20 de julio de 2022. En los últimos 4 años, el país ha vivido grandes cambios los cuales se han reflejado en los contextos de vida, así como en las libertades y derechos individuales, y otros derechos humanos. Por esto, en las pasadas elecciones al Congreso de la República se vio un notorio cambio en la dinámica legislativa, la cual iniciará este 20 de julio de 2022, en razón a que hubo un movimiento hacia la izquierda, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que implica una serie de cambios en los avances de los proyectos de ley o acciones relacionados a personas LGTBIQ+, como es el caso: Proyecto de ley “Inconvertibles” y el control político sobre la implementación de la Política Pública LGBTIQ+.
Estas dinámicas han traído grandes cambios, el primero de ello, los partidos que tradicionalmente tenían mayorías en el Congreso, tales como: Centro Democrático, Cambio Radical y Partido de la U disminuyen su cantidad de curules. Dichos lugares, ahora serán ocupados por partidos por el Pacto Histórico y Partido Verde, los cuales aumentaron sus curules, un dato significativo que pone a pensar en las dinámicas legislativas de los próximos 4 años.
Es necesario mencionar que la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez puede implicar un cambio en los procesos legislativos, sin embargo, no significa que estas iniciativas se han desarrollada por el órgano colegiado. De hecho, ya varios partidos han manifestado su posición sobre el nuevo gobierno, aunque no se percibe ninguna sorpresa, por el momento varios de los partidos de han declarado de gobierno tales como: Pacto histórico, Alianza verde y Comunes, por otro lado, de oposición algunos como: Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Conservador. Teniendo en cuenta esto se espera que en los procesos de construcción de proyectos de ley sobre personas LGBTQ+ y en la implementación de la política pública los partidos en oposición se verán desinteresados en los procesos que impliquen el avance de los mismos.
Posterior a las elecciones legislativas del 13 de marzo del presente año, la composición de las bancadas en el Congreso de la República ha tenido varios cambios como consecuencia de los más de 5000 mil reclamos a causa del millón de votos que la Registraduría informó que aparecieron posterior al conteo inicial, por lo que el Consejo Nacional Electoral ha sumado y restado curules a las bancadas durante estas semanas debido a la resolución de algunos de los reclamos y el proceso de escrutinio que realiza (El Espectador, 2022).
En ese sentido, tras la conclusión de los escrutinios, a continuación, les presentamos la composición del nuevo Congreso de la República:
El Senado:
El Senado de la República tiene 108 curules, las cuales quedaron distribuidas de la siguiente forma: Pacto Histórico: 20 senadores; Partido Conservador: 15 senadores; Partido Liberal: 14 senadores; Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza: 13 senadores; Centro Democrático: 13 senadores; Cambio Radical: 11 senadores; Partido de la U: 10 senadores; Coalición Colombia Justa Libres-Mira: 4 senadores; Partido Comunes: 5 senadores; Circunscripción indígena: 2 senadores, y una curul para Rodolfo Hernández como lo dicta el estatuto de oposición.
Cámara de Representantes:
La Cámara de Representantes de la República tiene 187 curules, las cuales quedaron distribuidas de la siguiente forma: Pacto Histórico: 28 representantes; Partido Conservador: 27 representantes; Partido Liberal: 33 representantes; Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza: 16 representantes; Centro Democrático: 16 representantes; Cambio Radical: 18 representantes; Partido de la U: 16 representantes; Coalición Colombia Justa Libres-Mira: 2 representantes; Partido Comunes: 5 representantes; Nuevo liberalismo: 1 representante; Fuerza Ciudadana: 1 representante; Colombia Renaciente: 1 representante; Liga Gobernantes Anticorrupción: 2 representantes; Juntos por Caldas: 1 representante; Circunscripción Indigena: 1 representante; Circunscripción Afro: 2 representantes; Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: 16 representantes. y una curul para Marelen Castillo como lo dicta el estatuto de oposición.
Retos del Nuevo Congreso
El nuevo Congreso de la República que estará encargado de legislar y hacer control político durante los próximos cuatro años (2022-2026), tiene varios retos en materia de política social y económica para el país ante la deuda expresada por la ciudadanía que se movilizó durante el Paro Nacional de 2021 a raíz de las problemáticas y desigualdades estructurales que hoy agobian a Colombia en materia de educación, salud, trabajo, ambiente, paz, entre otras temáticas de interés nacional.
Así las cosas, uno de estos temas es el compromiso político con las agendas de la población LGBTI+ del país, pues es imperante que durante estos cuatro años se tomen las acciones necesarias para garantizar los derechos que se les fueron vulnerados durante la pandemia; la cual fue un contexto de desprotección que develó las profundas desigualdades sociales ocultas en un modelo de desarrollo que ha camuflado inequidades históricas e invisibilizado barreras en el acceso a derechos sociales, económicos y culturales que impiden el ejercicio pleno de ciudadanía (Caribe Afirmativo, 2022)[1].
En ese sentido, consideramos necesario que el nuevo Congreso analice los contextos sociales de las personas LGTBI+ e implemente leyes y un control político íntegro que permitan avanzar como sociedad civil en la exigibilidad de obligaciones en materia de derechos por parte del estado. A continuación, presentamos los retos del nuevo Congreso de la República con las personas LGBTI+ de Colombia:
- La radicación inmediata -ojalá el mismo 20 de julio día en que se posesiona e instala las sesiones ordinarias en el Congreso de la República-, del proyecto de ley “Por medio del cual se prohíben los ECOSIEG en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental” proyecto, que fue radicado en el pasado periodo legislativo 2021 – 2022 por el Honorable Representante Mauricio Andrés Toro Orjuela y que tras sufrir varios obstáculos para su discusión y primer debate en la Comisión Séptima Permanente donde fungió además como su coordinador ponente, fue archivado por la Cámara de Representantes al no haber sido aprobado en los debates requeridos dentro del periodo legislativo en el que fue presentado tal y como lo establece el artículo 190 de la ley 5 de 1992.
La iniciativa que tenía por objeto eliminar en todo el territorio nacional a través de la creación de una ley ordinaria los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género (ECOSIEG) promovidos por profesionales y no profesionales de la salud como una medida tendiente a la protección de la diversidad sexual y de género, representó esa búsqueda incansable por avanzar de manera significativa en la lucha por el reconocimiento y respeto de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Proteger la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de la población LGBTI+, se han convertido en temas objeto de varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en los que ha buscado instar al Estado colombiano a crear herramientas dentro de su ordenamiento jurídico para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas LGBTI+ en el país.
Los ECOSIEG, han sido considerados como acciones de naturaleza discriminatoria, cruel, inhumana y degradante que implican un riesgo considerable de tortura a partir de la noción errónea de que la diversidad sexual y de género son patologías aptas de tratar, corregir o cambiar[2] a través de terapias y maltratos físicos que pueden desencadenar graves daños psicológicos incluyendo episodios de ansiedad, confusión, ira, culpa, vergüenza, baja autoestima e incluso, consecuencias negativas que terminan en episodios de suicidio de personas LGTBI, desconociendo, que ni la orientación sexual ni la identidad o expresión de género constituyen, un factor determinante para valorar la salud mental de una persona o un motivo por el cual deba ser sometida a esfuerzos orientados a cambiar o reprimir su diversidad.
Este proyecto, representaría acabar con el sufrimiento de personas LGTBI+ que por causas diversas, han tenido que enfrentarse a estas terapias vulnerando sus derechos fundamentales y colocando en riesgo su vida; es por tal motivo, que el Congreso entrante deberá despojarse de todo tipo de prejuicios, tener voluntad política sin generar dilaciones injustificadas y avanzar efectivamente hacia la creación de una agenda política que incluya debatir y aprobar dentro de los términos establecidos y requeridos, iniciativas como éstas y crear dentro del ordenamiento jurídico colombiano, leyes que además de promover el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas LGTBI+ en el país, dignifiquen su vida erradicando la concepción social de que las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades y expresiones de género diversas, presenta algún tipo patología o enfermedad de desviación o alteración de lo que es considerado como “normal” y tomen este argumento como justificación para considerar que existe una cura que incluya la realización de maltratos y torturas que atenten contra su vida e integridad personal.
- Podríamos decir que Colombia se encuentra en un momento histórico, existe una esperanza en mejorar los contextos de vida de la ciudadanía y en esto se incluye la garantía y respeto de personas LGBTQ+. Por esto, el actual congreso tiene un reto en continuar con los avances ejercidos por los últimos 4 años en materia de diversidad sexual. En ese sentido, se espera un ejercicio de control político para la ejecución de la política pública LGTBI+ nacional, asimismo es fundamental que el nuevo congreso le exija al gobierno de Gustavo Petro la implementación de esta política pública en miras de no solamente garantizar un adecuado ejercicio de la gestión pública, sino también la materialización de los servicios que debe ofertar el Estado para la protección y dignificación de la vida de personas LGBTI+ en Colombia.
- Por otro lado, se convierte en una necesidad que el nuevo Congreso legisle en favor de la creación de una Ley Integral Trans que vele por aunar garantías para cerrar las brechas de desigualdad que sistemáticamente han impedido la materialización efectiva y el acceso a derechos como educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria, identidad y, sobre todo, el derecho a la vida.
Hoy por hoy las personas LGBTQ+ experimentan violencias sociales que se han institucionalizado por la acción u omisión de un Estado que no brinda las garantías necesarias para la protección diferenciada de estas en Colombia y que el ejercicio de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas tengan garantía real.
Celebramos la democracia en Colombia, pues en estas elecciones 26 candidaturas abiertamente LGBTI participaron en la contienda electoral, con el fin de llegar al Senado y la Cámara de Representantes, lo que supone un aumento del 85.71% con respecto a las elecciones anteriores. Hoy contamos con 7 congresistas abiertamente LGBTIQ+, los cuales se enfrentarán a las dinámicas de un órgano colegiado esquivó sobre los temas relacionados de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
[1] Caribe Afirmativo. (2022). Experiencias de personas LGBT en Colombia en el marco de la pandemia. Una aproximación en perspectiva de derechos.
[2] Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas. “Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o de género. Práctica de las llamadas terapias de conversión”, 3 de julio de 2020