La región Caribe suma en rojos con los mayores índices de homicidios en los municipios de San José de Uré (Córdoba) y Barracancas (La Guajira).
El informe del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los derechos Humanos (ACNUDH) En el cual se describe el estado actual de los derechos humanos en Colombia correspondiente al 2018, enfocó su diagnostico basado en ejes vitales para determinar como estamos en materia del respeto a los DDHH, como: el estado de la democracia en el país, la seguridad nacional, el desarrollo económico, la participación cívica y la implementación de la paz. Este informe resalta la importancia de garantizar los derechos humanos como una vía para lograr una paz sostenible y duradera, destacando los desafíos que tiene el Estado Colombiano en su lucha contra la corrupción, el compromiso por disminuir el preocupante incremento de la violencia y la necesidad de reducir las desigualdades económicas de sus ciudadanos, particularmente en las zonas rurales.
El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los derechos Humanos ve con preocupación el alto número de asesinatos de personas líderes y defensoras de los derechos humanos en diferentes regiones del país durante el 2018, fueron en total 110 casos de muertes, donde colaboró la débil o nula presencia del Estado en zonas rurales donde los grupos al margen de la ley permanentemente están amenazando y hostigando a la población civil. Señala que el 27 % de los casos registrados corresponden a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas 18 casos en total y 12 casos de personas afrocolombianas. Siendo los departamentos de Antioquia, el Cauca y Norte de Santander más violentos para los líderes sociales, con un el 37% del total nacional registrado en 2018.
Los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembro de organizaciones al margen de la ley, entre los cuales se encuentran paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).
Se ve en muchas ocasiones, las medidas de protección otorgadas a los defensores no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor. Ya fuera por el difícil acceso al territorio o por las insuficientes medidas de protección que se toman.
Con respecto a las Desigualdades en derechos económicos, sociales y culturales, el informe resalta que, si bien los datos del Estado indican avances contra la pobreza, se identifican y reconoce la profunda desigualdad que existe entre las zonas rurales y las urbanas con respecto al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales; Ejemplo de esto es el analfabetismo en los hogares rurales, que es 3,3 veces mayor que en los urbanos, ocasionando desconocimiento e inaccequibilidad a la información mínima para su desarrollo social.
En materia de igualdad de género, las mujeres que representan más de la mitad de la población nacional 50,6 %, siguen existiendo brechas importantes en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral es un 20 % menor que la de los hombres, a pesar de contar con niveles más altos de educación, y la brecha salarial es del 18,7 %. Además, las mujeres dedican más tiempo a labores que no son remuneradas.
En materia de corrupción, El informe indica que la corrupción impacta negativamente en el libre ejercicio de los derechos humanos e incide en la obligación del Estado en destinar el máximo los recursos disponibles a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía. Con cifras vergonzosas indican que el costo anual de la corrupción en Colombia en 2017 le costó al país aproximadamente el 21 % del presupuesto nacional del año 2018 unos 16.000 millones de dólares.
Este desinterés del gobierno contrasta con la consulta Anticorrupción, que se realizó el 26 de agosto de 2018, fue una iniciativa ciudadana que contó con más de 11 millones de votos, donde el 99 % apoyaron las 13 iniciativas. Si bien no se alcanzó el porcentaje mínimo de participación que la ley estipulaba para hacer obligatorio su resultado, se envió un contundente mensaje ciudadano contra la corrupción en el país.
En Materia de seguridad, los datos de la policía nacional que se reseñan en el informe muestran que en 2018 el 49,5 % de los municipios registró un aumento de la tasa de homicidios con respecto al 2017. Casos como en el municipio de San José de Uré (Córdoba) y Barrancas (La Guajira), donde la tasa de homicidios creció un 1.473 % y un 880 %, respectivamente. El ACNUDH observo que en 2018 el número de masacres aumentó de manera impactante en un 164 % respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. En 2018, el mayor número de masacres ocurrieron en Antioquia, el Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Situacion que para la oficina del alto comisionado deja al país muy mal referenciado en cuanto a sus organismos de seguridad.
El Alto Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos exhorta al Estado Colombiano a fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de los derechos humanos, y pide a todas las entidades del Estado a respetar la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y en particular la de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y hace un llamado al cumplimiento de la Agenda 2030 concretar un Desarrollo Sostenible como un mecanismo para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales que facilite la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, con igualdad de género y una paz duradera, aprovechando la implementación plena del Acuerdo, que se convierte en una oportunidad histórica para el Estado Colombiano de impulsar cambios positivos para el acceso y goce de los derechos humanos de la población en general.
Caribe Afirmativo.