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Contexto situación de personas LGBT: Córdoba En las últimas semanas ha aumentado la violencia contra las personas LGBT en este departamento del Caribe

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Pese a que en el Plan de Desarrollo del Departamento de Córdoba (2016-2019) se estipulan una serie de mecanismos a favor de los derechos de la población LGBT en la región, enmarcados en el programa de Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz, encargados a la Secretaría de Interior y Participación Ciudadana, estos no parecen responder a los problemas de violencia sistemática que sufre la población LGBT en el departamento a causa de las amenazas en contra de su vida e integridad. El acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones de población LGBT, enunciación y aplicación de campañas para la sensibilización sobre la Ley Antidiscriminación, entre otros mecanismos, son insuficientes para atender los problemas estructurales de macrocriminalidad presentes en el territorio.

Una parte considerable de estas amenazas se surte mediante panfletos, método de intimidación que, en territorio colombiano, ha sido apropiado históricamente por grupos armados al margen de la ley. Tal es el caso de los emitidos recientemente en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica del departamento de Córdoba por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como Caparrapos, y que, mancomunados con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ejercen su poder criminal en las regiones del Sur Cordobés –y del Alto San Jorge– y el Bajo Cauca Antioqueño. Dichos panfletos, que aducen su finalidad a la “limpieza social”, amenazan a la población que consideran nociva para la sociedad: expendedores de drogas, ladrones, “viciosos”, “prostitutas” y “maricas”, con lo que no solo ejercen círculos de violencia arbitrarios contra delincuentes comunes sino que, en su ejercicio de asociación[1], criminalizan, estigmatizan y violentan a poblaciones históricamente vulneradas a razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

Frente a esta realidad, se identifican ocho (8) panfletos en la zona del Alto San Jorge y el nordeste antioqueño, de los cuales, dos (2) tienen instrucciones directas contra “maricas”, que se evidencian de la siguiente forma:

Asimismo, es necesario recordar que las agresiones no sólo provienen de los Caparrapos y el Clan del Golfo, grupos enfrentados entre sí, por lo menos del lado antioqueño, sino de otros actores como las disidencias de las FARC, que han tenidio una presencia en Córdoba el desde el año pasado, y que están en supuesta alianza con el ELN y los Caparrapos [Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)] en la zona.

Esta situación, a pesar de no ser una novedad, sigue pasando sin importar al país y al Gobierno central, tal vez hoy menos que nunca. A fines de 2017 se desató en el Bajo Cauca antioqueño una guerra entre el Clan del Golfo y una de sus estructuras disidentes en ese momento (Caparrapos) por el negocio de la droga y el territorio, que tiene bajo fuego a buena parte del sur de Córdoba. Las noticias recientes dan cuenta de un recrudecimiento de esta situación y de riesgo que se está extendiendo para la población civil, y, por supuesto, para las aspiraciones de la pretendida Paz estable y duradera, proyecto colectivo como país. Por ejemplo, el pasado 31 de enero en el municipio de Buenavista apareció, tras haber desaparecido el día anterior, el cuerpo del líder social y político del Partido de La U, Jorge Herney Castrillón Gutiérrez, quien aspiraba a la Alcaldía de San José de Uré, una de las ‘sedes’ de esta guerra.

Al día siguiente, se conoció la circulación de un panfleto en el que los Caparrapos declaran objetivo militar al representante liberal Andrés Calle y a los periodistas Organis Cuadrado y Rafael Moreno del portal Voces de Córdoba.

Las amenazas fueron noticia justo en momentos en que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, encabezaba un consejo de seguridad en Montelíbano y el alcalde de ese municipio, Francisco Alean, informaba que los homicidios ocurridos –hasta la fecha de– este año (17) superaban los registrados en todo 2018 (11). Más allá de estos datos concretos, la información macro sobre la guerra que padece el sur de Córdoba ratifica su gravedad.

De esta forma, según el más reciente censo delictivo de la Fiscalía, Córdoba es el departamento del país en el que más aumentaron los homicidios en el primer mes del año, con respecto al mismo periodo de 2018. Mientras para el 30 de enero de 2018 habían asesinado a 31 personas, este año el número de muertes fue de 41.

El informe Situación de Derechos Humanos y Derecho humanitario en Colombia 2013-2017, determinó que durante el período 2013-2016 en Colombia se produjo el homicidio de 440 personas de la población LGBT, de las que se confirmó su ocurrencia como resultado de la homofobia y violencia y discriminación de género en 148 de los casos; además, en materia de defensa de DD.HH., se evidenció que 29 de las 276 personas asesinadas pertenecían y trabajaban activamente por la comunidad LGBT[2]. En cuanto a los casos de amenaza a la población en cuestión, registra el informe que el 37.5 % de las mismas son ejecutadas por grupos paramilitares que actúan activamente en las regiones del país.

Con relación al último dato, el informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales Entre el miedo y la resistencia (2016), plantea una serie de dilucidaciones sobre el móvil de las amenazas de esta índole, siendo estas producto de la violencia sistemática e histórica ejercida contra la población LGBT, que busca, en última instancia, disminuir, zozobrar e invisibilizar, y que, aprovechándose de la ineficacia estatal colombiana, es perpetrada por actores desconocidos, bandas de delincuencia común y, principalmente, grupos paramilitares. Con respecto a los panfletos como fórmula de amenaza, el informe precisa que (2016) “tienen un impacto colectivo, generan incertidumbre y llevan a que las personas, si no se desplazan, vivan en esos territorios con miedo permanente, con la sensación de sentirse en peligro”; además de que están motivados, en la mayoría de casos, por la asumida autoridad de la que se invisten estos grupos para, con base en sus prejuicios, violentar a la población LGBT por sus diferencias morales, equiparándolos, como se menciona en párrafos anteriores, a delincuentes y pervertidos. Y es, entonces, el miedo que generan estos panfletos, junto con el anonimato en el que se amparan, el factor por el cual no existe un registro amplio y preciso sobre las amenazas sufridas por esta población y, mucho menos, una tasa de denuncias acorde a la ocurrencia del delito[3].

Según los datos del informe Entre el miedo y la resistencia, en 2016 se registraron 49 casos de amenazas contra la población LGBT, de los cuales 2 ocurrieron en el departamento de Córdoba; dicha cifra aumentó a 3 en el 2017, según el informe La discriminación, una guerra que no termina (2017), que documenta, a su vez, el aumento a 60 casos listados a nivel nacional. En lo que corresponde a las amenazas dirigidas a activistas por los derechos de la población LGBT, el informe citado refleja un aumento de 5 amenazas en el 2016 a 27 en el 2017, intimidaciones perpetradas por grupos paramilitares, grupos guerrilleros, fuerza pública, bandas criminales y de posdesmovilización y actores desconocidos. Una de estas amenazas fue dirigida a la organización que defiende y reivindica los derechos humanos de las personas LGBT Montería Diversa que, desarrolla sus actividades en Córdoba, mediante la difusión de un panfleto.

De estas 60 amenazas registradas, según el informe, 56 fueron denunciadas ante distintos entes, como la Policía Nacional, la Mesa de Casos Urgentes, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, las Defensorías del Pueblo regionales y las Personerías municipales. Sin embargo, como se evidenció en el año inmediatamente anterior, tan solo 17 de las mismas significaron el inicio de un proceso penal en la Fiscalía, consumándose, entonces, la revictimización de la población afectada por parte de los entes del Estado que, en vez de garantizar el principio general de justicia y el respeto por los derechos humanos, obran negligentemente ante el deber de proteger a la población civil.

 

Análisis de casos: Córdoba y Caucasia

Caso 1

En agosto de 2017, en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, la defensora de derechos humanos y representante legal de la fundación Montería Diversa, mujer trans[4], recibió un panfleto amenazante por parte del grupo paramilitar Urabeños unidos por Colombia[5], que la instaba a abandonar el municipio. Según declaraciones de la defensora de DD.HH. ante Caribe Afirmativo[6], días después fue sorprendida por dos miembros del grupo paramilitar en su casa, quienes armados le advirtieron que su estancia en el municipio significaría su muerte. Ante dicho suceso, la mujer solicitó reevaluación de su riesgo ante la Unidad Nacional de Protección –puesto que había sido sujeto de amenazas en situaciones previas-, y al no obtener respuesta se vio obligada a abandonar el municipio.

 

Caso 2

El 19 de marzo de 2018 Jonatan Atencio Monterrosa, comerciante local, y quien pertenecía a la comunidad LGBT en el municipio de Montelíbano, fue hallado sin vida en la vereda Santa Rosita de Montelíbano, Córdoba, a causa de varios impactos de bala en su cuerpo, con su moto al lado y sin haber sido despojado de sus pertenencias. Su desaparición se registró el día 17 de marzo de 2018. Al no encontrarse móvil para el crimen, las organizaciones que trabajan por los derechos de la población LGBT hicieron un llamado a las autoridades para que relacionaran el homicidio de Atencio con los casos de amenazas y homicidios contra la población LGBT ocurridos en la zona de Córdoba y Antioquía.

Además, al vivir abiertamente el joven con su pareja en el municipio, se asume la visibilización de su orientación como motivo para la comisión del hecho delictivo. Como lo plantea el informe La Discriminación, una guerra que no termina (2017), “la visibilidad es un riesgo no solamente para las defensoras y defensores. Otros de los casos de amenazas contra personas LGBT en 2017 fueron contra parejas del mismo sexo o grupos de personas LGBT que, sin ser activistas ni integrantes de organizaciones sociales, fueron amenazados por el simple hecho de ser visibles en su barrio, su municipio o su región.”.

 

Casos Caucasia

En el Plan de Desarrollo Municipal (2016-2019) del municipio de Caucasia, Antioquia, se reconoce el desconocimiento general que hay en el municipio sobre la población LGBT y la ausencia de organizaciones que velen por el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, el municipio, en el documento, se compromete a crear políticas públicas que procuren el reconocimiento social de la población y su desarrollo en condiciones de igualdad.

Lo anterior, sin embargo, no ha tenido asidero alguno en la realidad. La Defensoría del Pueblo, mediante alertas tempranas, y la corporación Caribe Afirmativo se han pronunciado recientemente sobre la grave situación que atraviesa el municipio en lo que corresponde a los derechos de la población LGBT. En el 2018, según reportes de Caribe Afirmativo, más de seis personas con orientación sexual y de género diversa fueron asesinadas en el municipio, en especial mujeres trans, como lo evidencia el caso del homicidio de Thaliana Jiménez, mujer trans de 19 años asesinada por impactos de bala en el barrio La Victoria del municipio.

En atención a dichos casos de violencia, en el transcurso del año anterior se efectuaron reuniones entre las autoridades municipales, miembros de la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y universidades del departamento donde se procuró, principalmente, la conformación de una Escuela de Seguridad, ofertada por la Policía Nacional en favor de las personas LGBT del municipio. Sin embargo, a fecha de hoy no se han evidenciado avances suficientes en el mecanismo acordado por las partes, como tampoco se ha desarrollado ninguna política pública a favor de la población LGBT en el municipio, como se había descrito en el plan de desarrollo para el período en curso.

 

Referencias

 

[1] “En las confesiones de Justicia y Paz, un mecanismo judicial para la reincorporación de los paramilitares colombianos –escuadrones de extrema derecha–, sus miembros confesaban con la mayor serenidad los peores delitos –torturas, desapariciones forzadas–, pero eso sí, se molestaban cuando algunos de sus comandantes se referían a ellos como “maricas””.

[2] “Las agresiones a defensoras/es de DDHH y líderes sociales han aumentado. Entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. Durante este periodo fueron asesinadas 29 personas LGBTI, 61 indígenas, 20 afrodescendientes, 41 mujeres”.

[3] Además, cuando se presentan las denuncias se expone la falta de diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación ya que, según el informe Entre el miedo y la resistencia, “de las 49 amenazas registradas en 2016, sólo 9 fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, para abril de 2017 más de la mitad de estas investigaciones ya habían sido archivadas. En la mayoría de casos, no se tiene información sobre las razones de la decisión de archivarlas.”

[4] Según el informe La Discriminación, una guerra que no termina, de 64 amenazas recibidas en el 2017, 25 fueron dirigidas a población LGBT sin determinar, 14 a mujeres trans, 13 a hombres gais, 9 a mujeres lesbianas y 3 a hombres trans.

[5] En el contenido del panfleto versaba lo siguiente:

“HAS TENIDO VARIAS ADVERTENCIAS Y NO HAS HECHO CASO A LO QUE TE VENIMOS DICIENDO MARICONA SABEMOS NUEVAMENTE COMO LLEGAR A TI OJO PUES VETE DE AQUÍ YA TE HEMOS DICHO O SINO MANDAREMOS A TU CASA Y LLENAREMOS DE PLOMO MARICA HIJUEPUTA SE NOS FUE LA OTRA QUE DECÍA SER DEFENSORAS DE LOS MARICAS, PERO A TI SI TE MATAREMOS SI NO TE VAS TE DAMOS 24 HORAS LARGATE NO TE QUEREMOS VER MÁS POR ESTOS LADOS” (Sic.).

[6] Caribe Afirmativo. Entrevista con lideresa trans, Montería, septiembre de 2017.