Entre las personas afectadas hay lideresas y líderes de organizaciones LGBTIQ+, entre ellos Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas – Venezuela) el 3 de agosto, cuando se disponía a viajar al Comité Interracial en Ginebra (Suiza) por invitación de la ONU. Funcionarios del gobierno nacional le retuvieron su pasaporte y dijeron que había sido anulado. Yendri estuvo retenido por seis horas, sin permitírsele comunicación con familiares y abogados, hasta que fue dejado en libertad frente a una farmacia sin mayores explicaciones.
16 de agosto de 2024. Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dio como ganador a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales el pasado 28 de julio, miles de personas han salido a las calles a protestar ante lo que consideran un fraude. A raíz de esto, se han venido realizando protestas por parte de opositores quienes se han tenido que enfrentar a una fuerte arremetida por parte de organismos estatales, dejando un saldo de 24 personas muertas y más de 2000 detenidas bajo acusaciones de “promover el terrorismo”.
Entre las personas afectadas hay lideresas y líderes de organizaciones LGBTIQ+, entre ellos Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía (Caracas – Venezuela) el 3 de agosto, cuando se disponía a viajar al Comité Interracial en Ginebra (Suiza) por invitación de la ONU. Funcionarios del gobierno nacional le retuvieron su pasaporte y dijeron que había sido anulado. Yendri estuvo retenido por seis horas, sin permitírsele comunicación con familiares y abogados, hasta que fue dejado en libertad frente a una farmacia sin mayores explicaciones.
También se han denunciado hechos de hostigamiento contra otros líderes sociales, como los que sufrió Koddy Campos, activista de derechos LGBTIQ+. El viernes 9 de agosto denunció, a través de redes sociales, que agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE), intentaron ingresar a su casa ubicada en el barrio La Vega, una zona popular al oeste de Caracas, sin una orden de allanamiento. Manifestó que los funcionarios rompieron una ventana de su casa mientras le gritaban que saliera “a conversar” con ellos. Minutos antes de la llegada de los uniformados, un grupo de civiles identificados como miembros de “colectivos” afines al régimen habían rodeado la vivienda de Koddy, le tomaron fotos y lo acusaron de ser el “fascista de La Vega”. A las 11:00 de la noche, se retiraron los agentes de la DIE, pero unos vecinos escucharon que los colectivos podían regresar y se lo advirtieron a Koddy, quien decidió refugiarse en otro lugar.
Historias como estas se repiten a lo largo y ancho de Venezuela: cientos de personas que salieron a exigir la publicación oficial de las actas electorales fueron golpeadas y detenidas sin mayor información sobre sus paraderos. Adicionalmente, se ejecuta la denominada “Operación Tun Tun” (llamada así en alusión a golpear una puerta), donde funcionarios estatales detienen a personas dentro de sus casas sin ninguna orden de allanamiento de un juez, siendo señaladas como “terroristas”. Entre los detenidos, hay personas acusadas por publicar mensajes de apoyo a la oposición o de rechazo a Maduro en sus estados y grupos de WhatsApp y redes sociales.
No conforme con esta arremetida, el Gobierno ha revictimizado a las personas detenidas y se les ha negado todos los principios fundamentales a la legítima defensa. El 7 de agosto, Maduro aseguró que “ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas, y serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito”, refiriéndose a dos de las cárceles más temidas de Venezuela, donde se encuentran detenidas personas “de máxima peligrosidad”.
Además, decenas de líderes políticos, periodistas y activistas sociales han denunciado que el Gobierno les anuló sus pasaportes, aún varios de ellos viviendo en el extranjero, quedando en una situación de total vulnerabilidad en el marco migratorio, lo que representa una violación a principios de numerosos acuerdos internacionales, como la Convención de Ginebra Relativa al Estatuto de los Apátridas (1954), el Pacto de San José (1969), la Declaración de Cartagena (1984) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), entre otros. Asimismo, algunas personas afectadas se han enterado de que sus pasaportes quedaron cancelados justo antes de viajar, tal como le pasó a Yendri.
En comparación con otros momento, las medidas tomadas por el régimen en esta ocasión son más violentas, porque agentes decomisan los teléfonos celulares de cualquier persona y si encuentran alguna información que consideren “conspiracionista” o “golpista”, inmediatamente queda detenido sin permitir que se comunique con familiares y abogados, violando todo principio legal, y quedan puestos ante jueces bajo acusaciones de “terrorismo”. También los uniformados ingresan a casas sin orden judicial de allanamiento y se llevan a sospechosos y demás familiares que se opongan al procedimiento. Además, se estima que han detenido a más de 100 menores de edad, incluso personas con espectro autista. Algunos de ellos murieron tras brutales golpizas por agentes del régimen.
Activistas venezolanos bajo mordaza
Ante este panorama, tanto activistas como las principales empresas encuestadoras han pronosticado una nueva “ola migratoria” de venezolanos huyendo de la violencia por razones políticas, aunado al alto costo de la vida, barreras en el acceso a servicios, seguridad y calidad de vida.
Caribe Afirmativo logró entrevistar a un dirigente político LGBTIQ+ de Venezuela, cuyo nombre fue omitido para garantizar su seguridad. Hizo llamados de alerta, ante el menoscabo de los derechos de las personas de la diversidad sexual venezolana, pero muy en especial de sus representantes: “Toda esta situación de crisis nos ha obligado a parar nuestro trabajo como activistas y defensores de derechos humanos. No podemos salir a las calles, no podemos subir videos sobre atropellos en contra de nuestros hermanos venezolanos, porque inmediatamente se nos persigue, se nos encarcela, como efectivamente está ocurriendo”.
El activista solicitó “una verdadera coalición internacional que ejerza una presión contundente, porque no nos permiten hacer activismo en Venezuela. Todos los venezolanos, incluyendo las personas LGBTIQ+, cada día estamos más presos, en especial todos los defensores de derechos, activistas políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales. Entre los casi dos mil detenidos, hay activistas LGBTIQ+, defensores de derechos humanos, miembros de partidos políticos, líderes sindicales y personas de la sociedad civil que han salido a protestar cívicamente”.
De igual manera, Caribe Afirmativo se contactó con un actor humanitario de Venezuela que trabaja directamente con personas LGBTIQ+ y manifestó: “Definitivamente, el clima de inestabilidad política en Venezuela ha motivado a que muchas personas estén tomando las maletas para irse. Ya manejamos reportes informales desde Brasil, donde han visto un aumento de hasta seis veces más de migrantes venezolanos entrando al país. Todavía no se registra un incremento de venezolanos emigrando hacia Colombia, como en años anteriores, porque estamos en una etapa de opacidad donde no se sabe a ciencia cierta si habrá un cambio de Gobierno o no, pero estimamos que en las próximas semanas muchas venezolanas y venezolanos se marcharán. Obviamente, entre estos hermanos que se irán están personas LGBTIQ+, quienes menos cuentan con garantías para una vida libre de discriminación en Venezuela. Ya varios activistas de derechos humanos han denunciado la anulación de sus pasaportes, y se han enterado justo antes de abordar el vuelo. No solo han atentado contra dirigentes políticos sino también contra defensores de derechos humanos y activistas LGBTIQ+. Actualmente estamos bajo una etapa de mucha tensión social y política, que va a llevar en las próximas semanas a grupos numerosos de personas desplazándose hacia Colombia y Brasil”.
En resumen, el panorama no pinta nada bien para las personas LGBTIQ+ venezolanas, cuyo estado de vulnerabilidad aunado a la falta de mecanismos legales de protección, los ponen en una situación peor. En un país donde no hay leyes de protección con enfoque diferencial LGBTIQ+, donde no se discute la opción de matrimonio igualitario en las altas esferas del poder ni se reconocen los nombres y géneros identitarios, cuyo Fiscal General ha expresado abiertamente estar en contra de los derechos de las personas con experiencias de vida trans, donde recientemente se aprobó una ley que busca controlar las ONG del país y donde cualquier persona tachada como “opositora” puede quedarse sin pasaporte y en prisión, sencillamente no hay garantías de vida. Para muchas venezolanas, venezolanes y venezolanos, la opción es emigrar.