La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre los derechos de las personas LGBTI, la igualdad, la no discriminación hacia parejas del mismo sexo, y el cambio de nombre y de sexo en documento de identidad y registro civil, por medio de la Opinión Consultiva OC-24/17 del 24 de noviembre de 2017, motivada a partir de una consulta solicitada por la República de Costa Rica del 18 de mayo de 2017 sobre los siguientes temas: (1) El reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una por parte de los Estados; (2) la compatibilidad entre dicho derecho y la legislación interna de Costa Rica; y (3) los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo.
Acorde con la Honorable Corte Interamericana, y sus honorables jueces, los Estados están en la obligación de reconocer y regular los procedimientos para el cambio de nombre, la rectificación de la anotación de género, la adecuación de la imagen en los registros y/o documentos de identidad con su identidad de género auto-percibida; y de garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas existentes, incluyendo el derecho a matrimonio, sin discriminación alguna y siguiendo los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La resolución de la Corte Interamericana marca un avance importante para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. Invita a que en materia de cambio de nombre y de sexo/género en registros y documentos de identidad no se atienda a acreditaciones quirúrgicas y/o hormonales, pero que se limite al consentimiento informado de la persona, incluso, promueve a que se procure la gratuidad en los trámites registrales para la eficacia de los derechos de las personas con orientación e identidad de género diversa.
Colombia, si bien ha expresado durante la última década un progreso importante en materia legislativa, el acceso y el ejercicio de derechos todavía presentan muchas barreras para personas LGBTI, de las cuales sobra decir que algunas de ellas se relaciona con la escases de recursos y medios para subsistir que rodea a este grupo poblacional. Esto toma especial importancia en materia de cambio de nombre y corrección de componente de sexo en documento de identidad y en registro civil donde la persona acude al Estado solicitando el reconocimiento jurídico de su personalidad como persona con orientación y/o identidad de género diversa.
Actualmente el trámite por el cual debe cursar dichas solicitudes –de cambio de nombre y componente de sexo- corresponde a una función notarial que exige por parte del ciudadano sufragar ciertos gastos. En principio la Resolución No. 0451 de 2017 del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro República de Colombia, regula dichos procedimientos notariales y sus respectivos costos, estimándose en una tarifa de honorarios por cambio de nombre y componente de sexo en registro civil cercana a los cincuenta mil pesos colombianos, es decir, casi un 7% de un salario mínimo legal en el 2018. No obstante, distintas notarías agregan sobre dicho valor otros conceptos calificados como impuestos, expedición de copias autenticadas, e incluso en varias ocasionan incrementan el valor correspondientes a sus honorarios por fuera de lo regulado, aumentando significativamente el costo del cambio de nombre y/o componente de sexo en registro civil hasta sumas oscilantes entre los doscientos y cuatrocientos mil pesos colombianos.
La Corporación Caribe Afirmativo, consciente de las realidades y barreras económicas en las que las personas LGBTI se ven circunscritas (discriminación, ausencias familiares y sociales en la construcción de su identidad de género, y violencias de tipo estructural), apoya el sentir de Honorable Corte Interamericana, quien insiste también en afirmar que los lineamientos de la Convención Americana invita a los Estados a reconocer las instituciones jurídicas que protejan las uniones entre parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio.
Estas decisiones son celebradas por la Corporación, esperando que la comunidad internacional y los Estados den paso a la comprensión de la profundidad y necesidad de esta lucha por los derechos. Igualmente se espera que el Estado colombiano no limite el avance en materia de derechos a las conquistas obtenidas, sino que trascienda a la satisfacción de las necesidades de la población y a la eficacia plena de dichos derechos conseguidos en el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta nuestro actual contexto, son muchas las barreras que la comunidad LGBTI enfrenta, entre ellas, la económica. Caribe Afirmativo todavía acompaña litigios para el reconocimiento de cambio de nombre en documentos de identidad y registro civil en representación de varios que no cuentan con medios para asumir los costos para el cambio de nombre y componente de sexo, y con ello, el reconocimiento jurídico de su identidad, situación que la Corporación bajo el mismo sentir de la Corte Interamericana rechaza.
Caribe Afirmativo