*La participación política de las comunidades en medio de la pandemia, la sostenibilidad del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS), los pocos avances en los proyectos productivos y la protección de líderes, lideresas sociales y comunales, defensoras, defensores de Derechos Humanos y activistas, son algunos de los temas que preocupan a la sociedad civil y organizaciones en estos departamentos.
22 de febrero de 2021. La implementación del Acuerdo de Paz tiene sus desafíos en los territorios por las dinámicas propias del país y la poca capacidad estatal. Como el bloqueo del gobierno actual, sumado a las condiciones atípicas que la pandemia del COVID–19, y las necesidades insatisfechas por parte de las comunidades, como por ejemplo el acceso al saneamiento básico, entre muchas otras. Después de cuatro (4) años de la firma del Acuerdo de Paz, hay dos (2) versiones de la implementación: la del Gobierno y la de la sociedad civil y las organizaciones sociales en las distintas regiones.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2021) destaca de la implementación del Acuerdo de Paz en subregiones de Córdoba y Antioquia lo siguiente:
“[…] en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Córdoba, revelan elementos comunes en ambas regiones: la violencia no solo persiste, sino que los actores locales coinciden en que la inseguridad dificulta el desarrollo rural, la reincorporación de los excombatientes y las acciones de la JEP y la Comisión de la Verdad. Además, la llegada del coronavirus trajo dificultades en los procesos de participación, supuso un aumento del control de grupos armados en los territorios – especialmente en zonas como el sur de Córdoba y el Bajo Cauca – y cambió las prioridades del Gobierno”.
De acuerdo con lo anterior la fuerte confrontación entre grupos sucesores del paramilitarismo, que refleja una dinámica compleja de disputas y alianzas entre el Clan del Golfo, los “Caparros”, el ELN y las disidencias del frente 18 y del frente 36 de las antiguas FARC, que no da tregua en el Bajo Cauca antioqueño (Caucasia, Nechí y El Bagre entre las localidades con mayores víctimas en el departamento). Todos estos enfrentamientos y luchas por los controles territoriales y las redes del microtráfico, se ha extendido al sur de Córdoba (las zonas rurales de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta entre las de mayor victimización) y el Urabá antioqueño, donde se registra un aumento de homicidios.
Según CORDOBERXIA (2021), la cifra en el Sur de Córdoba asciende a unas 34 lideresas, líderes sociales y comunales, defensoras y defensores de Derechos Humanos y activistas asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz. Además, las acciones impactan de forma diferenciada a beneficiarios del PNIS, en municipios como San José de Uré, Puerto Libertador, Ituango o Mutatá, por ejemplo, “quienes denuncian extorsiones sobre los subsidios estatales que reciben” según informes de varios medios de comunicación nacionales.
Estas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos no son extraños, lamentablemente, en la historia reciente de las regiones y departamentos como Córdoba y Antioquia, pero ahora se enmarcan en la obligación del Estado colombiano de implementar el Acuerdo final. Al respecto, CORDOBERXIA (2021) rememora:
“Desde finales de 2017, volvieron los desplazamientos masivos al sur de Córdoba, lo que no ocurría con esta magnitud desde 2011 (La Liga Contra el Silencio, 2019). Esto ha seguido sucediendo hasta ahora: de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se presentaron 14 desplazamientos masivos desde finales de 2018 hasta diciembre de 2019, además de masacres, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas de reclutamiento forzado. Igualmente, hechos de violencia contra la población civil atribuibles a la fuerza pública (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 8). Al momento de escribir este artículo ocurrieron dos masacres en San José de Uré, con una diferencia de un día, y el desplazamiento de 50 familias (Contagio Radio, 2020)”.
Lo anterior, según la Defensoría del Pueblo (2021), respecto al año 2020 han sido asesinados, como consecuencia de esa confrontación armada, cuatro (4) presidentes y un tesorero de Juntas de Acción Comunal de veredas de San José de Uré (Córdoba) que limitan con el corregimiento La Caucana, de Tarazá (Antioquia). Tras los homicidios de los líderes comunales, se registraron, verificaron y constataron varios desplazamientos masivos, que amenazan con convertir en tierra de nadie, veredas y corregimientos a lado y lado de los límites entre Tarazá, Cáceres, Puerto Libertador y San José de Uré (El Espectador, 2020).
En el continuum de violencias que enfrentan las personas LGBT en la macro-región, Caribe Afirmativo encuentra en su seguimiento, a través del Observatorio de Derechos Humanos de Personas LGBT en el Caribe colombiano, un total de 12 personas LGBT asesinadas en Córdoba entre 2017 y 2020 (5 en Montelíbano, sur del departamento), nueve (9) personas en el Bajo Cauca antioqueño (7 casos en Caucasia entre 2017 y 2019, 2 en 2020, en Nechí y El Bagre, respectivamente).
Asimismo, CARIBE AFIRMATIVO insiste y exige mayores mecanismos de protección integrales a lideresas, líderes sociales y comunales, defensoras, defensores de derechos humanos y activistas, como también investigaciones profundas en los casos de homicidios que vayan más allá de los autores materiales y acciones afirmativas que prevengan actos de violencia y/o discriminación contra las personas LGBT en los municipios y localidades de los departamentos de Córdoba y Antioquia.