24 de noviembre de 2021. Hoy 24 de noviembre se cumplen cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, sin embargo, la falta de voluntad política del gobierno, el aumento de asesinatos contra líderes y lideresas sociales y las consecuencias sociales y económicas desde que inició la pandemia por Covid-19 en el 2020, han hecho que el proceso de su implementación sea complejo, especialmente en lo que tiene que ver con el enfoque de género y la inclusión de la población LGBTI.
Desde Caribe Afirmativo, al ser una de las organizaciones LGBTI invitadas a los diálogos de la Habana con el fin de estudiar y participar en la implementación de un enfoque de género de los mismos, hemos seguido acompañando estos procesos y haciendo veeduría por el cumplimiento de los mismos, sin embargo, aunque se han logrado algunos puntos, aún quedan muchos retos por afrontar.
De acuerdo con un informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, a quien se le encomendó hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, de las 130 medidas que contiene el enfoque de género a junio de este año, tan solo el 10% de estas han sido cumplidas totalmente, un 16% esta en fase intermedia, el 48% tiene un avance mínimo y 26% ni si quiera ha iniciado.
Además, de acuerdo con el Grupo de Género en la Paz en su tercer informe sobre los avances en la implementación del enfoque de género, que abarca el periodo de tiempo entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020, tan sólo se han implementado el 20% de las medidas acordadas. Ante esto la Contraloría General de la República, en un reporte reciente señaló que los recursos destinados a la aplicación del enfoque de género en el marco de la Política de Víctimas y el Acuerdo de Paz son insuficientes.
Por otro lado, el Instituto Kroc menciona que dichas medidas en su mayoría no son acordes a las necesidades de las mujeres y las personas LGBTI, pues éstas registran menores proporciones del cumplimiento del Acuerdo en su totalidad. De ahí que sea preciso profundizar a detalle en los cinco puntos del acuerdo y su panorama actual.
En relación a lo que compete a la Reforma Rural, las personas LGBTI han podido participar en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como parte de lo contenido en el acuerdo de desarrollo rural integral. De esta manera la población LGBTI rural, las organizaciones y colectivas que habitan estos municipios priorizados han podido organizarse y recibir capacitaciones y jornadas de formación sobre la importancia del enfoque de género en la implementación de los PDTES, sin embargo, en algunos territorios estas jornadas y procesos se estancaron. En primera instancia por la falta de voluntad política por parte de las administraciones locales, el desconocimiento del proceso, las restricciones por la pandemia de Covid-19 que limitó la escasa presencia del Estado en estas zonas del país y la reconfiguración de nuevos actores armados, que agudizó las tensiones en las regiones.
En segunda instancia, de acuerdo con nuestro Cuadernillo Afirmativo titulado: “Participación de las autoridades locales y liderazgos de la sociedad civil en el proceso de implementación de los PDET”, se realizó un diagnóstico en varios municipios del caribe colombiano, priorizados como municipios PDET. A grandes rasgos en este documento se concluye que de manera general que la implementación de los PDET no ha avanzado mucho, por el contrario sus procesos se han relentizado, por la falta de voluntad política en los diferentes niveles del Estado y la escasa articulación de los entes territoriales que conforman las subregiones de el Sur de Córdoba y Montes de María, que fueron las analizadas en este documento. Eso ocurre porque gran parte del funcionariado público y algunos liderazgos sociales no están familiarizados con estos procesos, debido a que son pocas las socializaciones y la divulgación de esta información en los espacios de participación de los municipios PDET y sus comunidades.
El cuanto, a la Participación Política, aquí se crearon los Consejos de Paz, mecanismos a través de los cuales se ha garantizado la participación e incidencia política de personas con OSIGEG diversas en los territorios, como también hay algunas personas visiblemente LGBTI ocupando cargos de elección popular como alcaldías, concejos, ediles y otras trabajan como servidores públicos o enlaces LGBTI. No obstante, aquí el panorama es desolador, ya que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sólo en lo va del 2021 han asesinado a 152 lideres, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos; y 43 firmantes del acuerdo de paz y ex combatientes de las FARC han sido asesinados y desaparecidos en 2021, por lo tanto, desde la firma del acuerdo en 2016 se presume que esta cifra supera las 500 personas.
Así las cosas, en Caribe Afirmativo hemos registrado continuamente amenazas contra personas LGBTI que tienen liderazgos visibles en sus regiones, se han acompañado desde de manera psicosocial y jurídica estos casos y aún así, es preocupante la frecuencia con que las personas con OSIGEG diversas reciben amenazas en sus territorios, algunas han tenido que abandonar sus hogares para proteger su vida, otras cambiar de domicilio, números telefónicos y en el peor de sus casos dejar su activismos y visibilidad en los municipios.
En relación con el Fin del Conflicto reconoce que personas lesbianas, gays, bisexuales y trans han sido vulneradas de formas especificas como consecuencia del prejuicio y la exclusión social inmersa en la sociedad, que en su mayoría ha legitimado estas crueldades. De acuerdo con el Grupo de Género en la Paz hay nueve medidas sin avance o sin ninguna información, algunas de éstas son: que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no ha diseñado estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas, en especial de aquellos patrones que afectan de manera particular a las mujeres y a la población LGBTI; como también no hay herramientas en materia de atención psicosocial de carácter individual o colectivo y con enfoque de género hacia aquellas personas destinatarias del programa de protección de las FARC y finalmente, no hay un protocolo de protección para los territorios rurales, que tiene por objetivo velar por la seguridad y protección para las comunidades, colectivas y organizaciones en los territorios.
El cuarto punto que se refiere a la Solución del problema de las drogas ilícitas hay una única medida de género sin avances, y esta es que no hay una participación efectiva y mucho menos de personas LGBTI en la construcción de un Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo. Por otro lado, hay algunos puntos con avances parciales, aquí se mencionarán algunas: Se han creado algunos programas de guarderías infantiles para el acceso a las mujeres cabeza de familia a oportunidades laborales y para contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia; también se han diseñado mecanismos de información para favorecer el acceso a oportunidades laborales a mujeres, que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral y también es relevante mencionar que hasta el momento se han llevado a cabo acciones para reducir el daño por consumo priorizado por poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta la violencia de género, y priorizando la intrafamiliar y sexual. En cuanto a las medidas que ya cuentan con un avance oportuno se encuentran la revisión y formulación participativa de la política pública frente al consumo de drogas ilícitas teniendo en cuenta las especifidades y necesidades de focalización de acuerdo con las variables de edad, sexo, condición socioeconómica y ubicación geográfica. Finalmente, las investigaciones y estudios especializados relacionados con el consumo de drogas ilícitas que se ha realizado con un enfoque diferencial, de género y etario.
En lo que se refiere a la Justicia para las Víctimas, desde Caribe Afirmativo hemos presentado más de 12 informes a la Comisión de la Verdad que documentan las violencias que han vivido las personas LGBTI en el marco del conflicto armado y en los diferentes territorios del país. Dichos documentos están narrados desde las voces de las víctimas y describen las violencias diferenciadas, la violencia sexual y por prejuicio que sufrieron las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Estos informes son insumos que hacen memoria y relatan la versión de las crueldades que sufrieron las personas LGBTI en el marco del conflicto armado, se trata entonces de documentos que se transversalizan en procesos que buscan la reparación, vencer la impunidad y la no repetición de esos hechos.
De igual manera la creación del grupo de género en la Comisión de la Verdad ha permitido profundizar en aquellos relatos, testimonios, hechos, contextos y situaciones de violencia que han vivido las mujeres, y las personas LGBTI, desde una mirada interseccional, donde se espera que el capítulo final y de género abarque los hallazgos de los informes que desde Caribe Afirmativo, y otras colectivos, organizaciones e identidades se han entregado visibilizando y analizando la violencia que han vivido las mujeres y personas LGBTI.
También se ha acompañado a los procesos de acreditación y representación de 25 víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, víctimas del delito de persecución asociadas a su OSIGEG diversas, de los siguientes casos: Caso 04 que prioriza la situación de violencia de la subregión de Urabá; Caso 05 que trata sobre las violencias que vivieron las personas de los municipios del Norte del Cauca el Sur del Valle del Cauca y el Caso 07 en la utilización y reclutamiento forzado de niños y niñas en el conflicto armado.
Además, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, se creó la primera Mesa Técnica Nacional conjunta para la Búsqueda de personas LGBTI dadas por desaparecidas, cuyo trabajo se ha desarrollado bajo un enfoque de género. También como una acción afirmativa que promueve la búsqueda de personas con OSIGEG diversas dadas por desaparecidas la UBPD junto con la Alianza Voces, se convocó a la creación de un Grupo de Expertas y Expertos LGBTI, que está conformado por cinco lideresas sociales con orientaciones, expresiones e identidades de género diversas y cuyo trabajo gira en torno al fortalecimiento de los planes regionales de búsqueda y a tejer lazos con los demás liderazgos LGBTI que promueven este tema en sus territorios.
Si bien es cierto, a cinco años de la firma del Acuerdo de paz aún quedan muchos retos por superar, pues la violencia en los territorios y la reconfiguración de nuevos actores armados han afectado profundamente a los municipios, como también el actual gobierno no ha mostrado interés en velar por la implementación de estos acuerdos, y a su vez la llegada del la pandemia, recrudeció las violencias y aumentó la brecha entre las zonas rurales y urbanas por las restricciones tomadas por el Estado y entidades territoriales
Esperamos que en la próxima temporada electoral los y las candidatas presidenciales y al congreso se comprometan con ejecutar, velar y gestionar procesos que fortalezcan los acuerdos de paz, como también que hagan veeduría y presión para que el enfoque de género y la inclusión de personas LGBTI se cumpla a cabalidad. También consideramos pertinente que se abran más espacios de negociación y de diálogo de paz con actores armados como el ELN, quién también ha ejercido violencias contra personas LGBTI en el marco del conflicto y con quienes no se ha podido establecer una negociación o acuerdo, es por eso que esperamos que para el gobierno y los precandidatos al congreso y presidencia se considere en sus agendas la posibilidad de gestar conversaciones con este grupo al margen de la ley.
Mientras tanto, desde Caribe Afirmativo, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz en Colombia y seguiremos aunando nuestros esfuerzos en la protección y garantía de derechos humanos de las personas LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país.