7 de noviembre de 2021. Netflix ha puesto en su parrilla la película “Operación Jacinto”, una cinta basada en hechos de la vida real, impregnada con algo de fantasía, que da cuenta de la violencia policial contra homosexuales en la década de los ochenta en Polonia y en todo el régimen comunista de los países de Europa del Este, situaciones que hemos conocido gracias al trabajo de investigación y memoria de las organizaciones sociales. La nominación de esta operación de inteligencia militar dejó clara la intención de la policía de ridiculizar, perseguir y exterminar cualquier manifestación pública de afecto entre personas del mismo sexo, al usar una imagen de la mitología griega sobre la homosexualidad como es Jacinto, el amante masculino de Apolo, cuyo cuerpo, luego de morir y para perpetuar su memoria, es esparcido por la tierra para que la fertilice, le dé un aroma perpetuo y florezca como señal de una promesa de amor que será eterna a pesar de la adversidad.
Los anales históricos y algunos de los protagonistas que aún viven narran como la Policía puso en marcha un plan sistemático para perseguir a homosexuales, interceptando lugares de encuentro, promoviendo operaciones encubiertas, registrándoles en bases de datos, obligándoles a ser informantes de otras personas con prácticas homoeróticas, particularmente en círculos de académicos, artísticos y sociales, acusándolos de delitos infundados contra la seguridad del Estado y sometiéndoles a prácticas crueles, inhumanas y degradantes que tenían como propósito ridiculizarlos en público por su orientación sexual y en ocasiones, cuando estos se resistían, desaparecerlos o asesinarlos.
Esta situación que ha sido denunciada en tribunales regionales de derechos humanos, buscando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no ha sido negada por el gobierno polaco de ese entonces, por el contrario, la han justificado como una estrategia de contingencia ante la inminente propagación del VIH en las ciudades más pobladas del país y como acción de inteligencia militar para poner limite a las prácticas mafiosas y delincuenciales que, al igual que en EEUU, estaban usando a los grupos poblacionales más vulnerables en sus prácticas ilícitas y haciendo de sus lugares de encuentro, por el abandono estatal al que estaban sometidos, espacios de confrontación.
Investigadores sociales en Varsovia han dado cuenta como incluso desde los primeros años de la década de los setenta, como retaliación al fenómeno de liberación y emancipación social resultado de los impactos de mayo del 68, la Policía activó una de las medidas más restrictivas de toda el mundo, poniendo en marcha planes de persecución a las iniciativas ciudadanas de liberación homosexual y a los procesos de movilización y resistencia, promoviendo incluso acciones en la sociedad civil que estrenaban la categoría de “informantes” para denunciar, detener e incluso violentar a las personas sospechosas de homosexualidad por el riesgo que representaban para la sociedad. De este programa hoy se da cuenta de más de 11 mil personas denunciadas por el delito de la sodomía que fueron sometidas al escarnio público y a la violencia policial hasta el año de 1987, cuando por presión internacional tuvieron que poner fin a dicha acción que hacia parte de su plan de operaciones cotidianas.
En Colombia la violencia policial contra las personas LGBTI existe desde los mismos inicios de los procesos de su visibilización y de la demanda de espacios de dignidad. En 2005 una investigación liderada por Naciones Unidas en el país, para indagar sobre los mayores factores de violencia contra las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, constató que luego del accionar paramilitar la fuerza pública, particularmente la policía que cumple funciones civiles, generaba de forma permanente violencias contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans; que iban desde golpizas por el mal llamado “estado de exaltación” que según una decisión judicial de 2005 que ordenó su eliminación, usaron de forma permanente los policías para justificar las restricciones que ponían, particularmente a las personas trans de hacer uso del espacio público, hasta actos de violencia sexual, amenazas e incluso homicidios que en la mayoría de los casos siguen en impunidad.
Esta situación llevó a que en 2008 el general retirado Óscar Naranjo, entonces director de la Policía, creara la directiva transitoria 058, para revisar internamente el comportamiento represivo de sus miembros contra las personas LGBTI y en 2009, por presión de la sociedad civil, se expidió la directiva permanente 006 que entre otras les comprometió a revisar sus procesos de formación, investigar prácticas de violencia y ser garantes de los derechos de las personas LGBTI. De estas decisiones se recuerdan las célebres figuras de Policías Enlaces en todos los comandos del país, que dieron solo unos nombramientos enunciativos de un policía que ya con mil funciones recibía una más, pero que no contaba con equipo, ni autoridad, ni herramientas para cumplir su trabajo. También como acto emblemático en esa época, la Policía restituyó en su cargo y el retorno los grados perdidos a la coronel Sandra Mora, una mujer policía de los llanos orientales que años atrás había sido despedida de la institución por haberse reconocido abiertamente como lesbiana.
Sin embargo, esta acción, que prometía ser una reforma significativa, vio su fin en la comandancia del general Palomino, que se hizo famoso por casos de violencia sexual de policiales y altos rangos del gobierno contra personas LGBTI, incluso de la misma institución, en la no célebre campaña mediática llamada “la comunidad del anillo” y que les condujo, como en un acto de expiación, a bajar el perfil de todas las acciones que les acercarse a éstas personas, entre ellas garantizar sus derechos.
Desde 2019 que se activó el paro nacional, en el que han tenido un papel decisivo las personas LGBTI más jóvenes, como en la “operación Jacinto”, hemos sido testigos del mantenimiento e incremento de la violencia policial: las golpizas y el uso de la fuerza excesiva particularmente contra las personas trans, las prácticas de violencia sexual a las personas privadas de la libertad que están en su custodia, las acciones de violencia desmedida y mortal por el ESMAD, la criminalización del activismo y la movilización social, y la falta de garantías en el acceso a la justicia cuando los victimarios o presuntos responsables son los miembros de la policía. Recientemente acudimos a un acto nunca visto de su doble moral institucional: la única mujer trans de la Policía fue destituida e inhabilitada por presuntamente robar una crema en un supermercado en un proceso exprés, sin darle garantías ni presunción de inocencia, pero las decenas de denuncias de violencia policial en las que incluso hay casos de violencia sexual, homicidios y feminicidios siguen en la impunidad y violan los derechos de las víctimas.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo