Hay avances significativos que hacen que, de entrada, este sea ya un gobierno garante de derechos. No obstante, se deben corregir algunas cosas de improvisación y de esnobismo que, por su afán de aparecer, les está llevando a promover acciones con daño, o parecer más burocráticos que efectivos.
Al llegar al primer año del gobierno del Cambio que, entre otras cosas, asumió un compromiso directo con las personas LGBTIQ+ —en contravía del gobierno anterior, que obstaculizó los avances, compromisos y tareas pendientes— quiero hacer un balance de los avances en este año, los retos pendientes, así como los retrocesos, dificultades y desafíos, de cara a las elecciones territoriales. Del mismo modo mencionaré lo que, en este escenario, se debe avanzar para garantizar en los territorios, que es donde se denuncian las principales violencias, la vida digna de las personas sexo-género diversas.
En materia de avances y buenas prácticas en materia política quiero resaltar:
- La capacidad de diálogo directo con el movimiento LGBTIQ+ en los territorios al incluir en las mesas de diálogo, de cara a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, un espacio propio, con metodología adecuadas y presidido por las mismas personas LGBTIQ+, con el fin de diagnosticar principales problemas y, al mismo tiempo, identificar rutas de implementación. Ciudades como Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio dieron cuentas, en el marco de los Diálogos regionales vinculantes (como se tituló estos espacios), de situaciones como la violencia policial, la marginación laboral, la ausencia de programas educativos y el déficit de derechos de personas trans. También se recogieron propuestas, como crear mesas territoriales de seguimiento, promover acciones afirmativas en materia laboral y avanzar con urgencia en la ley integral trans.
- El Plan de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ se convirtió en el primer plan nacional que incluye a las personas LGBTIQ+. Desde el año 2010, venía siendo incluido en algunos puntos en la línea base que, en términos concretos, da contexto, pero no genera ninguna acción concreta desde este instrumento, que es la carta de navegación de las acciones del desarrollo del país en un cuatrienio. En este caso, el gobierno de Petro y Francia incluyeron por primera vez en el articulado cuatro acciones así: a. La creación de un sistema de monitoreo y seguimiento para prevenir la violencia en colaboración con otras fuerzas del Estado; b. La creación, como acción afirmativa, de políticas laborales para que las personas trans puedan acceder a espacios laborales; c. La reactivación de la política pública para la construcción de su plan de acción de forma participativa e iniciar su implementación; y d. La puesta en marcha de una campaña educativa de cultura ciudadana para preservar la vida de las personas sexo-género diversas como vidas vividas integralmente.
- El compromiso asumido por la vicepresidenta, de liderar las agendas de protección de las personas LGBTIQ+ y la creación para este propósito de la Gerencia de la Diversidad, espacio liderado por una mujer trans que viene formulando acciones de acompañamiento a las iniciativas de las personas sexo-genero diversas en el país y proponiendo acciones de políticas públicas y bienestar con enfoque diferencial.
- La reactivación, dentro del Ministerio del Interior, como órgano rector desde su dirección de Derechos Humanos, de la política Pública LGBTIQ+ y la reactivación —en colaboración con La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo— de la Mesa de Casos Urgentes para la prevención y atención de los graves casos de violencia que, además, como estrategia política ha estado acompañada de un amplio diálogo de país, pues es un ministerio que se ve en los territorios hablando y construyendo acciones con el movimiento social.
- La creación del Ministerio de Igualdad como respuesta institucional para ofrecer capacidad instalada y acciones concretas a los grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados, entre ellos las personas LGBTIQ+. Dicha cartera propone un viceministerio que se propone contar con indicadores de transformación e impacto y metas medibles que den, como resultados tangibles, cambio de estructuras y prácticas que impiden el desarrollo de los proyectos de vida de las personas LGBTIQ+.
- La vinculación de personas abiertamente LGBTIQ+ en cargos públicos con poder de decisión y altísimo nivel de confianza. Personas que, no solo son abiertamente en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, sino que estando en la sociedad civil o la academia, han aportado mucho a la transformación de imaginarios prejuiciosos. Este es el caso de Néstor Osuna, Ministro de Justicia; Mauricio Toro, director del ICETEX; Sandra Mora, comandante Policía de Cúcuta; Charlotte Sneider, directora regional en Bogotá del Departamento para la Prosperidad Social (DPS); Francesca Mcquoid, gerenta de Diversidad de la Vicepresidencia. Además, destacan equipos muy robustos de trabajo de personas LGBTIQ+, tanto en la Gerencia, como en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
- Respuestas situadas que han dado algunos Ministerios, invitando al dialogo al movimiento LGBTIQ+ para incluir acciones concretas en sus planes, la inclusión de aspectos concretos en sus reformas, los procesos de formación interna y la vinculación de algunas personas sexo-género diversas en sus equipos de trabajo. Situación que se observa en los Ministerios del Trabajo, Educación, Relaciones Internacionales, Agricultura y Justicia y en entidades del orden nacional, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, y la Unidad de Víctimas entre otras.
En materia de equivocaciones o errores que se identifican en este primer año de gobierno, se pueden señalar:
- La duplicación de esfuerzos y el choque de trenes que se encuentra en las funciones que despliegan, tanto la Gerencia de la Diversidad, como el Ministerio del Interior que, por la falta de claridades en sus funciones, en ocasiones, parece que duplican esfuerzos o repitieran acciones. Esto no les permite optimizar recursos y terminan poniendo a la ciudadanía en procesos paralelos.
- La desconexión entre las necesidades en materia de derechos humanos y su respuesta. En días pasados, una reunión de seguimiento promovida por la Procuraduría General de la Nación en Montes de María dio cuenta de ello; una alerta temprana (033 de 2022) que señala riesgos de las personas trans en esta subregión, que se pudieron evitar. En dicha reunión, si bien estuvo el gobierno en pleno, no solamente dejaron constancia de desconocer la alerta temprana, sino que los asistentes identificamos que las acciones que están promoviendo en este territorio distan de las señaladas y solicitadas por el Ministerio Público en dicha alerta, y ello explica por qué no se evitaron dichas violaciones a los derechos humanos.
- La visión centralista de la apuesta por los territorios, que se condensa en pensar el país desde Bogotá, con personas en Bogotá, que luego despliegan sus equipos por el país, como iniciara la Vicepresidencia, o congregan a los activismos en Bogotá, como lo propone en Ministerio del Interior. Pero, en ambos casos, todavía con la miope percepción de que el centro piensa el país; el país diverso se constituye en torno a las prácticas centralistas.
- El afán de originalidad de las instancias, que las lleva a pretender construir desde cero, desconociendo avances que, a pesar de la adversidad, se han tenido. La terquedad de no escuchar lecciones aprendidas de propuestas que no han sido efectivas o prácticas que han funcionado y se pueden replicar y la desconexión que se evidencian con otras entidades del Estado que están remando para el mismo lado, como las Duplas de Género de la Defensoría, o la oficina de Políticas Públicas de la Fiscalía.
- La ausencia de una hoja de ruta puesta en público, que permita saber hacia dónde van. Semanalmente llegan convocatorias y propuestas nuevas, pero se desconoce el origen y la motivación; no guardan relación con las implementadas anteriormente y tampoco expresan hacia dónde quieren llegar. Eso puede, de un lado, mandar un mensaje equívoco de mucha burocracia para pocos resultados —que no es lo que perseguía el movimiento al reclamar institucionalidad— o que terminan promoviendo acciones con daño.
En materia de oportunidades para que este gobierno consolide sus apuestas por los derechos de las personas LGBTIQ+ en los meses siguientes, encuentro estas:
- Materialización de la paz total. La inclusión de las personas LGBTIQ+ en el grupo de sociedad civil que promoverá un escenario participativo en los diálogos de paz con el ELN, así como el avance de la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —que algunas de ellas son específicas para las personas sexo-género diversas— es una oportunidad para que la consolidación de la paz se traduzca en garantía de vida digna para las personas LGBTIQ+. Esto, aunado a seguir fortaleciendo los Consejos territoriales de paz y, allí, la participación de las personas LGBTIQ+. También, en la reformulación de los PDTES que está en marcha, consolidar el enfoque de género.
- La bancada arcoíris que, por primera vez en la historia, presenta un bloque LGBTIQ+ en el Congreso, que está trabajando en materia legislativa por los derechos de la diversidad sexual y de género, son aliados claves. Además, rodearlos desde el ejecutivo en dos leyes que serán claves en esta legislatura, como lo son la prohibición de las ECOSIC y la Ley Integral Trans, puede ser una buena práctica de un Estado que aúna esfuerzos por el bien de la ciudadanía que, además, en el legislativo se puede consolidar en el control político que estos hacen y en su liderazgo territorial (de los siete, seis son de circunscripciones territoriales).
- Las elecciones territoriales que se llevarán a cabo en dos meses indicarán quiénes gobernarán alcaldías y gobernaciones los próximos cuatro años. Requerimos que los gobiernos locales tengan compromisos concretos con los derechos de las personas LGBTIQ+, avanzando e implementando políticas públicas, activando acciones afirmativas, promoviendo acciones para reducir la pobreza, desescolaridad y desempleo que viven las personas sexo-género diversas. Ello debe ser en alianza estratégica con el gobierno nacional para que todas estas buenas políticas se puedan materializar en la vida de la gente. Además, requerimos una gran campaña de país en cada territorio, tendiente a la cultura ciudadana, para que se pueda luchar contra la propagación de discursos, expresiones y acciones prejuiciosas que aumentan los niveles de violencia.
- El liderazgo regional que Colombia ha conseguido en el Sistema Interamericano liderando el Coorp Grups LGBTIQ+ de la OEA, su propuesta acertada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para avanzar en analizar los retos de la construcción de paz para las personas sexo-género diversa, la activación de la implementación de la resolución 1325 sobre mujeres paz y seguridad —que incluye a las mujeres LBT y la activación de la política feminista, aunado al liderazgo de sus organizaciones sociales a nivel internacional— y el ejemplo que muchos países vecinos toman de Colombia a raíz de las sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido derechos, o el protocolo de voto trans de la registraduría, o la protección migratoria a mujeres trans, como indica el ETPM, son herramientas que deben llevar al gobierno a buscar, cada dia, mejorar los estándares de calidad, transformación y satisfacciones de sus acciones en materia de acceso a derechos para personas LGBTIQ+.
Ha sido un buen arranque de gobierno en lo que se refiere a derechos de personas LGBTIQ+; hay que hacer algunos ajustes, optimizar escenarios y, sobre todo, es fundamental que todo esto se pueda medir, no en burocracia, sino en que se pueda demostrar que en este país se está mejorando la vida de las personas sexo-género diversas. Ello permitirá que, no solo este gobierno cumpla con su tarea de hacer de este país una potencia de vida bien vivida para las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex, queer y no binarias, sino que podrá construir las estructuras sólidas para que los discursos de odio, los vientos de retrocesos o los procesos políticos que nos vengan a futuro no pongan en jaque la vida digna de las personas LGBTIQ+, ni hagan del odio su política estatal.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo