Hoy conmemoramos los siete años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia y, en el marco de la conmemoración, detallamos cómo está el panorama de paz en el país y cuáles son los retos en las garantías de una vida digna para las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado.
24 de noviembre del 2023. Un día como hoy, hace siete años, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, quedando formalmente ratificado como un proceso que significaría el fin del conflicto armado interno en Colombia, que se había perpetuado en el país durante cerca de 60 años. Este Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP ha sido un logro histórico en el país y en el mundo, pues abordó tanto cuestiones humanitarias, como aspiraciones de construcción de una sociedad más justa y estable. Poner fin al conflicto armado en Colombia se pensó como un gran paso para reducir la violencia en el país, proteger los derechos humanos, mejorar las condiciones de vida de los miles de colombianos que fueron impactados por el conflicto y garantizar mejores posibilidades de construcción de proyectos de vida de manera digna a lo largo y ancho del país.
El Acuerdo le mostró al país la posibilidad de lograr vivir en paz a través de una reconciliación nacional entre diferentes sectores de la sociedad colombiana, incluyendo víctimas, excombatientes, grupos y poblaciones afectadas. La construcción de un entendimiento compartido de la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto armado ha sido un paso clave en este proceso de materialización de la paz en Colombia, esencial para sanar las heridas causadas por la guerra. En este proceso, en el marco del Acuerdo de Paz, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición del conflicto armado en Colombia. Esta entidad autónoma del Estado colombiano, durante su mandato, desplegó acciones por todo el país para escuchar a las víctimas y excombatientes, en aras de esclarecer los patrones y causas explicativas subyacentes del conflicto, con el fin de aportar a la construcción de una paz duradera y sentar las bases para un futuro más estable y equitativo en el país. Su arduo trabajo hoy reposa en su Informe Final que, además de detallar las causas, impactos y resistencias ante el conflicto armado, dejó al país unas recomendaciones que serían la hoja de ruta para una paz efectiva en Colombia.
Como organización —y por la razón social y sentido de nuestra lucha— hemos sido parte del proceso de materialización de la paz en Colombia, desde la participación de Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, como la primera persona y organización LGBTIQ+ en la mesa de diálogos con las FARC-EP, visibilizando las formas de violencias que impactaron de forma diferenciada a las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas en el marco del conflicto armado. Del mismo modo, hemos estado incidiendo hasta hacer efectivos procesos en el sistema de justicia transicional, como la apertura del Macrocaso 11 de la JEP —que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio—; somos parte de la Red Aliada por el Legado de la Comisión de la Verdad; contamos con el primer museo itinerante de la memoria LGBTIQ+; impulsamos el primer Congreso Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el país y, también, en cabeza de nuestro director, estamos presentes en el Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la CEV, siendo guardianas de la verdad y velando por una paz efectiva, estable y duradera.
¿Cómo está la paz?. A partir de los mencionados procesos y en nuestras líneas de trabajo en materia de paz y conflicto armado —y basándonos en el primer informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la CEV— hemos hallado dos puntos importantes en la consolidación de una paz efectiva e integral en el país. En primer lugar, la implementación de las recomendaciones en la vida institucional del orden nacional avanza con cierta lentitud y, aunque no se cumplirán los plazos esperados (que preveían avanzar en un 45% de las recomendaciones en el primer año), se están logrando avances, como la aprobación del proyecto de Paz Total. Pero, en segundo lugar, aún no se ha logrado definir cuál es el papel territorial de las recomendaciones y las responsabilidades de los entes territoriales para hacerlas realidad, especialmente para materializarlas en la vida cotidiana de las personas.
Es importante reconocer avances en este proceso, como la aprobación del proyecto de paz total, que permite materializar el compromiso del gobierno actual con lo que llaman las recomendaciones como “la paz completa”; la construcción debate y aprobación del Plan de Desarrollo que, si bien no aprobó el Artículo 8, que estaba relacionado concretamente con las recomendaciones, logró avances estratégicos en otros puntos; en las propuestas legislativas en el Congreso de la República, se materializaron algunas leyes, como el estatuto del campesinado; la consolidación de la bancada por la paz en el Congreso y, en ella, el avance de propuestas legislativas concretas en materia de memoria y paz; la creación del Ministerio de Igualdad y desde él, la atención a los grupos más vulnerables y excluidos; la discusión de la reforma política y el régimen electoral que, si bien no prosperó, logró hacer un llamado para profundizar la paridad y garantizar la participación a grupos subrepresentados; el ejercicio diplomático de proponer a la comunidad internacional pensar un cambio sustancial en la política de droga, la apertura del Macrocaso 11 de la JEP; y, por último, los recientes encuentros de la Red Aliada por el Legado de la CEV.
Sin embargo, hay grandes retos que están impidiendo que la sociedad colombiana pueda gozar de una paz integral, efectiva y duradera; la realidad es que muchos territorios del país hoy siguen siendo víctimas de diferentes tipos de violencias causadas por enfrentamientos entre grupos armados, disputas de intereses y reasentamiento de estos grupos en veredas, municipios y ciudades y, con ellos, sus prácticas violentas que impiden el desarrollo de proyectos de vida digna. Estos retos están relacionados, en primer lugar, con la desconexión de los gobiernos con la cultura de paz y la ausencia de propuestas de candidaturas electas en las anteriores elecciones territoriales que, en ocasiones, se ha traducido más bien en expresiones de odio. En segundo lugar, los vacíos en procesos de reparación, como la reducida comprensión, por parte del Estado, sobre las experiencias de vida de personas LGBTIQ+ y otros grupos históricamente vulnerados. En tercer lugar, es evidente un recrudecimiento de la violencia en territorios que hacen parte del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y, por último, la falta de apropiación social del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, particularmente del Informe Final y sus recomendaciones.
¿Cómo está la paz para las personas LGBTIQ+?. Los diálogos entre el gobierno y las FARC convocaron en la Mesa de la Habana a la Subcomisión de Género, Caribe Afirmativo y a otras organizaciones, dando como resultado el acuerdo 085 de la Mesa de la Habana, que se conoce como el enfoque de género, que luego se implementó en todo el acuerdo y que asume como compromiso dar cuentas en la implementación de cada uno de sus seis puntos acordados sobre cómo el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+, en razón de su diversidad sexual, identidad y/o expresión de género. Este compromiso, luego se materializó en la justicia transicional, conformada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Estas entidades —todas con unidades y grupos de trabajo que dentro de su misionalidad— han ido dando cuenta de esta afectación. Por ejemplo, la JEP ha incluído en sus macro casos a las víctimas LGBTIQ+ y avanza en la documentación del crimen de persecusión, motivado por discriminación a la orientación sexual o diversidad de género. Por su parte, la Comisión de la Verdad en su Informe Final, en el capítulo ‘Mi cuerpo es la verdad’, da cuentas de esta violencia y entrega unas recomendaciones específicas de cómo superarla. Del mismo modo, la UBPD está buscando con enfoque de género; tiene 49 personas LGBTIQ+ identificadas como desaparecidas y cuenta con un grupo de expertas provenientes del movimiento LGBTIQ+, que brindan asesoría sobre cómo buscar a las personas sexo-género diversas y cómo integrar a sus familias sociales.
Pese a estos avances, en los territorios donde habitan personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado, aún hay asuntos pendientes respecto a garantizarles mejores condiciones de vida y garantías de no repetición de las violencias sobre sus cuerpos y sus vidas. Por ejemplo, en espacios como el gran diálogo promovido por la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) en el Atlántico, cuyo eje espacial de discusión fue la situación de los derechos de las víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado y que contó con la participación de muchas de ellas que hacen parte de las mesas territoriales, se estipularon cinco emergencias que se esperan sean acogidas pronto en los procesos de construcción de paz en Colombia, siendo los siguientes:
- La protección de la vida de forma integral al florecimiento que en los territorios están teniendo las personas LGBTIQ+ que se han visto empoderadas en las Mesas de Participación.
- El ajuste con urgencia y con garantías de avance de los planes de reparación de los cuatro sujetos de reparación colectiva, su seguridad y restablecimiento pleno de derechos.
- La urgencia de que la institucionalidad para las víctimas pase de la enunciación de los sujetos de diversidad sexual en sus discursos a tener grupos de trabajo con poder de decisión y recursos que permitan que avancen con asertividad en el reconocimiento y la reparación a las víctimas desde los enfoques poblacionales.
- Que se construya un plan de trabajo en materia de atención a las agendas de diversidad sexual y de género que armonice las acciones con un plan de acción que garantice el cumplimiento de las recomendaciones de la CEV.
- Que se consolide y llene de contenido con un plan de acción para la implementación del concepto de reparación transformativa, con indicadores, metas y resultados medibles.
“Así como hace 13 años Caribe Afirmativo fue la organización que en el diálogo de sociedad civil buscó ser garante de este avance de incluir por primera vez a las personas LGBTIQ+ en el cuerpo legislativo del país y hacerlo enunciándolas como víctimas del conflicto armado para superar el déficit de derechos al que la guerra las había sometido, hoy estaremos vigilantes no solo a que estas demandas ciudadanas sean acogidas, sino que se cuenten con las garantías necesarias para que, de una vez por todas, y aprovechando este escenario de paz total, logremos que en este país las personas de diversidad sexual pasen de ser víctimas a ciudadanía con plenos derechos para desarrollar su proyecto de vida”, expuso Wilson Castañeda en la Reflexión Afirmativa ‘Por una reparación transformativa para las personas LGBTIQ+ víctimas del conflicto armado en Colombia’.