1ero de octubre de 2020. “En el Caribe colombiano, hasta septiembre de este año, se habían registrado 24 casos de violencia por perjuicio hacia mujeres LBT, de los cuales 12 fueron feminicidios y el resto agresiones físicas, verbales y violencia institucional”, así lo aseguró María Vélez, investigadora de la corporación Caribe Afirmativo en el desarrollo de la audiencia Situación de derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América Latina y el Caribe, ante el marco del 177° periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH).
En este espacio estuvieron presentes la Corporación Caribe Afirmativo (Colombia), Diversidad Dominicana (República Dominicana), la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgénero (Nicaragua) y Somos CDC (Honduras), las cuales hacen parte de la línea de trabajo Enterezas, financiada por la Fundación Triángulo de España y la cual busca visibilizar las formas diferenciadas de violencia que sufren las mujeres LBT al tiempo que pretende mejorar su acceso a la justicia. Allí, le solicitaron a la CIDH intervenir y preparar un informe con recomendaciones para los Estados que hacen parte de la OEA en interés de mejorar su situación de derechos.
Rosanna Marzan, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana en Santo Domingo, indicó que “en América Latina y el Caribe las violencias se originan a partir de los prejuicios que rodean las orientaciones sexuales, las identidades y expresiones de género diversas y tienen manifestaciones de alta sevicia y crueldad sobre los cuerpos de las mujeres LBT”, por lo que es importante que se generen este tipo de espacios para la visibilización de estas violencias.
De igual forma, Ludwika Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgénero, aseguró que: “las respuestas multisectoriales frente a estas violencias son altamente precarias, tardías e inefectivas, los Estados omiten las consultas, recomendaciones y conceptos que la misma CIDH ha realizado a las autoridades de investigación y gestión de los casos de violencia a personas lesbianas, gais, trans y bisexuales; en nuestros países lo común son los altos índices de impunidad, la falta de información en las instituciones del Estado sobre el género y la falta de aplicación del enfoque diferencial en la investigación y juzgamiento de este tipo de violencias”.
Desde Honduras, Karla Madrid, lideresa y gerente de Empoderamiento Económico del Centro para el Desarrollo y Cooperación LGBTI Somos CDC, expreso que: “muchas de las violencias que nos afectan como mujeres LBT se camuflan en prácticas de criminalidad común, pretendiendo invisibilizar que son casos de violencia por prejuicio, es así como la criminalidad común suele ser por la cual se analizan muchas violencias con contenido prejuicioso”.
A lo anterior, se le suma la desconfianza que existe por parte de las mujeres LBT, en especial aquellas trans, hacia la Fuerza Pública del Estado, ya que estos son unos de los actores que más violentan a estas mujeres. Se han presentado casos de abuso de autoridad, violencia policial, detención arbitraria, violencia sexual y tortura en contextos discriminatorios.
María Vélez, investigadora de la Corporación Caribe Afirmativo, respecto a los obstáculos para acceder a la administración de justicia, resaltó que: “los Estados suelen no tener formación en temas de género y diversidad sexual, de igual manera los Estados suelen no dar aplicación del enfoque diferencial LGBT o las legislaciones ni siquiera lo contemplan como obligatorio en el abordaje de los casos. En los casos de violencia por prejuicio hay una respuesta tardía, ineficiente e indolente por parte de las autoridades”
“En el marco de pandemia a causa del COVID-19 se han profundizado las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres las mujeres LBT, en especial de las mujeres trans, se han disparado de forma alarmante los casos de violencia intrafamiliar, discriminación y feminicidios” puntualizó María Vélez.
Hablando particularmente de Colombia, si bien el Estado presenta un avance normativo importante respecto al reconocimiento de los derechos a las mujeres LBT, en la práctica cotidiana, las instituciones del Estado son las que mayormente vulneran u olvidan dichos avances; por lo cual , desde la Corporación Caribe Afirmativo y las demás organizaciones aliadas, solicitamos a la CIDH intervenir y revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de las organizaciones del Estado en la adopción de medidas para prevenir, investigar, judicializar y sancionar la violencia por prejuicio contra las mujeres LBT.