Si nos atenemos a aquel refrán popular que dice que “desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo”, muy preocupante entonces, resulta ser el panorama de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país.
Transcurridos tan solo 10 días de este nuevo año, cuatro líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados por parte de grupos criminales, y eso, sin hacer mención de los casos de tentativa de homicidio registrados y de los que no han sido denunciados.
La primera lideresa social asesinada en Colombia este año 2020 fue Gloria Ocampo, defensora de derechos humanos en el departamento del Putumayo, quien perdió la vida a manos de sicarios el pasado 7 de enero. La lideresa, quien fue asesinada frente a su vivienda, colaboraba con el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la zona.
De igual modo, el pasado 8 de enero, fue asesinado Oscar Quintero Valencia en la vereda El Caño Sábalo de Puerto Gaitán, y Gentil Hernández Jiménez en la vereda El Mango, de ese mismo municipio.
Por otra parte, en el municipio de Algeciras (Huila), la lideresa Mireya Hernández, quien se había desempeñado como tesorera de la Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio de esa municipalidad, también perdió la vida por parte de desconocidos que la atacaron con arma de fuego en la noche del 8 de enero.
Pero la ola criminal no termina aquí, pues por lo menos otros 4 líderes han sido sujetos de amenazas y tentativas de homicidio, como lo es el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, quien denunciare la incursión paramilitar en el corregimiento de Pogue.
También, la defensora de derechos humanos Ingrid Vergara, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció que tenía conocimiento sobre la existencia de un plan para matarla y, que, en días recientes, un desconocido había tomado fotos de su residencia. Lo particular de este asunto, es que la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad con el cual contaba desde diciembre de 2019 y, hasta el momento, no se le ha restituido.
Todo lo anterior, sin hacer mención de aquellos casos de hostigamientos, asesinatos y desplazamientos que no han sido informados hasta el momento, y que permanecen en silencio en virtud al miedo y control territorial que han venido ganado los distintos grupos delincuenciales con influencia en las zonas mencionadas.
Por otro lado, tampoco puede pasar inadvertida la muerte del líder indígena Anuar Rojas Isaramá, perteneciente a la comunidad nativa de Agua Blanca, en el municipio de Nuquí, Chocó. Los más preocupante de esta situación, es que los hostigamientos en este sector ya han dejado a por lo menos a 80 personas desplazadas y que denotan una escalada de violencia, desplazamiento y guerra para los meses que se avecinan, y que el gobierno no ha querido reconocer.
Estas noticias poco alentadoras demuestran que, hoy, son muchas las comunidades que se encuentran bajo el imperio de la zozobra y la inoperancia del estado en la salvaguarda de sus derechos a la libertad y la seguridad, y que ha llegado el momento de que el gobierno se abstenga de seguir haciendo discursos mediáticos sobre su compromiso, sin que estos tengan el real impacto en las zonas que tanto las demandan.
Y es que, en el año 2019, se tiene un registro de al menos 120 líderes sociales asesinados en el país, para un promedio de 10 muertes al mes, y el hecho de que en los primeros 10 días del año, se registren 4 hechos fatales de este tipo, puede vaticinarnos que el balance a diciembre del 2020 podría ser mucho peor.
Así las cosas, desde la Corporación Caribe Afirmativo extendemos nuestra solidaridad y respaldo a todos los líderes y lideresas que se encuentran sometidos a algún tipo de amenaza o situación de peligro, y a aquellas familias a quienes la violencia les ha arrebatado a un ser querido, adicionalmente les invitamos a denunciar y a no dejarse amedrentar de los grupos ilegales, dado que, de no visibilizarse lo sucedido, menos serían las herramientas con las que contaría el estado para emprender soluciones inmediatas y de fondo.
Entonces, que ¿cómo se ve el 2020?, muy bien, pero para las bandas criminales, quienes siguen ampliando su ámbito de dominio en diferentes territorios del país y, así mismo, muy bien para la impunidad y la parsimonia del estado ante la desprotección a la que están sujetos los líderes sociales, defensores de derechos humanos en el país y poblaciones históricamente relegadas para las cuales no existe el estado social de derecho.