María Mercedes Gómez es teórica política y se especializa en de crímenes de odio y prejuicio.
Albert Memmi1 señaló que la diferencia es un valor que asignamos a características reales o imaginarias para instituir jerarquías sociales. Aquellos que tienen el poder de asignar valores suelen situarse a sí mismos en el extremo dominante de ese escalafón y usan su poder para “jerarquizar los cuerpos”2; al hacerlo, determinan el carácter relacional de cada identidad. Históricamente las diferencias han sido establecidas de diversas maneras: a través de la reificación de las características biológicas, como en el caso de la raza y el género; mediante la estigmatización de prácticas y expresiones culturales particulares, como en el caso de la religión, la etnicidad y la sexualidad; y a través de la formación de estratificaciones económicas y diferencias de clase. Las diferencias biológicas, culturales y económicas con frecuencia se entrecruzan y se configuran entre sí. Uno de los más importantes desafíos de las sociedades democráticas contemporáneas es saber cómo reconocer e incluir mejor esas diferencias sin reproducir las jerarquías.
Sexualidades Divergentes
La Deconstrucción, la teoría queer y las investigaciones sobre comportamiento sexual han demostrado que la categorización binaria de las diferencias es inadecuada e insuficiente para cobijar la fluidez de nuestros deseos y de nuestras identificaciones. No se trata solamente de que el sexo biológico, los roles de género, el deseo y las prácticas sexuales no coincidan para algunos. Se trata de que no coincidan para nadie. Nuestra sexualidad y nuestras identificaciones son indeterminadas y contingentes. Tal percepción genera gran ansiedad porque evidencia la condición infundada de los binarios sexuales y al hacerlo pone en riesgo los privilegios que derivan de ellos.
Muchos de nosotros habitamos en sociedades caracterizadas por la “heterosexualidad obligatoria”3 y actuamos y vivimos como si la construcción binaria del mundo fuera natural y universal en lugar de contingente y socialmente construida. La heterosexualidad obligatoria opera a través de prácticas políticas, sexuales, sociales y económicas que estigmatizan y convierten en blanco de violencia todo lo que es percibido como femenino o como sexualidades que no se ajustan a la norma heterosexual. A pesar de las reformas culturales y legales alcanzadas en las décadas pasadas, especialmente por los hombres gay, las mujeres lesbianas y, en menor medida, por las personas transgénero, quienes ostentan sexualidades divergentes son ciudadanos de segunda clase y siguen siendo víctimas de una extraordinaria violencia estatal y no estatal.
Las diferencias suelen percibirse y marcarse de dos maneras. La primera se basa en la asunción de que uno no puede convertirse en el “otro” porque los límites entre la norma y lo que está fuera de ella son rígidos. La raza y el género, por ejemplo, han sido históricamente concebidos en los espacios sociales, culturales y legales, como atributos físicos esenciales, visibles, e inmutables.4 La segunda forma exterioriza la diferencia cuando el “otro” amenaza con convertirse en uno de “nosotros”, cuando amenaza con la normalización de su diferencia. Los prejuicios en contra de las sexualidades divergentes son paradigmáticos de la “ansiedad de los límites” porque al contrario de otras diferencias aparentemente esenciales, visibles e inmutables, la orientación sexual ha sido vista con frecuencia como invisible y mutable.5 Como veremos, en el caso de las sexualidades divergentes, es decir, cuando se presume que los límites entre la norma y su desviación son permeables, se produce un tipo específico de violencia.
Como afirma Nancy Fraser un principio fundamental de las sociedades democráticas debería ser lograr la participación paritaria de todos sus miembros en la toma de decisiones colectivas en relación con la forma como quieren vivir sus vidas.6 Los prejuicios y la violencia en que se manifiestan son obstáculos importantes para el logro de la participación paritaria. Muchos de los esfuerzos políticos, culturales y legales para superar los prejuicios se centran en la noción de discriminación. Considero, sin embargo, que cuando se agrupan en una lógica única de discriminación las explicaciones acerca de las diferentes tipos de prejuicios son insuficientes para explicar la complejidad de las prácticas excluyentes.
Discriminación y Exclusión
La lógica de la discriminación busca mantener al “otro” como inferior mientras que la lógica de la exclusión pretende eliminar al “otro” del mundo social.7 Estas lógicas se plasman en dos usos diferentes de la violencia que llamo jerárquicas y excluyentes. En el uso jerárquico de la violencia los perpetradores usan y disfrutan de la diferencia para marcar la inferioridad. Al contrario, el uso excluyente de la violencia pretende eliminar la diferencia porque es concebida como incompatible con la visión del mundo del perpetrador. En un sistema de heterosexualidad obligatoria las prácticas e identificaciones no heterosexuales son una amenaza al sistema. Situarlas como inferiores es, en algunos casos, instrumental a la supremacía heterosexual. Sin embargo, las identidades no heterosexuales son, sobretodo, objetivos de exclusión, a pesar de que esa exclusión se infringe en niveles diferentes sobre individuos percibidos o definidos como hombres gay, lesbianas o personas transgénero.
Si esto es así, las soluciones a la violencia proveniente del prejuicio sexual deben incluir una transformación profunda de las prácticas culturales que la producen y reproducen. Esta transformación exige un diagnóstico de los diferentes tipos de prejuicios que dominan la interacción social y demanda claridad analítica en relación con los mensajes que envía y los propósitos que esconde la expresión violenta de esos prejuicios. Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia son ambos actos de poder que expresan prejuicios y aterrorizan, pero no son iguales. La intención de mantener al “otro” como un inferior se expresa en contextos sociales y ambientes políticos diferentes a los que rodean la intención de eliminar al “otro”. De allí que las leyes y las políticas diseñadas e interpretadas a partir de la lógica de la discriminación no deban ser el registro único en que se inscriban las esperanzas de cambio social y cultural. Las leyes y políticas antidiscriminación son importantes pero insuficientes para afrontar el fenómeno de la violencia por prejuicio. Pueden incluso ser contraproducentes si los gobiernos, los activistas y los políticos las conciben como el reemplazo de otras soluciones sociales y culturales, o si son tomadas como el recurso fundamental contra los daños producidos por la histórica asimetría económica y los recurrentes discursos de odio y estigmatización contra grupos e individuos percibidos como diferentes.
Democracia y Violencia
¿Qué noción de la democracia podría responder mejor a los desafíos de las violencias jerárquicas y excluyentes? Quienes luchan por el reconocimiento legal, social y político de la diferencia y la diversidad sexual acogen la idea de la política de la identidad; los que consideran que la afirmación de alguna identidad específica supone una concepción binaria y naturaliza la diferencia luchan por deconstruir las identidades fijas y por demostrar la fluidez de las identificaciones. La distinción entre identidad e identificación proviene de la obra del psicoanalista Jacques Lacan, pero ha sido reformulada en términos políticos por teóricos como Judith Butler, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y Slavoj Zizek, así como por la obra de Jacques Derrida. A pesar de sus importantes diferencias, estos teóricos concuerdan en que la noción de identidades fijas es inadecuada para representar el proceso de formación del sujeto y trasladan esta imposibilidad al campo político. La formación del sujeto es móvil y fluida, proviene de una carencia de “ser“, de un sentimiento permanente de vacío que nos lleva a buscar identificaciones con la ilusoria esperanza de llenarlo o disminuirlo. En este sentido, el sujeto es un “vacío avaricioso” de reconocimiento.
Como el “vacío avaricioso” en el sujeto que hace posible que el deseo aparezca, la democracia radical requiere de un espacio vacío donde sean posibles posibles los antagonismos y los desacuerdos. La saturación de ese vacío significa violencia, totalitarismo. Mouffe sugiere que las articulaciones políticas de la relación amigo/adversario ayudan a constituir la democracia radical y suprimen la retórica totalitaria del amigo/enemigo. En este sentido, la democracia está siempre en transición, es agonística, consciente de sus contingencias, siempre “por venir”.
1 Memmi, A. 1971, Dominated Men. Boston, Beacon Press.
2 La expresión corresponde a I.M. Young, 1990. “The Scaling of Bodies and the Politics of Identity” en Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press.
3 A. Rich, 1993. “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence.” Pp. 177-205 en The Lesbian and Gay Studies Reader, edited by H. Abelove, M. Aina Barale, and M. Halperin. New York, Routledge.
4 Por ejemplo, Kenji Yoshino plantea la tensión entre discriminación y asimilación en las leyes anti-discriminación de Estados Unidos. Yoshino, K. 2002. “Covering” in Yale Law Journal V.III, Number 4, January. P. 771
5 Y oung, op cit., p.146. 6 Fraser, N. and A. Honneth. 2003. Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange, New York, Verso.
7 Gómez M. M. 2005. “”Usos jerárquicos y excluyentes de la violencia.” in Mas Allá del Derecho. Género y Justicia en América Latina, C. Motta y L. Cabal. Siglo del Hombre Editores, CESO, Centro de Derechos