22 de enero de 2021. En los últimos días, Caribe Afirmativo tuvo conocimiento de las amenazas hacía líderes y lideresas de El Salado, corregimiento perteneciente al municipio de El Carmen de Bolívar, ubicado en la zona de Montes de María. Territorio destacado por la belleza de sus montañas y por los procesos de memoria histórica y resiliencia de sus habitantes, puesto que a finales de los noventa y comienzos del dos mil esta zona del país vivenció 56 masacres por la ola de violencia que dejo el conflicto armado interno.
Desde la semana pasada un panfleto con las fotografías de los líderes y lideresas circula por las calles del pueblo ordenándoles abandonar sus hogares. Lo cual ha causado pánico entre los líderes, quienes ya han denunciado estos hechos y solicitan protección para ellos y sus familias. Además, se trata de personas sobrevivientes de la masacre ocurrida entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, que fue perpetrada por paramilitares.
A su vez, la población indica que desde el pasado viernes 15 de enero han llegado mensajes de texto a sus celulares con listas de los nombres de los líderes y víctimas de dicha masacre. A esto se suma que en los últimos meses han vivido circunstancias que alteran el orden público y la tranquilidad de sus habitantes, puesto que varias veces han tenido apagones y a las amenazas también se le suman mensajes de WhatsApp con contenido ofensivo e intimidante.
Ellos son quiénes han motivado a la población a retornar a sus casas y han participado en varias iniciativas de construcción de paz y reconciliación en el territorio, que le apuestan a la recuperación del tejido social y la convivencia pacífica en El Salado.
Desde sus experiencias de resistencia se encuentra la de Mayerlis Angarita líder social de Montes de María, que ha recibido amenazas en más de una ocasión y cuya historia de vida y liderazgo es ejemplo de resiliencia en su comunidad, ya que ella fue de las primeras personas que convocó a otras mujeres de la comunidad a realizar ejercicios de memoria histórica a través del canto y la narración oral de estas situaciones.
Otra de las lideresas afectadas es Yirley Velasco, quién denunció públicamente que las amenazas para ella y su familia ocurren de manera frecuente, sembrando el temor de 21 años atrás. En julio del 2020, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano tomar medidas cautelares y de protección para Yirley, porque su vida y la de los suyos se encuentra en riesgo. Debido a su participación política como lideresa y acompañante en la defensa de derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.
Como también el caso del El Colectivo de Comunicaciones de Montes de María que a través del ejercicio periodístico y artístico ha generado espacios de reflexión y resignificación en la comunidad. Narrando historias, compilando testimonios, fotografías, cantos, expresiones artísticas que resignifican estos hechos violentos abriendo puertas a un proceso de sanación y esperanza en esta zona rural del país. Sin embargo, pese a los grandes avances el miedo a que la historia se repita ha perturbado su serenidad, porque ellos no han estado exentos de estas intimidaciones.
El año pasado en el mes de noviembre, la Procuraduría General de la Nación en el marco del evento “Lidera la vida”, diálogo llevado a cabo en el Carmen de Bolívar escuchó las preocupaciones de la comunidad en materia de seguridad, y se comprometió a diseñar una hoja de ruta para su protección, enfatizando la activación inmediata de la misma.
Desde Caribe Afirmativo rechazamos profundamente este tipo de persecución que padecen los defensores y defensoras de los derechos humanos en El Salado, quiénes en los últimos años se han dedicado a recuperar el tejido social de su corregimiento a través del activismo y el liderazgo de procesos de paz y reconciliación.
También hacemos un llamado de atención al Estado, las entidades correspondientes y diferentes organizaciones a dar prioridad a estos territorios en las agendas de paz, que se ven nuevamente vulnerados y revictimizados por los actores armados que pretenden controlar estos municipios. Teniendo en cuenta que sólo en el año pasado hubo 91 masacres en el país y 4 de ellas se presentaron en el departamento de Bolívar, situación alarmante que pone en riesgo el accionar de los colectivos, corporaciones, líderes, lideresas, gestores y gestoras que a diario luchan por recuperar la paz y armonía en su día a día.
Reiteramos a las autoridades pertinentes que investiguen estos hechos para identificar a los responsables y garanticen medidas de seguridad, protección y no repetición a los líderes y lideresas. Con el fin de salvaguardar su vida y brindar condiciones dignas para que continúen con el ejercicio de su labor y sigan liderando procesos de consolidación de una cultura de paz y no violencia en aquellas zonas del país que han sido golpeadas por el conflicto armado colombiano.