20 de enero de 2025. El contexto humanitario en la subregión del Catatumbo sigue siendo alarmante, con personas desplazadas debido a la creciente violencia y las dinámicas armadas que afectan a la región. En el último informe de la organización Vivamos Humanos, se reportan al menos 80 víctimas de homicidio, una cifra que podría superar las 100. Asimismo, ocho firmantes de paz han desaparecido, lo que refleja una grave vulneración de los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz.
“Desde el 16 de enero, por lo menos 18.359 personas se han desplazado desde los municipios
de San Calixto, Hacarí (Corregimiento de San José del Tarra), Teorama (La ruidosa, La
Pedrejosa y Mundo Nuevo) y Tibú (Catatumbo) hacia los municipios de Ocaña (6.534 personas),
Cúcuta (8.000), Tibú (3.525) y Hacarí (300), instalándose en albergues temporales y hoteles.
(Las afectaciones en los demás municipios de Catatumbo están en proceso de verificación)”, expuso la Alerta de Situación Humanitaria del Equipo Local de Coordinación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Norte de Santander, con corte al 20 de enero de 2025.
La situación también incluye a 300 personas confinadas, 60 retenidas ilegalmente y más de 800 desplazadas hacia Venezuela, lo que evidencia un panorama de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una crisis migratoria sin precedentes. Estos datos destacan la urgencia de intervenciones humanitarias y de acciones contundentes por parte del Estado colombiano para proteger a las comunidades afectadas, especialmente en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado.
Las personas LGBTIQ+ no están exentas de la arremetida de la violencia. Según el monitoreo realizado por la Red Diverses de Catatumbo, más de 30 personas han sido desplazadas debido a amenazas y agresiones motivadas por su orientación sexual o identidad de género. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado los casos de un hombre gay amenazado y confinado en el municipio de Tibú, así como tres casos adicionales de confinamiento en Ocaña. Estas denuncias confirman un panorama crítico de violencias sistemáticas que atentan contra los derechos fundamentales de estas comunidades.
Ante esta alarmante realidad, se hace un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que exijan al Gobierno Nacional la adopción inmediata de medidas que garanticen la protección de las comunidades vulnerables. Estas instituciones tienen un rol clave en promover acciones que enfrenten las violencias ejercidas por los grupos armados y en vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las víctimas, con el fin de disminuir las graves afectaciones en la región y avanzar hacia una paz real y sostenible.
Frente a esta realidad, Caribe Afirmativo considera imperativo que el Gobierno Nacional realice la activación de rutas de atención y la implementación de apoyos humanitarios inmediatos. La organización insta al Ministerio de Igualdad y Equidad, y en particular a la Dirección de Asuntos de Diversidad, liderada por Franceska Macquoid, a gestionar acciones concretas que permitan mitigar el impacto de estas violencias y proteger a las personas afectadas. Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad y los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Las rutas de atención deben ser activadas de manera inmediata para evitar más desplazamientos y confinamientos.
La organización también resalta la necesidad de medidas integrales que no solo respondan a las emergencias, sino que trabajen en la prevención de la discriminación y las violencias estructurales que afectan de manera desproporcionada a las personas LGBTIQ+ en regiones como el Catatumbo.
En un contexto donde las personas LGBTIQ+ enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad, Caribe Afirmativo reitera su compromiso de acompañar a las víctimas y seguir visibilizando estas problemáticas, con la esperanza de que el Gobierno actúe con celeridad y contundencia.