El director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, envío una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, para participar en la audiencia sobre investigación de agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia, y denunciar que activistas LGBT del país han sido víctimas de violencia. Compartimos el documento que se envío a esta entidad.
Dr. Paulo Abrão
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ref. Participación en la audiencia sobre Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
Estimado Secretario Abrão,
La Corporación Caribe Afirmativo (en adelante “Caribe Afirmativo”) se dirige a la Comisión Intermaricana de Derechos Humanos en la audiencia sobre Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, que se realizará durante el 161º período de sesiones de la Honorable CIDH.
OBJETIVO
El objetivo de la participación presentada es exponer la situación de riesgo en que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia en la audiencia sobre Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
FUNDAMENTOS.
Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia han sido víctimas de amenazas y distintos tipos de violaciones de derechos humanos. Según el Programa No Gubernamental de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos –Somos Defensores-, en 2016 en Colombia fueron asesinados 80 defensores, defensoras y líderes sociales, cifra que incrementó en un 22% en relación al 2015; 481 defensores y defensoras fueron víctimas de agresiones; y 49 defensores y defensoras fueron víctimas de atentados contra su vida.[1]
En este contexto, la creación de la Unidad de Protección, a través del Decreto 4912 de 2011, representa un esfuerzo importante del Estado orientado a brindar especial protección a los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con el artículo 6 del mencionado Decreto, son personas objeto de protección en razón del riesgo los dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición; los dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas; los dirigentes o activistas sindicales; los dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos; las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en situación de riesgo extraordinario o extremo; entre otros grupos vulnerables.
Sin embargo, la Unidad de Protección no ha sido efectiva en la prestación de la protección a lideresas o líderes LGBTI que defienden los derechos humanos, puesto que, de acuerdo a la interpretación que la Unidad de Protección realiza del Decreto, estas personas no se encuentran incluidas como objeto de protección en razón del riesgo. En virtud de dicha interpretación, la Unidad de Protección ha exigido que las lideresas y líderes LGBTI que soliciten protección acrediten su pertenencia a una organización de defensa de derechos humanos legítimamente constituida. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 153° Período Ordinario de Sesiones de 2014. En esa oportunidad, la CIDH “instó a Colombia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus leyes, políticas y procedimientos proporcionen una atención específica a las víctimas del conflicto armado que son personas LGBTI, y que la Unidad de Protección garantice la protección de todas las personas LGBTI, no sólo a los afiliados con una organización (negrillas fuera del texto original)[2]. Han transcurrido más de dos años y, hasta el momento, el Decreto no ha sido modificado para incluir de manera expresa a las lideresas y líderes LGBTI como personas objeto de protección en razón del riesgo. En esa medida, la Unidad de Protección continúa exigiéndole a estas personas acreditar su afiliación a una organización.
Partiendo de este déficit de protección que enfrentan las lideresas y líderes LGBTI que promueven la defensa de los derechos humanos, es importante destacar que la defensa de los derechos humanos por parte de personas LGBTI surge de manera forzosa ante la grave situación de vulneración de derechos de las que estas personas son víctimas. En el Informe de violencia hacia personas LGBTI en Colombia 2015 se encuentra información relevante sobre los actos de violencia contra las personas LGBTI. Así, por ejemplo, es posible destacar que en 2015 sobre fueron asesinadas 110 personas LGBT en el país por su orientación sexual identidad de género; el 95% de los homicidios contra personas LGBTI ocurridos en el país entre 2012 y 2015 continúa en la impunidad; y en 2015 se registraron 61 hechos de violencia policial hacia personas LGBTI en el país[3]. De ahí que sea necesario reconocer que los constantes actos de violencia y de discriminación contra las personas LGBTI, han llevado a éstas a consolidarse como lideresas o líderes y a movilizarse para exigir y defender el respeto de sus derechos.
En el desarrollo de este trabajo, las lideresas y líderes LGBTI que promueven la defensa de los derechos humanos han sido víctimas de distintos tipo de amenazas y vulneraciones contra sus derechos. En el año 2015 se registraron 48 amenazas directas e indirectas contra personas LGBTI en 17 departamentos de Colombia. El 52.1% de estos casos ocurrieron en departamentos pertenecientes a la región Caribe bajo la modalidad de panfletos y amenazas directas. Las acciones de amenaza son mecanismos de control utilizados para hostigar, excluir, intimidar o restringir el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI en los territorios. A su vez, estas acciones tienen un efecto simbólico porque generan mensajes de intimidación para las personas LGBTI e imponen valores y ordenes morales determinados. En ocasiones, a las amenazas se suman delitos contra la vida, la integridad personal y la seguridad.
Los departamentos con mayor número de amenazas registradas en el 2015 son aquellos que tienen con mayor presencia de grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia común, es decir, escenarios donde se han desarrollado fuertes disputas por el control territorial, zonas de fronteras, corredores y/o lugares clave para realizar actividades delictivas como el microtráfico, la minería ilegal, el comercio sexual, entre otras. En estos territorios, las personas LGBTI se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad y riesgo, porque los grupos armados demuestran su poder y autoridad a través de tácticas de control social como las mencionadas previamente. El riesgo es aún mayor en el caso de las personas LGBTI que realizan acciones de movilización, participación política y/o liderazgo local.
A continuación, presentamos algunos casos concretos del alto nivel de vulnerabilidad y riesgo en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTI en el Caribe colombiano:
- Amenazas a líderes LGBTI en el Caribe colombiano.
En el territorio han circulado y sido denunciados distintos panfletos que contienen amenazas de atentar contra la vida de personas LGBTI. El primer panfleto, que tiene fecha de 2 de febrero de 2015 y circuló en el departamento de Sucre, amenazaba a varios grupos y personas, entre ellas las lesbianas, señalando que de no abandonar el territorio las matarían. El autor de este panfleto no fue identificado, aunque en el aparecía el lema “Muerte o solución”. El segundo panfleto, con fecha de 19 de marzo, amenazaba a los “maricas”, advirtiendo que de no abandonar un municipio cercano a San Marcos, sus vidas correrían peligro. El autor de este panfleto fue un grupo al margen de la ley identificado como Ex paramilitares por la paz.
Adicionalmente, el 16 de febrero de 2016, la Policía Nacional del departamento de Sucre, en respuesta a un derecho de petición presentado por nuestra organización, nos confirmó denuncias por cuatro amenazas contra personas LGBTI en el municipio de San Marcos. Como consecuencia de las amenazas reiterativas, personas LGBTI se han visto obligadas a desplazarse de sus territorios. Así, por ejemplo, en Chalán (Sucre) en 2014, 6 líderes y lideresas LGBT tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas. Es importante destacar que las amenazas directas también constituyen un mecanismo de control social que impulsa el desplazamiento forzoso de personas LGBTI tanto en el área rural como en la urbana, especialmente en zonas fronterizas intermunicipales y de disputa entre bandas criminales, como el área metropolitana de Barranquilla-Soledad-Malambo.
- Muertes violentas de personas LGBTI defensoras y defensores de derechos humanos.
En 2015 fueron asesinadas 9 personas LGBTI defensoras de derechos humanos, entre las que se encontraban un líder sindical, una lideresa de víctimas del conflicto armado y 7 líderes de la población LGBTI. Previamente, 4 de estas personas habían sido amenazadas y 1 de ellas había sufrido un atentado. Los homicidios tuvieron lugar en los siguientes departamentos: 2 en Sucre, 1 en Atlántico, 1 en Cesar, 1 en Córdoba, 1 en Magdalena, 2 en Antioquia y 1 en Norte de Santander. Seguidamente, se describen, a modo de ejemplo, tres de estos casos.
Durante el año 2015, en el municipio de San Marcos se reportaron ante las autoridades distintos casos de muertes violentas de personas LGBTI, especialmente de lideresas trans relacionadas con los programas de prevención del VIH, que evidencian la grave situación de inseguridad a la que están expuestas y las vulneraciones a sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la vida digna y la no discriminación. El primero de estos casos es el homicidio de una mujer trans de 35 años, identificada con el nombre jurídico Segundo Enrique Flórez y el nombre identitario “Clara” o “Camila”, que ocurrió el 9 de enero en la madrugada en la zona rural del municipio. La mujer, quien había sido lideresa en los proyectos del Mecanismo Coordinador del País y del Fondo Mundial para la Prevención del VIH en el municipio, fue hallada con signos de agresión con arma contundente y cortopunzante. En marzo de 2014, la mujer ya había sido víctima de una tentativa de homicidio.
El segundo caso, es el homicidio agravado de una mujer trans de 18 años, identificada con el nombre jurídico Eder Manual Mieles y el nombre identitario Paloma, ocurrido el 18 de mayo en el mismo municipio. Paloma, quien había trabajado en programas de prevención del VIH, fue citada a un parque donde un grupo de individuos le disparó en la cabeza.
El tercer caso, es el homicidio de un hombre gay que trabajaba como líder sindical y defensor de derechos humanos, ocurrido en el municipio de Cúcuta. El cuerpo de la víctima fue hallado con heridas de arma blanca en el tórax y golpes de objeto contundente en la cabeza. Además, había recibido amenazas desde el 2011.
- Amenazas contra Caribe Afirmativo, organización defensora de derechos humanos de las personas LGBTI en el Caribe colombiano.
El día 3 de diciembre de 2016, tuvimos conocimiento de la repartición de panfletos, firmados con el nombre de las AUTODEFENSAS GAITINISTAS DE COLOMBIA, en al menos dos sitios de la ciudad de Barranquilla: el barrio La Ciudadela y sus alrededores, y las afueras de la Universidad del Atlántico. El panfleto contenía amenazas de muerte contra distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Caribe Afirmativo, que fue nombrada peyorativamente como “Caribe Maricones”.
CONCLUSIÓN Y PETICIÓN.
Solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la consideración de la información contenida en esta solicitud y la participación en la audiencia sobre Investigación de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, que se realizará durante el 161º período de sesiones de la Honorable CIDH, con el fin de profundizar sobre la situación expuesta.
Atentamente,
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo