Barranquilla Derechos Humanos

Consecuencias de la criminalización de la identidad de género en los medios de comunicación

4 de mayo de 2021. Las noticias que involucran a mujeres trans con el trabajo sexual no suelen demorar en difundirse. Esta semana varios medios de comunicación locales registraron el caso de la trabajadora sexual del barrio Universal que le exigía su pago a un cliente por los servicios sexuales prestados. Los medios de comunicación de Barranquilla, apoyados por información proveniente de la Policía Metropolitana y de supuestos vecinos, registraron este evento de forma discriminatoria, prejuiciosa, misógina y poco profesional. El resultado: una persecución y amenazas de muerte con ella.

Periódicos como Al Día y El Heraldo, titularon la historia como “Págame el polvo: una nueva modalidad de atraco” o “Dinero o escándalo: modalidad de hurto de una mujer trans” respectivamente. El Heraldo, luego de que la población LGBT denunciara la desafortunada publicación modificó el texto dejando sólo “Dinero o escándalo: modalidad de hurto de una mujer en Barranquilla”, eliminando la palabra “trans” y dejando el encabezado: “escoge hombres a quienes los insulta en la calle cobrándoles por falsos servicios sexuales. Policía pide que víctimas denuncien.” De esta manera el contenido y el título de la noticia dejó de ser transfóbico para ser sólo misógino.

La gravedad de la situación no se queda en el evento que tuvo lugar el 23 de abril de 2021 cuya reportería reviste los tintes ya mencionados. Posterior a estos hechos, se han perpetrado amenazas de muerte en contra de la mujer trans que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. Ponemos en conocimiento de la opinión pública que la forma en como se ha registrado este evento ha ayudado a reforzar el riesgo que existe contra la vida e integridad de esta mujer trans, al difundir información que refuerza una versión de la historia que no toma en cuenta los indicios que existen sobre los hechos que están siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, como documentos que acreditan que se trataba de una relación comercial entre la mujer trans y el sujeto.

Lo preocupante de todo esto, además del riesgo para la vida de la mujer cuya familia también viene siendo amedrentada es que no existe un mínimo de rigurosidad para cubrir un acontecimiento como este. La solidaridad machista y la misoginia que mueven estas notas de prensa intentan ayudar al “macho” expuesto a recobrar su honor criminalizando a la mujer trans, posicionándolo como víctima sin ninguna clase de perspectiva crítica sobre lo ocurrido y sacrificando ante la opinión publica la vida de una mujer trans, la que al parecer, para ellos, tiene menor valor y no merece el mismo trato que recibiría otra persona en su lugar.

Los medios de comunicación, ni siquiera con autorización de la Policía Nacional están autorizados para realizar el perfilamiento criminal que se hace de la mujer trans. Llama la atención la imposibilidad de los y las periodistas para ver quien está realmente en una posición de vulnerabilidad como la que se presenta y la falta de visión sobre las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre la vida e integridad de las personas vituperadas.

Para extraer algunas lecciones que deja este terrible ejercicio periodístico, cabe recalcar que su cubrimiento periodístico, ilustra actitudes prejuiciosas y transfóbicas por parte de los medios de comunicación a nivel regional. Algunos de los rasgos a analizar son:

  • Sólo indagan por la versión “masculina” de los hechos. En ningún caso contactaron a la mujer trans.
  • Criminalizan la identidad de género al expresar que se trata de un “patrón criminal” propio de las mujeres trans que intenta naturalizar el estigma y prejuicios que las rodean.
  • Pueden incurrir en delitos como injuria y calumnia al endilgarle una conducta punible (hurto) y aún más, al trazar un falso “patrón de criminalidad” a la mujer trans, sin existir siquiera una denuncia o proceso en su contra.
  • Alientan a las supuestas víctimas a denunciar, lo que puede configurarse como una instigación a la falsa denuncia.
  • Acuden a fuentes poco confiables con el objetivo de reafirmar una historia transfóbica de los hechos. No se tiene prueba de que los supuestos moradores del barrio realmente sean vecinos del Universal.
  • Establecen conexiones entre situaciones de forma arbitraria. Mencionan el “caso de un vigilante” que también fue filmado con la mujer trans en un altercado pero no logran establecer los hechos directamente con el vigilante o la mujer trans, sino a través de un supuesto “testigo de oídas”, cuya declaración no se corresponde con la realidad.
  • Reafirman el estigma sobre el trabajo sexual y abogan por su marginalización y relegación a sitios de tolerancia.
  • Fortalecen los prejuicios que tiene el barrio en contra de ella por ser una mujer trans.
  • La exponen ante la opinión pública y refuerzan el ambiente hostil contra ella. A partir de su exposición sus redes de apoyo se han debilitado y se intensifican las amenazas de muerte en su contra vía redes sociales y de forma presencial.

Exigimos a los medios de comunicación que se retracten de sus acusaciones injuriosas y calumniosas antes de que esta situación escale a escenarios judiciales o se cumplan las amenazas de muerte de quien se considera ofendido en toda esta situación.

Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que ordene medidas de protección que garanticen la vida de esta mujer, que aplique el enfoque de género en la presente investigación y tenga en cuenta los hechos indicadores de prejuicio que rodean esta situación.

Las mujeres trans están en riesgo y los medios no deben aumentarlo.