Con el cierre bimestral 2020 el Caribe Colombiano se muestra un territorio de tensiones para las personas LGBT

4  de diciembre de 2020. A puertas de cerrar el 2020, la situación de derechos de las personas LGBT en el Caribe Colombiano sigue estando en jaque por la multiplicidad de hechos que han afectado el bienestar de mucha ciudadanía. En el mes de septiembre se hizo levantamiento de las medidas de aislamiento obligatorio y preventivo por el COVID-19 regresando a la nueva normalidad, sin embargo, la tendencia fue a una reducción en casos de muertes violentas a personas OSIGEG diversas, pero una tasa alta de dinámicas como amenazas, agresiones físicas, entre otros comportamientos en contra la integridad física sigue perdurando.

En “Contra la pared. Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en el caribe colombiano” donde se realizó un subregistro violencias registradas por el Observatorio de DD-HH de Caribe y correlación con los resultados de los últimos 10, se estableció que en materia de 17 personas que tuvieron muertes violentas, 5 casos de amenazas y 8 casos de abuso a la fuerza pública, en el que los departamentos de Atlántico y Córdoba se registran como territorios de alto peligros de conductas como el homicidio, y la Guajira en las restantes (amenazas y abuso de la fuerza pública).

Para el bimestre octubre y noviembre el Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo ha registró solo una muerte violenta en el departamento de Bolívar. El 04 de octubre del presente año se reportó el posible feminicidio de Michel, una mujer trans encontrada en la parte trasera de la Plaza de Toros, quien tenía una herida en el pecho, producida por un arma cortopunzante. La forma en cómo fue encontrado el cuerpo coloca en discusión una hipótesis importante: la presencia del prejuicio basado posiblemente en su identidad de género.

En lo que va del año 2020, este mismo Observatorio de DD. HH de Caribe Afirmativo registra nuevamente el departamento del Atlántico, el cual ocupa el primer lugar con mayor índice de muertes violentas, cuyo subregistro aumenta a 9 con estos hechos, seguido por Cesar y Magdalena con 5 muertes violentas cada una.  En los departamentos del Atlántico y Bolívar se registraron dos casos de muertes a personas LGBT (1 hombre gay y 1 mujer trans) en la vía publica por la omisión en la prestación del servicio de salud en medio de la cuarentena por el COVID-19.

Es preciso reiterar la alerta sobre los picos de violencias y el estallido de feminicidios en la región Caribe en el marco del aislamiento obligatorio, donde las mujeres LBT vivieron altos riesgos, por el contrario, los entornos privados se convirtieron en espacio de peligros, según esta afirmación, a la fecha, se han reportado 14 casos de posibles feminicidios en los que los móviles han estado relacionados con la orientación sexual e identidad de género: 7 en el departamento del Atlántico (3 mujeres trans y 4 mujeres lesbianas), 2 en el departamento de Bolívar (1 mujer trans y 1 mujer lesbiana, se reportó 1 caso de omisión en la prestación del servicio a una mujer trans que culminó en muerte en la vía publica), 1 Cesar (1 mujer trans), 4 en el Magdalena (2 Mujeres trans y 2 mujeres lesbianas).

Reiteradamente, elevamos la alerta en el Caribe Colombiano sobre la cantidad de muertes violentas de personas LGBTI que tuvo un gran crecimiento en cifras en medio del aislamiento obligatorio. Como es de conocimiento, las investigaciones en estos procesos no dan frutos, teniendo hasta el momento un margen de impunidad que oscila entre el 92% y el 96%, lo cual aumenta la preocupación sobre el restablecimiento de derechos y conseguir justicia sobre estos hechos. En ese sentido, hacemos llamado a la Fiscalía General de la Nación a realizar un proceso investigativo que permita esclarecer los hechos y determinar la identidad de los sujetos activos, la aplicación de un enfoque diferencial en donde se tenga en la teoría del caso la posibilidad de móviles prejuiciosos, una recomendación realizada por CIDH en el año 2018.

Otra práctica violenta sobre las personas OSIGEG diversas en el Caribe Colombiano son las amenazas, estas buscan hostigar, intimidar, excluir o restringir el goce o disfrute de los derechos de estas personas y/o grupos sociales, las cuales pueden individuales o generales. Este mismo subregistro del Observatorio presenta un gran número de amenazas a personas LGBTI, estas pueden dividirse en dos subgrupos: i) relacionadas con su trabajo y liderazgos, y ii) la visibilidad de su orientación sexual o la identidad de género. Bajo ese sentido, frente al primer subgrupo se ha presentado un gran índice de líderes y lideresas LGBT amenazas en departamentos como Bolívar y Sucre, quienes en algunos casos han tenido que salir desplazados por temor a los panfletos y mensajes directos, la amplia posibilidad de arremetidas que afecten su integridad o la de sus cercanos.

Paralelamente, en otros departamentos como Atlántico y Magdalena, el panorama se encuentra relacionado con la construcción de la identidad de las victima y las formas de relacionarse, en tal proporción, la persecución se ha dado con gran énfasis a hombres gais y mujeres lesbianas, quienes han sido hostigadas y discriminadas por sus expresiones de género, muestras de afecto y/o por la cosificación de sus cuerpos, por parte de sus agresores.

Por último, el Observatorio en este 2020 ha conocido de múltiples acciones violentas hacia las personas LGBT por parte de la Fuerza Pública en donde se han empleado empleo de armas y se ha buscado establecer jerarquías, las formas más frecuentes van desde las agresiones verbales, físicas, sexuales, hasta la detención arbitraria mediante procedimientos irregulares. Las principales de estas conductas han sido las mujeres trans, quienes han sido asediadas en procedimientos irregulares que desconocen sus identidades de género, así como el uso excesivo de las fuerzas. Algunos de los casos reportados implican una consecución de conductas que relacionan el abuso de la fuerza pública y las amenazas para buscar el silenciamiento de las víctimas. Esto implica un desconocimiento e insuficiencia de las Directiva 003 de 2014, puesto que los tratos crueles, degradantes e inhumanos, la violencia sexual y la aplicación selectiva de las leyes.