El gobierno de Iván Duque que se acerca a su fin; este se ha caracterizado por ignorar los derechos de las personas LGBTI: la violencia sistemática en crecimiento, la nula operatividad de su MinInterior para activar el plan de acción de la política pública LGBTI, la ausencia de voluntad del Fiscal por firmar el protocolo de investigación sobre violencia por prejuicio y el incremento de los discursos de odio, hicieron que Colombia retrocediera estos cuatro años.
17 de abril de 2022. En la democracia, las solicitudes de los grupos excluidos, bajo el principio de que el Estado es el garante de los derechos, esperan que, en el ejercicio de gobernar, legislar y judicializar, se den las acciones necesarias para consolidar una ciudadanía plena. Sin embargo, en nuestro país la fuerte carga moralizante del Congreso no les ha permitido legislar en reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual y de género –a excepción de la Corte Constitucional, y la JEP, jueces y magistrados de otras salas– invisibilizando las demandas de las personas LGBTIQ+ en la aplicación de justicia; y el ejecutivo, que tímidamente avanzó con la formulación de la política pública y la Mesa de Casos Urgentes entre los años 2010 y 2018, y anudó el compromiso del Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría) en investigar y sancionar violencia prejuiciosa; ha tenido una inacción en este cuatrienio (2018 – 2022), que no solo han generado retrocesos en los pocos avances, sino que han sido el escenario ideal para que se consoliden discursos de odio y políticas antiderechos en Colombia que hoy no solo hacen del país, uno de los más inseguros parar las personas sexo-género diversas, sino que, además deja constancia de un gran riesgo de perder lo ganado. Situación que el próximo gobierno tiene que asumir con contundencia o, de lo contrario, este seguirá siendo un Estado que desprecie la vida de las personas diversas.
Gobernar es la capacidad legítima que tiene la persona elegida de tramitar las necesidades de la ciudadanía y con su equipo de trabajo traducirlas en acciones concretas para que puedan gozar de sus derechos ciudadanos. La gobernanza que uno espera del gobierno de Colombia en materia de los derechos de las personas LGBTIQ, tiene como mayor tarea poner fin a los riesgos sistemáticos que afrontan las personas sexo-género diversas y ello significa entender los efectos estructurales y las formas simbólicas de la violencia que hace que aún en el país, pese a los avances jurisprudenciales y la movilización social que ha dado gran visibilidad, las vidas de estas personas no puedan ser vividas; pues estas se debaten entre la precariedad cotidiana y la ausencia de una estructura en la cultura ciudadana que no haga de su diversidad y expresión, motivos de exclusión. Es por ello por lo que la tarea de quien pretende gobernar, es asumir un compromiso en su Programa de Gobierno que prevenga, investigue y sobre todo indague por qué siguen presentándose casos de violencia por prejuicio, motivada por la exclusión o el borramiento de las otras que son percibidas como diversas, consolidando así todo un plan de servicios que les permita, con enfoque diferencial, acceder a los derechos históricamente negados.
Para ello se requieren acciones, no promesas; y estas deben tener una ejecución temporal: antes, durante y después. Antes: que coincide con estos días y de forma urgente, debe tener a los equipos de campaña recogiendo las voces de la ciudadanía LGBTI indignada y aturdida por la violencia para incluirlas en sus Programas de Gobierno. Durante: deben promover espacios de discusión y asumir compromisos públicos con estas propuestas que dejen claro el cómo y cuándo lo harán. Después: a partir del 7 de agosto, con su arribo a la Casa de Nariño, inicien con prontitud su implementación, de manera participativa, no solo para poner freno a tanta expresión de odio, sino para desatrancar los cuatro años perdidos del gobierno Duque. En este proceso, es ideal que sus propuestas se alineen sobre cuatro principios: a) prevención, investigación y sanción de la violencia; b) garantías de derechos integrales para las personas trans; c) implementación de un plan de acción concreta la política pública LGBTI; y d) un gran compromiso de incidencia en la cultura ciudadana, poniendo fin a los discursos de odio. Debe ser claro para todas las campañas que: los derechos de las personas LGBTI no se consultan, se garantizan y que lo que ya se ha conquistado, no hay que cuestionarlo sino implementarlo y vigilar su efectividad.
De esa manera, podríamos decir que el próximo periodo presidencial, en materia de gobernanza para las personas LGBTIQ+, debería permitirle al país entender, como plantea Butler, como el desconocimiento de derechos a grupos poblacionales profundiza relaciones de precariedad y precaridad, la primera: la vulnerabilidad propia de la condición humana y la segunda: situaciones sistemáticas diferenciales inducidas por variables políticas y económicas, las condenará siempre a la pobreza y a la no realización y, en esas condiciones, ningún proyecto político es viable, porque deja sectores sociales por fuera: invisibilizados. Además, lo requerimos como un gobierno que dé un salto de la nominación a la acción, pues hay que entender que la ubicación de la sigla LGBTI en Planes de Desarrollo, Políticas Públicas y espacios de representación, no son suficientes, ante la ausencia de garantías; donde el riesgo de ser visibles como estrategia política, con la pretensión de ser reconocidas, se reduce a la cosificación y termina siendo propiciadora de violencia.
En materia de contexto, las candidaturas deben comprender que en el país, las personas LGBTIQ+ pasaron del silencio a la participación: el florecimiento de colectivas, la participación en la movilización social y el liderazgo en diferentes sectores de la sociedad, es una amplificación del clamor de miles, que siguen viviendo entre el miedo y la incertidumbre y que buscan un reconocimiento real en su vida cotidiana y que no están dispuestos a que se les someta nuevamente al closet del desprecio. La potencia política de sus cuerpos reunidos en la protesta social le propone al país “pensar la performatividad colectiva” como escenario de exigibilidad y allí cobran sentido las movilizaciones sociales que permiten marchar y marcar el territorio tanto espacial como corporal, el mismo que ha propiciado la violencia, como el que debe promover seguridad. Además, las/os congresistas deben tomar atenta nota a las recomendaciones de estamentos regionales como la CoIDH, con su opinión consultiva de garantizar derechos a las personas trans y los insistentes llamados de la Relatora de la CIDH y del Experto Independiente de la ONU, para poner fin a la violencia.
Sus equipos de campaña tienen que entender el mensaje de urgencia que las personas LGBTIQ+ dejaron en las recientes movilizaciones y las que, por años, han tramitado las organizaciones y las colectividades: en Colombia hay una emergencia de vida para que la diversidad sexual y la expresión de género diversa no sean motivo de incitación a la violencia o a la negación de derechos; para ello, es necesario impugnar y anular las formas existentes de legitimidad política que reproducen violencia o convocan a la invisibilidad; hay que pasar del sentido simbólico, de las decisiones judiciales y políticas, a planes de acción con resultados reales que empiecen a dar cuenta en la vida cotidiana que en este país, una vida desde la disidencia sexual y de género puede ser vivida y sobre todo que las personas LGBTIQ+ no se conviertan, durante la campaña electoral, en moneda de cambio para enunciarlas, buscando sus votos o sancionarlas buscando la simpatía de los que promueven los discursos de odio. Hay un déficit de derechos para lesbianas, gais, bisexuales, personas trans, intersex y no binaries en Colombia y es responsabilidad del nuevo gobierno, ponerlos al día en su nuevo Plan Nacional de Desarrollo y hacer de este, un país donde sea una realidad la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad como lo indica la constitución de 1991 y que aún no logramos conquistar.
Colombia posa como un país con avances en materia de derechos LGBTIQ+ en la región: matrimonio igualitario, adopción homoparental, políticas públicas, decretos para proteger el componente sexo/género de las personas trans; inclusión en el acuerdo de paz, Mesas de trabajo y espacios de incidencia con asiento para las personas sexo-género diversas; personas abiertamente lesbianas, gais, bisexuales y trans en cargos de elección popular, espacios culturales y comerciales y banderas arcoíris que es cotidiano verlas ondear en espacios públicos, sobre todo en fechas emblemáticas. Pero estas acciones nominales, no se han traducido en garantías para poder llevar una vida digna: ser uno de los países más violentos del hemisferio por la ocurrencia de violencia por prejuicio, la corta expectativa de vida de las personas LGBTIQ+ más vulnerables, la condena a la pobreza por manifestar abiertamente orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género disidentes, naturalizadas de desprecio en la vida cotidiana, hacen que este modelo de país haya fracasado en términos de justicia social. Esperemos encontrar una candidatura que pueda transformarlo y que sea esa la elegida por los colombianos y colombianas en las urnas para que pasemos del país del desprecio al del reconocimiento.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo