De la invisibilidad, nuestras vidas pasaron a ser utilizadas en la política, como plataforma para promover el odio e imprimir miedo a las electoras, haciéndoles creer que lo nuestro no son derechos.
27 de febrero de 2022. Recientemente en Florida, el partido Republicano de los Estados Unidos propuso un proyecto de ley para prohibir que en los establecimientos educativos de este Estado se prohíba hablar de orientación sexual, identidad o expresión de género, argumentando que la edad escolar no es un tiempo adecuado para abordar estos temas. La ley, que sus opositores demócratas la han llamado coloquialmente “No digas Gay”, ha enfrentado en los últimos días a ambos partidos y ha contado con el concurso de su gobernador, a quien muchos ven como presidenciable, que, si bien no ha tomado postura a favor del proyecto de ley, si ha dicho a los medios de comunicación en días pasados que no es apropiado que los maestros propongan estas discusiones en las aulas escolares sin la presencia y autorización de sus padres.
Para muchas personas, el uso que los legisladores y políticos en ejercicio vienen haciendo en los últimos años de los asuntos de diversidad sexual y de género, con el propósito de conquistar votos en sectores más conservadores y anti derechos de la sociedad, no solo ha cruzado la línea del respeto a los derechos humanos, cuya máxima es que no se deben discutir ni plebiscitar sino garantizar. Sin embargo, muchos políticos de diferentes orillas y de múltiples formas están haciendo del discurso de odio una forma de gobernar, legislar y conducir la sociedad, proponiendo realidades hipotéticas o alarmistas, haciendo de las personas sexo-género diversas el nuevo enemigo interno, y proponen enfilar contra ellos y sus vidas formas posibles de curación, sanación e incluso exclusión.
No es este el primer caso conocido de un parlamento democrático. En 2020, el congreso panameño discutió un proyecto de ley ante la presión que en toda la región estaba generando la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente al matrimonio igualitario, donde propuso un artículo constitucional para que a futuro en ese país no se pusiera en cuestión el matrimonio igualitario, porque este es solo entre un hombre y una mujer y con fines procreativos. Situación similar vivió Guatemala en 2021, donde un grupo de diputados impulsó un proyecto de ley que prohibiría difundir información sobre la identidad transgénero en los programas de educación sexual de las escuelas; el proyecto también exigía a los medios de comunicación que identifiquen a los programas con contenido transgénero —que el proyecto asimila a pornografía— como contenido que “no se recomienda”.
En nuestro país, unas legislaciones atrás, la exsenadora Viviane Morales, abiertamente contraria al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, propuso una consulta ciudadana para echar atrás la adopción homoparental, siguiendo una práctica política que en su tiempo el exprocurador Ordoñez presidió desde el Ministerio Público, y que fue toda una estrategia de persecución a la diversidad sexual y de género que hoy también pone en práctica como embajador de Colombia ante la OEA, armando coalición con países anti derechos para propiciar este plan a escala regional. En los entes territoriales, “la pequeña política” también se entrena en las ligas del odio; así, en el medio de la pandemia las alcaldías de Bogotá y Cartagena crearon decretos que fueron ampliamente transfóbicos y pusieron en mayor riesgo la vida de las personas trans. Además, en asambleas departamentales y concejos municipales se han propuesto ordenanzas y acuerdos que lejos de avanzar en materia de protección a los derechos de las personas LGBTI les ponen en riesgo y les desconocen su ciudadanía plena.
Desde los 80, cuando en nuestra región el activismo LGBTI comenzó a consolidar, desde la movilización social y las acciones colectivas, expresiones de transformación para el reconocimiento de sus derechos, dando resultados tan necesarios como la despenalización de la homosexualidad, no se ha contado con la corresponsabilidad de la clase política de hacer uso del poder que les confiere la democracia y generar instrumentos legislativos, acciones ejecutivas y transformaciones judiciales que corrija el déficit de derechos. Al contrario, comenzaron a fabricar un discurso de negación de derechos que les llevó no solo a ignorar las demandas de la ciudadanía, sino a ridiculizar, como la triste frase del político recién fallecido Roberto Gerlein, que lo nuestro es excremental
Políticos que mayoritariamente son hombres blancos, adinerados y con fuertes relaciones con redes de corrupción que rayan en las prácticas de mayor inmoralidad, invocan principios morales para justificar su comportamiento que es igual de devastador que los genocidios políticos y los holocaustos raciales, pues les motiva el interés de borrar o ignorar muchas vidas que claman espacio social. Para ello, se agrupan en grupos militantes con principios de ajusticiamiento y con doctrinas decimonónicas que se hacen llamar Próvida, pero que con su conducta obstruyen vidas y usan la experiencia religiosa de los votantes para manipular y luego posicionar, con el mejor populismo, la exclusión como una buena práctica de sanación.
Estos grupos hacen de los procesos electorales el mejor escenario para desplegar sus acciones: publicidad engañosa diciendo que las personas LGBTI son una amenaza a la familia, el bien más preciado de la sociedad, y discursos emotivos invocando al dios de su acomodo, atribuyéndole a él la intención de borramiento de las personas sexo-género diversas como si fuesen sus profetas. Cuando ocupan los cargos electos, fieles a sus postulados electorales, se convierten en un bloque opositor a los avances en materia de derechos humanos y con argumentos irracionales conducen al Estado a ser un violador de derechos humanos.
La actual contienda electoral al Congreso para el periodo 2022-2026, no se escapa de esta realidad de hacer política odiadora. El asunto es que este ejercicio atípico y desgastante de las coaliciones políticas ni nos ha permitido conocer las propuestas de las candidaturas en materia de derechos humanos, ni saber el papel que ocupan en sus campañas y los compromisos adquiridos con los grupos anti derechos, que son hoy en América Latina unas multinacionales del odio que exportan sofisticadas formas para hacer del desprecio de las personas LGBTI una fórmula populista de sembrar miedo en el electorado y convocar a votar con odio y rencor.
El congreso que elijamos el 13 de marzo recibirá el vergonzoso legado de legislaturas que desconocen derechos, dan la espalda a la ciudadanía y promueve la exclusión, y hará control a un gobierno que de igual manera heredará un poder ejecutivo que no ha activado la política pública LGBTI, no garantiza la protección a los liderazgos sociales y está en mora de atender los estándares internacionales en materia de reconocimiento a la diversidad sexual y de género. Esperemos que el mandato ciudadano otorgado ese día, y el control y veeduría que podamos hacer sistemática y permanentemente, les permita superar esa deuda histórica legislativa de Colombia y por fin pasemos de la política del odio a la del reconocimiento.
Wilson Castañeda Castro
Director Corporación Caribe Afirmativo