
350 personas LGBT migrantes se encuentran registradas en nuestra base de datos, de este total, el 86 % considera que la mayor dificultad en Colombia ha sido conseguir un trabajo. El no tener al día los documentos – cerca de la mitad se encuentra en condición irregular – lo que dificulta y en algunos casos, imposibilita la garantía de derechos como salud y educación y en términos de mercado laboral, promueve prácticas de explotación laboral y mayor informalidad para la economía. El 78 % trabaja en labores que no corresponden a sus competencias y para un 85 % los trabajos informales y de rebusque, se han establecido como la única opción de sobrevivencia.
José sale todos los días a trabajar por las calles de la ciudad de Riohacha, halando con una bicicleta una olla llena de productos comestibles para le venta. Él al igual que otros jóvenes gais con quienes comparte, recuerdan que en Venezuela trabajaban en oficios vinculados a su formación como tecnólogos informáticos, pero en Colombia poco les ha servido su conocimiento y formación. Han transitado por múltiples trabajos y ocupaciones sin un contrato laboral, ni una mínima estabilidad y en ocasiones reciben burlas e insultos por su expresión femenina de género. Sus trabajos están articulados a una economía de la incertidumbre, de la suerte, de la persistencia, trabajos de sobre carga, donde el cuerpo tiene que exigirse al máximo para conseguir lo mínimo vital.
Catalina, Paul y Andrés, en Cartagena, Medellín y Barranquilla, tienen como vinculo que trabajan haciendo domicilios, usando una aplicación virtual, que tiene como lema la entrega rápida. “El pago es a lo que uno hace”, nadie conoce sus nombres, trabajan más de ocho horas al día para ganar lo básico, se enfrentan a las calles, al pedaleo en sus bicicletas, a sortear una vida en ciudades inseguras y beligerantes y sin el más mínimo seguro que les proteja ante algún accidente de trabajo.
Mara todas las mañanas acude a un apartamento en Medellín que funciona como una sala webcam, allí acompañada de dildos, lubricantes y estimulantes, se la juega a diario para garantizar un espectáculo que le permita mantenerse y no terminar como muchas de sus compañeras trans expuesta a redes de trabajo sexual donde las fronteras entre la explotación y la trata son casi constitutivas.
El mercado de la informalidad y el rebusque se ha venido convirtiendo en un escenario que como sociedad normalizamos para aquellos y aquellas que consideramos diferentes, extraños y extranjeros pobres. Este es un lugar, donde deben sentir gratitud y desde el cual es posible instrumentalizar y vulnerar sus derechos vitales como persona, un lugar visible y sombrío que aparentemente no está registrado, sin regulación, sin protección de marcos legales o normativos. Donde ni siquiera la palabra juega en la mediación y donde la instrumentalización de las necesidades y vulnerabilidades en el otro, sirven de soporte y de limpieza moral.
Cuando hablamos de trabajo informal nos referimos no sólo a las ventas ambulantes que tienen un tinte de subsistencia, sino que es necesario ampliar la mirada a un fenómeno más complejo como el trabajo doméstico y empleos informalizados en locales fijos u oficinas, salas de belleza, restaurantes, hoteles, establecimientos de comercio en general y lugares de mercado sexual como salas web cam.
En la investigación Desafiar la incertidumbre (2021) realizada por Caribe Afirmativo, encontramos que ante la necesidad de la sobrevivencia y al temor a de ser deportados, ha llevado a que muchas personas LGBT, silencien prácticas de discriminación y violencia que se ejercen sobre sus cuerpos en espacios laborales, normalizando repertorios de inferiorización y desprecio y justificando la instrumentalización y denegación de sus derechos laborales.
El doble estigma ante el extranjero pobre y LGBT opera como un condicionante para justificar el lugar de precariedad, los tratos humillantes, la explotación laboral y la deshumanización del trabajador. El 72 % de las personas entrevistadas subsiste gracias a trabajos precarios: salarios por debajo del mínimo legal vigente, largas jornadas de trabajo, recarga laboral, criminalización, revictimización y un relato moralizante que les recuerda “que a pesar de lo que son, al menos tienen trabajo”
Yo no me quejo… me dicen que no podría quejarme, que al menos tengo trabajo. Todo el día me la paso frente a un computador y aunque este extenuada, deprimida y agobiada, tengo que trabajar. Me dicen que es indigno este trabajo como modelo web cam, pero es el único lugar que nos está dando trabajo a nosotras y el que me da la posibilidad de ser yo misma y hacerme a las cosas mínimas que necesito (mujer trans, Medellín)
En el conglomerado de lo LGBT, las asimetrías y violaciones a los derechos son más visibles y a la vez invisibilizadas, en personas trans y en aquellas a “quienes se les nota”, o que tienen una expresión de género por fuera del ordenamiento binario del sistema hegemónico sexo-genero (masculino-femenino). Para ellos y ellas, los estigmas las posicionan en un lugar de rechazo y exclusión, que en ocasiones las condena a la calle, al trabajo sexual y a la prostitución. Encuentran pocos espacios laborales donde puedan ser ellas y ellos mismos, y usualmente cuando aparecen, están condicionados a la sexualización y al comercio de sus cuerpos (Caribe Afirmativo, Desafiar la Incertidumbre, 2021)
Esta precarización en el mundo del trabajo coarta la autonomía, la posibilidad de elección, les enfrenta aun continuum de violencias sistemáticas que terminan inscribiéndose en sus cuerpos, en su salud, en un desgate recurrente y en una confrontación constante del mito de migrante triunfador.
Normas de papel
A pesar de que en Colombia se crea el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos (ETV- Decreto 216 de 1 de marzo de 2021) como un mecanismo transitorio de protección de derechos a favor de la población venezolana, con una clara intención de evitar abusos. Las realidades cotidianas ponen en evidencia un contexto complejo de luchas por la apropiación de recursos insuficientes donde los contextos de precariedad en el trabajo terminan siendo aceptadas ante la necesidad de supervivencia en una lógica de callar, siempre y cuando puedan seguir trabando.
Los múltiples testimonios y experiencias vividas por las personas LGBT en situación de movilidad humana dan cuenta de que el estado colombiano no garantiza los derechos laborales consagrados en la normatividad internacional, como Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias (Articulo 25), el Protocolo de San Salvador, sobre condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo ( Articulo 7) y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (Articulo 9) “donde los Estados partes… reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” ( Asamblea General de Naciones Unidas, 1966)
El ordenamiento colombiano desde la Constitución Política de Colombia – 1991 presenta un conjunto de normas que deben garantizar el derecho al trabajo y la seguridad social a sus residentes independiente del lugar de nacimiento, como aparece consagrado en el Artículo 25, donde el trabajo se define como un derecho y una obligación social y donde toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones digna y justas.
Este ordenamiento normativo, se diluye cuando el prejuicio y estigma sobre los cuerpos diversos se suma al desconocimiento que tienen muchos empleadores sobre procedimientos de contratación a personas migrantes venezolanas en situación regular.
Ante la necesidad de sobrevivencia y la ausencia de documentos regulares, se establecen vinculaciones laborales que no respetan las condiciones mínimas que la Ley exige, como un contrato verbal o escrito, remuneración no inferior a un salario mínimo, jornada laboral, entre otros. A la vez esta irregularidad se convierte en un círculo vicioso que limita la contratación formal y como tal, el acceso a trabajos que le permita a las personas hacer contribuciones a la seguridad social. El no permitirle la contribución al sistema obliga al estado colombiano asumir, sin contraprestación, el costo de la atención a esta nueva población en el país. Esta situación evidencia que los altos índices de desempleo no corresponden a un desplazamiento de mano de obra, en la medida que están ocupando renglones no formalizados.
Desafíos
Es necesario que el gobierno nacional adopte una política integral de empleo con un enfoque diferencial, interseccional LGBT, de género y migratorio que puntualice en derechos, otorgue reconocimientos a empleadores y sancione a quienes los vulneran.
El tema de precarización y discriminación en el mundo del trabajo no sólo puede estar reglamentado con políticas sociales, acciones de asistencia o decretos de regulación. Es claro, que es un tema de política económica que involucra políticas empresariales incluyentes y coadyuve a transformar imaginarios que reproducen el rechazo por las diferencias. Una política que aporte a la transformación de imaginarios cargados de xenofobia, homofobia y transfobia los cuales siguen arraigados en las representaciones sociales.
En otras palabras, debido a la complejidad del fenómeno migratorio venezolano, es necesario impulsar políticas que trasciendan medidas temporales y que de manera integral y articulada, aborde los elementos estructurales para lo protección de los derechos de esta población, en clave de género y diversidad sexual, que ayuden a romper con los ciclos de precarización y prevenir que las personas LGBT en situación de movilidad humana se convierta en victimas de redes de trata, de explotación y criminalización.