30 de mayo de 2025. Las leyes en Colombia hablan de igualdad, pero las cifras gritan otra cosa. Durante su visita oficial al país, el Experto Independiente de Naciones Unidas para la protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, Graeme Reid, constató una dolorosa paradoja: un marco jurídico robusto que no logra detener la violencia sistemática contra las personas LGBTIQ+. Aquí tienes un párrafo de apertura para tu reportaje:
En su recorrido por Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla, el experto se reunió con autoridades locales, organizaciones sociales y personas diversas en identidades, orígenes y geografías. Lo que encontró fue una ciudadanía profundamente golpeada por la exclusión y la violencia, especialmente en zonas rurales o afectadas por el conflicto armado, como Chocó o Catatumbo.
Una estadística que estremece. El asesinato de Nawar Jiménez, mujer trans defensora de derechos humanos, fue uno de los casos más impactantes durante la visita. Su feminicidio, ocurrido en El Carmen de Bolívar, forma parte de una espiral preocupante. El experto mencionó que, conforme a datos del Observatorio de DD.HH. de Caribe Afirmativo, hasta mayo de 2025 se habían registrado 43 asesinatos de personas LGBTIQ+, y en 2024 fueron 164. Un cuerpo diverso silenciado cada 55 horas.
“Las garantías existen sobre el papel. Pero en la práctica, muchas personas siguen viviendo con miedo”, dijo uno de los activistas con quienes se reunió el experto. Y es que las cifras del Estado y de la sociedad civil no coinciden, revelando graves fallas en el registro y respuesta institucional.
Discriminación estructural y justicia ausente. A pesar de iniciativas como la Directiva 006 de la Fiscalía o la creación de mesas de atención urgente, la impunidad continúa siendo la regla. Las víctimas temen denunciar, los crímenes no se investigan adecuadamente y las violencias motivadas por prejuicio suelen ser tratadas como delitos comunes.
En las regiones bajo control de grupos armados no estatales, la represión de identidades disidentes es brutal: amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos se perpetran con total impunidad. Las personas trans, especialmente las mujeres trans afrodescendientes y migrantes venezolanas, son de las más afectadas.
Educación, salud y empleo: derechos aún lejanos. La exclusión empieza temprano. Más del 60% de estudiantes LGBTIQ+ no se sienten seguros en sus escuelas, y una quinta parte abandona sus estudios por acoso. Sin educación, las oportunidades laborales son escasas: aunque los datos oficiales muestran alta participación laboral, organizaciones civiles denuncian tasas de desempleo de hasta 72% en personas trans.
En salud, las barreras persisten: desde discriminación directa en la atención hasta negación de servicios por incongruencias entre identidad y documentos. Las llamadas “terapias de conversión” aún ocurren en algunos entornos médicos, pese a su ilegalidad.
¿Y el Estado?. Colombia ha sido pionera en la región: la Corte Constitucional ha emitido más de 800 fallos favorables a personas LGBTIQ+, y políticas como el CONPES 4147 trazan una hoja de ruta de 10 años para garantizar sus derechos. Pero la implementación está en riesgo, especialmente tras el fallo que declaró inconstitucional la ley que creó el Ministerio de Igualdad, pilar de muchas de estas iniciativas.
Recomendaciones y desafíos. El informe concluye con recomendaciones urgentes: garantizar justicia, recopilar datos desagregados, asegurar participación comunitaria, financiar adecuadamente las políticas públicas, y adoptar indicadores que reflejen las realidades vividas por la población diversa.
Colombia, afirma el experto, tiene un andamiaje normativo ejemplar. Pero hasta que los cuerpos dejen de caer, las niñas trans dejen de abandonar la escuela, y los defensores dejen de huir, la igualdad seguirá siendo solo una promesa.
Desde Caribe Afirmativo resaltamos la importancia de este balance entregado por el experto, que es un llamado de atención urgente al Estado colombiano a implementar acciones contundentes y efectivas para proteger las vidas de las personas LGBTIQ+, previniendo la ocurrencia de las violencias y garantizando justicia para todas las víctimas. La visita del experto se da en un momento clave, sumándose a las voces de quienes, desde los territorios, venimos exigiendo que se detenga la violencia y se reconozca plenamente nuestra dignidad.