16 de mayo de 2020. Este domingo, conmemoramos los 30 años de la decisión de la Organización Mundial de la Salud que, en 1990 retiró de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad y denunció que lo patológico era la actitud hostil que se genera hacia las personas LGBTI, proposición que fue acogida con voto mayoritario, pero que sólo comenzó a visibilizarse desde el 2005 con las primeras jornadas internacionales contra la homofobia (IDAHOT). En 2018, se amplió esta decisión cuando, nuevamente en asamblea general, la OMS saca la “incongruencia de género” – transexualidad- de esa clasificación de enfermedades mentales; sin embargo, la conserva en el capítulo de disfunciones sexuales, es decir ya no es un trastorno psicológico, sino un requerimiento físico que se debe asumir.
Este fecha fue el punto de partida para que, de un lado, Naciones Unidas comenzara, de manera sistemática, a exhortar a los países miembros a activar políticas públicas de atención a personas LGBTI, promover cuerpos legislativos que garanticen la no discriminación y acompañar a colectivos de la sociedad civil en la exigibilidad de sus derechos y, de otro lado, fue el eje motivador para que muchos países, en la década de los 90 y del 2000, realizaran reformas constitucionales o normativas, avanzaran en materia de protección a la personas LGBTI: desde el fortalecimiento de su vocación del derecho a la igualdad y la no discriminación, hasta la adopción del matrimonio igualitario y leyes de identidad de género.
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