Este martes, 23 de febrero, se cumplen nueve años del homicidio del docente cubano abiertamente gay, que defendía derechos humanos en Cartagena.
El homicidio de Rolando Pérez (43 años) ocurrió el 23 de febrero de 2007. Acabaron con su vida con un objeto contundente. La escena aún da vueltas en la memoria de quienes se acercaron a identificarlo en el barrio Torices de Cartagena, donde vivía. Caribe Afirmativo lo recuerda cada vez que se acerca esta fecha, como para que no se olvide que aún el caso está impune, que todavía no hay capturados ni tampoco se sabe por qué lo asesinaron.
Rolando fue encontrado en la mañana de un sábado, al día siguiente de haber sido asesinado. Estaba muerto desde la noche anterior, y en su cuerpo había signos de múltiples actos de violencia física, según el Instituto de Medicina Legal. Tan pronto se conoció del crimen, al lugar hizo presencia la Policía, la Fiscalía, estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde dictaba clases; amigos y oyentes de la emisora Comfenalco, donde también trabajaba.
“Toda la prueba que se ha recopilado, y las informaciones que hemos verificado por parte de la Policía Judicial todo indica que los móviles fueron absolutamente pasionales por cuanto este ciudadano llevaba una vida desordenada, era promiscuo y, en su condición de homosexual, tenía varias personas como pareja”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de aquel entonces, Carlos Mena Bravo, hoy inspector general de esa institución, que lanzó esta hipótesis sin haber iniciado la investigación.
“Pérez era un profesor cubano, líder comunitario y locutor en una emisora en la que defendía derechos humanos. La investigación fue asignada en 2014 a un fiscal destacado en casos de priorización de homicidios sobre población LGBTI de la capital de Bolívar, que todavía está estudiando el proceso. Caribe Afirmativo ha adelantado varias acciones para obtener la acción civil en el proceso legal, amparada en la figura de actor civil popular que se encuentra en la ley 600 de 2000 o sistema penal, que sigue vigente para los crímenes que ocurrieron durante esa época”, dice el director de esta corporación, Wilson Castañeda, quien condena la versión de Mena, quien se apresuró a ‘lanzar’ esa hipótesis.
Caribe Afirmativo ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la priorización del caso, para esclarecer este hecho, y que el Estado asuma su responsabilidad por desconocer a esta víctima por su orientación sexual, y que el ejercicio de priorización sirva de precedente para esclarecer decenas de homicidios que han afectado a personas LGBTI de la región.
“Nos preocupa la impunidad, que la investigación no avance a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno en 2011 y 2014 que esclarezca este caso, porque Pérez ya había sido víctima de amenazas y hasta de escopolamina”, afirma Castañeda.
Para conmemorar esta fecha, Caribe Afirmativo se reunirá el 9 de marzo en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena, con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que presentarán su política de priorización para investigar los crímenes en los que han sido asesinados personas LGBTI. Al evento, de entrada libre, también asistirán delegados de la mesa de casos urgentes del gobierno Nacional y líderes de esta población.
La corporación Caribe Afirmativo surgió después de que mataran a Rolando Pérez. Claudia Ayola, presidenta de la junta directiva de esta organización, y un grupo de amigos del profesor cubano emprendieron una cruzada por defender los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, víctimas de agresiones por parte de grupos armados y hasta del propio Estado. Y por supuesto, saber cómo va el proceso de Pérez, quien al fin al cabo inspiró la creación de esta organización.
Priorización
Es una técnica de la investigación penal que establece, de acuerdo a unos criterios, un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Este nuevo sistema está enfocado en el caso de los delitos no perpetrados por organizaciones delictivas, el nuevo sistema apuntará, en especial, a combatir patrones culturales discriminatorios y graves vulneraciones de los derechos fundamentales, alto grado de sevicia, imposibilidad fáctica. La priorización estudia la criminalidad en su contexto.