El incremento en homicidios, el crecimiento de casos de violencia policial y la tendencia sostenida de amenazas a liderazgos de este grupo poblacional durante el 2023, según el informe de DD.HH. de Caribe Afirmativo, deja constancia que no hay condiciones de vida digna para las personas LGBTIQ+.
Sin datos no hay memoria, sin memoria no hay reparación y sin reparación no hay garantías de una vida mejor para las nuevas generaciones LGBTIQ+. Que cada 55 horas asesinen una personas en el país, en actos presuntamente relacionados con prejuicios hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género; que los cuerpos de seguridad del Estado (policía y ejército) que están hechos para cuidar a la población hayan aumentado en un 50% los ataques a la ciudadanía sexo-género diversa, que cada día se amenacen un promedio de siete personas se por asumir un papel de visibilidad y de construcción colectiva siendo abiertamente LGBTIQ+ y que, tanto en el conflicto armado en la confrontación cotidiana se use la violencia sexual como mecanismo para controlar los cuerpos, son, entre otros, los titulares mas preocupantes del Informe Incontables de Caribe Afirmativo sobre la situación de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias en Colombia. Esto, sumado a que los departamentos del Valle, Antioquia, Atlántico y Bogotá, como ciudad capital, que concentran fuertes propósitos de acciones afirmativas y políticas públicas y un movimiento social vital, tengan las más preocupantes cifras de violencia, donde las personas con experiencia de vida trans, las más jóvenes y las migrantes refugiadas y retornadas; aparezcan como las más vulnerables frente a estas situaciones de precariedad y violencia.
Estas cifras que posicionan a Colombia como uno de los países más violentos en la región en materia de derechos de personas LGBTIQ+, junto con Brasil, México, Perú y Honduras, parece que no tienen posibilidad de ceder y disminuir este impacto desproporcionado motivado por el prejuicio. Entre otras cosas, por dos factores que son determinantes; de un lado, un Estado que muestra muchas deficiencias con la recolección de información, que carece de bases de datos sólidos, que no tiene un personal idóneo para atender, prevenir e investigar la violencia, sino que se convierten en el motivo de su detonación desde un mal procedimiento en la atención por la ausencia de enfoques diferenciales o la aplicación de prejuicios que condenan a las personas a un estado de indefensión. Pero, de otro lado, una sociedad que, guardando silencio, o ridiculizando las vidas de las personas LGBTIQ+, considerándolas de “menor categoría”, termina siendo cómplice de la existencia de estas violencias, pues su indiferencia es leída por los victimarios como que la vida de las personas sexo-género no importa o es despreciable y por ello puede ser depositarios de violencia instrumental o directa.
Es verdaderamente frustrante observar cómo, a pesar de los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional por garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+ en Colombia, la visibilidad nos sigue costando la vida. No solo estamos lejos de construir proyectos que obtengan el pleno reconocimiento del Estado y las instituciones políticas, sociales y culturales, sino que la falta de sensibilidad y cultura ciudadana, tanto en el sector público, como en el privado, agrava la precariedad en el acceso a nuestros derechos y libertades fundamentales. Un trágico ejemplo de esto es el repudiable asesinato ocurrido el 30 de abril de 2023 de La Pola, miembro del sujeto de reparación colectiva de El Carmen de Bolívar. Desde la Defensoría del Pueblo, en su alerta temprana 30 de 2022, se advirtió sobre esta situación y, posteriormente, desde Caribe Afirmativo denunciamos la circulación de un panfleto amenazante en febrero de 2023. Sin embargo, ni en el primer aviso, ni en el segundo, se activaron las rutas ni los mecanismos de protección necesarios, lo que resultó en heridas graves para La Pola y, finalmente, en su trágica muerte. Este acto de persecución por su identidad de género, a pesar de ser denunciado, es un ejemplo lamentable de cómo el Estado pudo haber evitado esta tragedia.
Al igual que la Pola, 156 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en actos presuntamente motivados por su orientación sexual, identidad o expresión de género diversas, otras decenas más fueron víctimas de tentativas de homicidio, violencia por parte de la fuerza pública, desplazamiento forzado, violencia sexual, amenazas, entre otros. En términos territoriales, ciudades como Medellín, Cali y Sincelejo, se posicionan como las más hostiles contra las personas LGBTIQ+, lugares en dónde ciertamente confluyen cuatro factores preocupantes: (i) la impunidad de las violencias; (ii) procesos de denuncia poco eficientes que conllevan a una constante re victimización; (iii) la ausencia de compromiso de los entes investigadores no solo de hacer una buena investigación, rápida y asertiva, sino de dar con las causas estructurales de la violencia para poder evitarla; (iv) y la ausencia de una acción de cultura ciudadana que promueva el respeto y reconocimiento cotidiano a los derechos de las personas LGBTIQ+ en todos los lugares y espacios posibles.
Que las mayores victimas sigan siendo las personas con experiencia de vida trans, que empiecen a engrosar la lista de personas asesinadas (5%), víctimas de violencia policial (10%) y de amenazas (3%) migrantes que llegaron a Colombia con la ilusión de alcanzar el paraíso de la igualdad, que el estallido social de los años pasados que floreció en un activismo lésbo-trans feminista joven y con alto poder de creatividad para transformar los espacios hostiles en escenarios de exigibilidad de derechos sean hoy criminalizados, que los liderazgos en territorios PDETS, Consejos de Paz y pertenecientes a Consejos de Política Social abiertamente sean amenazados y que las violencias ocurran con mayor frecuencia en lugares periféricos en espacios públicos y residencias y que termine promoviéndose una suerte de contexto que hace responsable a la victima de su agresión, da cuenta que en Colombia, a mayor visibilidad, mayor riesgo.
Además de lo mencionado, persiste el desafío de avanzar en el desarrollo de políticas públicas que prevengan la violencia y promuevan un acceso integral a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBTIQ+. La interseccionalidad se presenta como una herramienta clave para concretar distintas acciones, y que estas sean más preventivas que punitivas, con el objetivo de garantizar que la diversidad sexual y/o de género no represente un riesgo para nuestras vidas en este país. Para ello el Estado debe adoptar medidas integrales que aseguren proyectos de vida digna, y que la ciudadanía se involucre en iniciativas de cultura ciudadana destinadas a desalentar la violencia en todas sus formas; física, verbal y simbólica.
Sin lugar a dudas, la puesta en marcha de la directiva por parte de la fiscalía que busca investigar la violencia contra las personas LGBTIQ+ fue un gran logro en 2023, pero esperamos verlo materializado en investigaciones rápidas con resultados eficaces, también requerimos que la Procuraduría General de la Nación haga uso de su poder preferente, sobre todo en los casos de violencia por parte de la fuerza pública, que siguen negando derechos de personas LGBTIQ+, y que iniciativas como la campaña de acompañar las denuncias por parte de la Defensoría cuenten con todos los mecanismos necesarios de implementación segura y efectiva.
No obstante, el no arranque en 2023 del viceministro de la diversidad también fue un factor de desventaja para el avance de las agendas, ya que, si bien la gerencia de la diversidad de Vicepresidencia avanzó con asertividad en la territorialización de la política pública y el Ministerio del Interior al activar la Mesa de Casos Urgentes, faltó rumbo político que debe dar el viceministerio, que aún siguen sin titular.
Así pues, es fundamental acoger las recomendaciones del Informe de la CEV en su volumen de género, especialmente en lo que concierne a la superación de la complicidad social en la violencia, la necesidad de respuestas rápidas del Estado para su prevención y el apoyo al movimiento de la diversidad sexual y de género en su búsqueda por asegurar espacios seguros en todo el país. Estas medidas son esenciales para que Colombia pueda avanzar hacia una paz verdadera y garantizar una vida digna para todas las personas LGBTIQ+.
Este informe de Caribe Afirmativo, además, llega en un momento en el que los gobiernos locales marcan su hoja de ruta con la construcción de los nuevos planes de desarrollo y donde los grupos de odio y anti-derechos buscan consolidar su lucha contra la igualdad y la libertad, que debe ser un documento fuente que permita, con base a los registros y las memorias, identificar los retos y promover acciones de políticas públicas y acciones afirmativas para la consolidación de una cultura de derechos y que blinde las garantías ciudadanas adscritas a la constitución para no permitir retrocesos en materia de dignidad. Para ello es clave no sólo saber quién es el responsable, sino por qué lo hizo, para prevenir estas violencias y lograr un día dejar de contar, de documentar, de denunciar y de llorar, porque llegó el momento en que en este país todas las vidas puedan ser vividas y allí será una realidad que se posesiona como una potencia de vida.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo