Observatorio de Participación Política

CIDH presenta al Estado colombiano recomendaciones relacionadas con la garantía de derechos de las personas LGBTI

7 de julio de 2021. Celebramos que después de casi un mes de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia (CIDH), entre el 8 y el 10 de junio, por invitación de la sociedad civil en audiencia con el Gobierno colombiano, con el propósito de verificar la situación de los derechos humanos y presuntos casos de violación a estos con ocasión de las protestas de la movilización social, presente hoy un informe que da cuenta de los hallazgos que tuvo este ente regional en su visita. En la cual, CARIBE AFIRMATIVO, como organización de la sociedad civil, participó activamente al reunirse con la CIDH de manera presencial en Bogotá y entregó una detallada documentación sobre casos de violencia sexual, amenaza y persecución hacia personas LGBT en el marco de la protesta en el país.

Durante la visita, la CIDH se reunió con el Estado, la sociedad civil y con víctimas de violación a los derechos humanos en el marco de la protesta social, luego de haber recibido más de 3.600 solicitudes de entrevista, entre ellas muchas de personas LGBT que estaban siendo víctimas de estigmatización, violencia física y sexual.

Por lo anterior, saludamos el informe: Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021 y su contundencia. Acompañamos la preocupación que manifiesta la CIDH sobre la sistemática violación de los derechos humanos en el marco de la protesta social en Colombia y cómo el Estado es responsable, por acción o por omisión, particularmente, las presiones por parte de la fuerza pública.

Antecedentes

En el informe, la CIDH indica, en el aparte III titulado Principales violaciones a los derechos humanos observadas y obstáculos identificados para la garantía del derecho de protesta, punto 34, que

 Según la Defensoría del Pueblo, se habían registrado 113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su ESMAD, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones.

Entre los datos recibidos por parte de la sociedad civil se informa que, en cuanto a la violencia basada en género en el marco de la protesta, la CIDH recibió información y denuncia sobre un presunto caso de violencia sexual en contra de un hombre gay en Barranquilla durante una detención arbitraria; y denuncias de agresiones físicas y sexuales contra mujeres trans por parte de la fuerza pública en Tunja y Pasto (Punto 70). El primer caso, la víctima recibió acompañamiento por parte del área jurídica de Caribe Afirmativo.

A su vez, se declaró en ese mismo aparte, en la sección: Violencia basada en género en el marco de la protesta:

  • En el marco de su vista, la CIDH recibió testimonios relacionados con diferentes tipos de violencia basada en el género. A partir de la información recabada, la Comisión pudo observar reiteradas denuncias respecto de actos cometidos por agentes de las fuerzas del orden, los cuales indicarían la utilización de la violencia de género como mecanismos de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI. Estos habrían sido utilizados tanto contra aquellas personas que se encontraban en la protesta como también contra aquellas que se ubicaban en zonas aledañas a la misma (Punto 65).
  • Si bien es difícil determinar cuándo los actos de violencia contra las personas LGBTI son motivados por el prejuicio, al realizar las investigaciones, los Estados deben contar, como mínimo, con una averiguación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia, sea perpetrada por agentes privados o agentes estatales (punto 74).

Recomendaciones

En el aparte VII denominado Recomendaciones se menciona:

  • Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos (Punto 6).
  • Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad, sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Asimismo, este debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los daños causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que aquellas personas que requieran atención integral de salud podrán recibirla
    gratuitamente (Punto 16).
  • Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de proximidad y de atención por personal especializado (Punto 18).

Finalmente, las organizaciones sociales estaremos atentas y vigilantes en el seguimiento al recibo y la corresponsabilidad que tenga el Gobierno y el Estado colombiano con estas recomendaciones. Además, seguiremos denunciando es organismos regionales e internacionales cualquier afectación a los derechos humanos motivados por el prejuicio de la orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, particularmente, en el marco de la protesta social.