Cuidar las recomendaciones significa incidir, acompañar y reconocer las acciones que nos conducen a la paz estable y duradera, así como denunciar los engaños y entrampamientos que nos quieren dejar en el círculo vicioso de la violencia.
El Sistema Integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición es un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional, creado por el punto cinco del Acuerdo de Paz. El Sistema Integral para la Paz está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) y, con su finalización, su puesto lo ocupa el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de las Recomendaciones, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y las las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Precisamente el pasado 25 de julio el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad presentó su primer informe a la opinión pública ante el Sistema Integral de Paz, entidades del Estado, la Comunidad Internacional y la sociedad civil. Este es un balance del primer año de implementación del informe en el que se destacan varios avances que dan cuenta que vamos por buen camino.
En primer lugar, la paz y las recomendaciones son ejes transversales del Plan de Desarrollo aprobado recientemente. Si bien lamentamos el hundimiento del artículo 8, a lo largo y ancho del Plan es claro como, en la medida que avance el desarrollo propuesto en esa ruta de trabajo, se alcanza la implementación de algunas de esas recomendaciones, resultado de la disposición del gobierno para sacar adelante las recomendaciones que dejó la CEV. En el Plan se encuentran 14 recomendaciones que constituyen el 20.89% del total y quedan pendientes 53, que corresponden al 79.19%. Ahora tiene el reto de: a) implementarlas a través de un documento de Política Pública; b) dialogar con otras entidades del Estado; y c) con los Planes de Desarrollo Territorial que se construirán en 2024.
En segundo lugar, en lo que se refiere al legislativo, 77 proyectos de ley radicados en el Congreso relacionados con las recomendaciones, 14 de forma directa. Los 77 corresponden al 11.39% de todos los presentados en la legislatura, lo que deja constancia de que las recomendaciones no fueron prioridad para el Congreso en su conjunto. Allí se discutieron seis proyectos de ley que se convirtieron en leyes y que están relacionados con las recomendaciones: Plan de Desarrollo, creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la ley de la habilitación de los procesos de paz, el Acuerdo de Escazú, la reforma tributaria y la reforma al código electoral. De otro lado, se avanzaron dos de acto legislativo: jurisdicción agraria y reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional. Adicional a ello, cinco se discutieron y no fueron aprobados: la reforma política, regulación del cannabis de uso adulto, reconocimiento del desplazamiento forzado transfronterizo, reforma laboral y sometimiento a la justicia.
En tercer lugar, el equipo del gobierno también está acogiendo su compromiso con las recomendaciones. Por un lado, Ministerio de Educación: la Escuela abraza la verdad; Ministerio de Agricultura, el estatuto del campesinado; Ministerio de Defensa, revisión de métodos y currículos formativos de las fuerzas armadas; Ministerio de Justicia, alternativas y métodos para acercar la justicia a las mujeres en los territorios; el Ministerio de Relaciones Internacionales, la activación de la Resolución Mujeres y Paz y la Política Feminista; el Ministerio de Interior, la reactivación de la política pública LGBTIQ+ y la Mesa de Casos urgentes; y el Ministerio de Igualdad, los enfoques diferenciales de sus viceministerios y el estatuto de participación de las mujeres.
En cuarto lugar, en materia del Sistema de Justicia Transicional se reconoce la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de aperturar tres nuevos macrocasos que reconocen, entre otras cosas, las afectaciones diferencias que el conflicto tuvo en los pueblos y territorios étnicos. No obstante, resaltamos la necesidad de que se de la pronta apertura del macrocaso 11, pues hace más de un año la JEP dio apertura a la etapa de agrupación y concentración de un macrocaso sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el marco del conflicto armado y, hasta la fecha, este no ha sido aperturado.
De otro lado, el informe deja claro unos retos específicos para los años venideros en materia del plan de implementación de las recomendaciones:
Fortalecer el trabajo relacionado con los enfoques diferenciales, especialmente con jóvenes, mujeres, personas LGTBIQ+, Indígenas y afros, tanto en la implementación de las recomendaciones por parte de la institucionalidad, como en el seguimiento y monitoreo que realice el CSM a estas. Al igual que incluir un enfoque territorial en los análisis de seguimiento y monitoreo, considerando los diferentes contextos para la implementación de las recomendaciones. Para ello requerimos, entre otras demandas, que las acciones del Ministerio de Igualdad prioricen las recomendaciones relacionadas con los grupos poblacionales históricamente excluidos.
Promover la apropiación de las recomendaciones establecidas en el informe por parte de la sociedad colombiana y de la institucionalidad pública, con el objetivo de fortalecer y hacer efectivo el compromiso político a nivel nacional, territorial e internacional en torno a su implementación.
Identificar los riesgos en materia de seguridad para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, funcionarios y funcionarias del Sistema Integral para la Paz y la persistencia de conflictividades en territorio hacen que la implementación y el monitoreo a la implementación de las recomendaciones se dificulte. Por ello es necesario reiterar la necesidad de fortalecer las garantías de seguridad por parte de las entidades competentes.
Es necesario que el ejercicio de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones esté acompañado por una estructura estatal que, desde sus distintos campos de acción, pueda analizar el avance en la implementación de las recomendaciones y la consecuente creación de informes periódicos, pues, si bien es tarea del CSM realizar informes técnicos que muestran a Colombia los progresos y retrocesos en la implementación de las recomendaciones, esta tarea de implementación debe estar acompañada de un proceso de amplio margen estatal
Es necesario que se promueva el intercambio de diálogos entre los territorios ―pues el núcleo fundamental de estas recomendaciones se relaciona con la construcción de la paz territorial―. En ese sentido, es necesario la consolidación de estrategias de articulación entre el Estado nacional y los entes territoriales con la implementación de las recomendaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con énfasis en lo local, que permitan acciones coordinadas, procesos de participación activa y garantía de acceso a derechos en materia del estatuto del campesinado y de la consolidación de los PDTES.
Las personas que tenemos esta responsabilidad otorgada por la resolución 1325 de 2012, seguiremos promoviendo acciones de monitoreo y seguimiento, pero también de incidencia y sensibilización, sobre todo en los escenarios territoriales para que los entes territoriales asuman compromisos con las recomendaciones y para que las comunidades en sus localidades experimenten en primera persona que efectivamente es posible vivir en paz.
Wilson de Jesús Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo