Foto de referencia: CNN
05 de marzo de 2024. Las personas LGBTIQ+ suelen ser víctimas de violencias por prejuicios relacionados con sus orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas. Asimismo, las personas en contexto de movilidad humana, y muy en particular las migrantes venezolanas, también se enfrentan a estigmas sociales asociados a la xenofobia y aporofobia. Ahora imagina las grandes barreras que, día a día, padecen las personas que son LGBTIQ+ y migrantes venezolanxs a la vez… ¡Toda una lucha en doble vía!
Violaciones a los principios básicos de humanidad y brechas en la integración en perjuicio de este grupo poblacional vulnerable fueron halladas y sistematizadas por Caribe Afirmativo durante el desarrollo de ocho Consultas Ciudadanas, realizadas desde finales de noviembre de 2023 hasta principios de este mes de febrero de 2024 en cuatro ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Cali y Santa Marta. Dicha investigación se suma a una primera etapa que se desarrolló desde mediados de 2022 hasta el primer semestre de 2023, que comprendieron: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Riohacha,
¿Qué se observó en las ocho Consultas mencionadas? Los continuos obstáculos para acceder a mecanismos y servicios para la integración social, tales como espacios seguros, regularización migratoria, servicios de salud, entre otros. Estas barreras están fundamentadas en prejuicios sexuales y de géneroxenofobia, aporofobia, hipersexualización y desconocimiento por parte de funcionarios de las rutas para la atención a personas migrantes y LGBTIQ+. .
¿Cuáles fueron los hallazgos específicos encontrados en estas cuatro ciudades intervenidas?
Bogotá
La capital colombiana, sede de los máximos poderes públicos del país”, viven alrededor de 390.000 personas migrantes venezolans. No obstante, varias de las personas LGBTIQ+ consultadas manifestaron que no cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT), bien sea porque no cumplieron con los lapsos de permanencia en el país exigidos por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), o porque todavía no les han aprobado el documento. Esto les ha conllevado a no obtener servicio médico oportuno, y muy en particular con lo relacionado al tratamiento para el VIH. Muchas de estas personas que viven con VIH han tenido que recurrir a organismos de cooperación internacional para recibir tratamiento antirretroviral.
Adicionalmente, dentro de las personas participantes en el proceso de consulta ciudadana, se mencionó de forma recurrente el acceso a la educación superior. Frente a esto, la principal dificultad a la que se han enfrentado ha sido la imposibilidad convalidar sus títulos académicos obtenidos en Venezuela, bien por la falta de regularización migratoria o por las numerosas exigencias burocráticas exigidas por universidades del país.
Conseguir viviendas en arriendo ha sido otro dolor de cabeza, ya que se han encontrado con propietarios que los discriminan a razón de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o por su estatus migratorio. Este tipo de violencia es peor para las personas con experiencia de vida trans que realizan trabajo sexual. Incluso, muchas de ellas se enfrentan a grupos criminales que controlan los territorios y las extorsionan para permitirles trabajar en espacios públicos. También denuncian que sus identidades de género no son reconocidas en instituciones ni por la sociedad, sintiéndose obligadas a prescindir de ciertos servicios para no quedar expuestas al escarnio.
Bucaramanga
El continuo rechazo encontrado en la capital colombiana también se observó en Bucaramanga, pero con otros matices: propietarios de viviendas se niegan a arrendar a personas venezolanas LGBTIQ+ por múltiples razones basadas en prejuicios y aporofobia, quienes tienen que recurrir a amistades colombianas para que sirvan como fiadores o arrienden la habitación a nombre propio.
Varias de las personas consultadas que se encuentran involucradas en el comercio sexual han denunciado persecución institucional en espacios públicos. Algunas dependencias municipales solo brindan asesorías a víctimas y activan ciertas rutas de atención, pero no existe una representación jurídica efectiva por parte del ministerio público.
Algunas de las participantes relataron que se vieron en la necesidad de consumir alimentos tomados de la basura cuando tenían poco tiempo de haber llegado a la capital santandereana. Y, en cuanto al derecho a la salud, manifestaron que solo han recibido atención médica en casos de urgencias y que los tratamientos antirretrovirales son ofrecidos por organizaciones financiadas desde el extranjero.
Cali
En la capital del Valle del Cauca la situación no es diferente. Las personas consultadas manifestaron su inconformidad por la publicación de informes institucionales que estigmatizan a las personas LGBTIQ+ que viven con VIH, avivando aún más los prejuicios por serofobia.
Cuando buscan un lugar donde vivir, se encuentran con letreros que dicen: “No se arrienda a venezolanos”. Incluso, se han reportado situaciones de desprecio hacia personas con experiencia de vida trans por parte de dueños de viviendas, alegando motivaciones religiosas.
Cuestionaron que funcionarios policiales los retienen injustamente cuando descubren que son migrantes venezolanos, quienes pierden parte del día sometiéndose a interrogatorios incongruentes. También han sufrido rechazo en varias instituciones educativas que desconocen el PPT como documento válido, incluso han tenido que recurrir a acciones de tutela para hacer valer sus derechos. Todos estos problemas han derivado en una merma de la salud mental.
Santa Marta
En la capital samaria, las personas consultadas denunciaron discriminación y explotación laboral, recibiendo salarios muy por debajo de lo que ganaría un colombiano ejerciendo las mismas funciones. Las personas con experiencias de vida trans apuntaron que no pudieron acceder a empleos por su expresión de género. Esto ha conllevado a muchas al autoempleo informal, incluso al trabajo sexual o sexo por supervivencia.
Por parte de las participantes se interpeló la excesiva carga burocrática y pasos administrativos muy engorrosos para lograr una sencilla consulta médica o acceder a los tratamientos. Relataron que también les ha costado arrendar una vivienda, particularmente por sus identidades y expresiones de género diversas, así como por su origen venezolano.
En las Consultas, algunas manifestaron no poseer el PPT, a su vez, las personas con experiencia de vida trans desconocían que el ETPV les permite colocar sus nombres y expresiones identitarias en sus documentos. Además, denunciaron haber sido víctimas de distintas clases de violencia, destacando acciones cometidos por grupos armados en zonas fronterizas y pasos no autorizados (trochas), quienes además de asaltarlas, las agredieron por razón de la Osigeg diversa.
Ante estas realidades, es urgente que los gobiernos municipales y departamentales tomen acciones para cerrar estas brechas. Desde Caribe Afirmativo, estamos impulsando las discusiones en todas las mesas de planeación territorial que se adelantan en el país, con el propósito de generar políticas inclusivas, que derriban barreras y refuerzan el tejido de la integración de las personas migrantes venezolanas LGBTIQ+. ¡Te invitamos a participar juntas por una verdadera transformación social!