El homicidio reciente de una excombatiente de las FARC genera zozobra y recuerda el preocupante panorama que enfrentan las personas que se acogieron a este proceso de paz.
Barranquilla, 13 de marzo de 2020. El transitar de este país evidencia como el ejercicio del pensamiento político de forma abierta es una actividad de alto riesgo, más cuando se ejerce oposición a la corriente predominante que está en el poder. Como ejemplo trágico de esto, el genocidio de la Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2002, ha marcado la historia política del país, atemorizando aún a quienes pretenden sentar posiciones contrarias a la hegemónica.
Este y otros fantasmas hicieron eco profundo en los inicios del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, debido a que, acorde a los contextos previos había altas preocupaciones frente a las garantías de seguridad para quienes iban a suscribir el acuerdo y sus intervinientes. Por tal motivo, el suscrito acuerdo contempla dentro de dos de sus seis puntos, medidas específicas orientadas a garantizar la pluralidad de ideologías políticas y la seguridad para los excombatientes que dejarán las armas.
Comenzando por el segundo punto del acuerdo final, denominado “Participación política: apertura democrática para construir paz”, medidas orientadas para garantizar el ejercicio de la oposición política, las protestas y los movimientos sociales, comprometiendo al Gobierno a permitir que la pluralidad de ideologías políticas fuera practicada con seguridad, para ello, el paso inicial fue sancionar el Estatuto de la Oposición.
Por otro lado, el tercer punto, rotulado como “Fin del conflicto: acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y, dejación de armas”, estableció que, durante todo el proceso de reincorporación de la vida civil en las zonas delimitadas, la seguridad de los excombatientes es fundamental para no repetir los errores del pasado, para ello, establecieron espacios de reincorporación a la vida civil en áreas específicas con anillos y esquemas de seguridad.
No obstante, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, ha venido expresando a través de sus informes la preocupación por la seguridad de los excombatientes desde la entrada en vigencia del proceso de implementación. El documento que abarca desde el 27 de septiembre a 26 de diciembre de 2019, señaló al 2019 como el año más violento para los excombatientes en comparación a años anteriores, con 77 homicidios frente a los 65 de 2018 y 31 de 2017, llegando a una cifra total de 173 (1). En informes anteriores se señala que las zonas de mayor concentración ocurrieron en las zonas con mayor afectación del conflicto, como Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare y Valle del Cauca (2).
Los casos que resaltan la Misión de Verificación son aquellos que se comenten dentro de zonas o espacios destinados para la seguridad de los excombatientes, como el caso de Alex Parra Uribe, que fue asesinado dentro de un antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación. Lo anterior, además de preocupar por su sistematicidad, genera pavor y afecta aún más la percepción de seguridad de dichas zonas, lo cual tiene implicaciones en que sus integrantes terminen abandonándolas (que no significa que abandonen el proceso de paz) porque consideran que corren más peligro dentro de estas que por fuera.
Asimismo, el panorama para el 2020 no es muy alentador hasta la semana pasada, se han registrado 15 homicidios de ex integrantes de las FARC-EP (3), el más reciente, el caso de Astrid Conde en Bogotá, una mujer que se acogió al acuerdo de paz, intentaba salir adelante con su familia, estudiando y vinculándose a proyectos productivos; lamentablemente es el segundo suceso del año en la ciudad, lo que preocupa enormemente a todos aquellos que le han apostado a la paz debido a los impactos simbólicos que tiene un homicidio selectivo en la capital del país.
En oportunidades anteriores Caribe Afirmativo ha expresado su preocupación por la implementación del Acuerdo de Paz, sin embargo, esto va más allá de un retraso o de no alcanzar un indicador, es una amenaza que ataca directamente en acuerdo, que demuestra la incapacidad del Estado y deslegitima lo pactado, por tal motivo, es urgente que se adopten medidas realmente efectivas para garantizar la seguridad de las personas que le apostaron a la paz y hoy se encuentran cumpliendo con los compromisos adquiridos.