*La corporación Caribe Afirmativo participó en la creación de este documento que será presentado este día de manera presencial en Bogotá y virtual desde diferentes plataformas digitales.
21 de septiembre de 2021. Si los dos primeros años del Gobierno de Duque ya señalaban un deterioro de los derechos humanos en Colombia, este tercer año pasará a la historial como el peor en términos de represión violenta a la protesta social, reorganización y escalamiento de la violencia en todo el país, aumento de la pobreza y la desigualdad, hostigamiento a la administración de justicia y a las altas cortes, y unas relaciones internacionales debilitadas tanto por la respuesta dada a la protesta social, como por la injerencia indebida en varios asuntos políticos y electorales de otros países.
Así lo concluye el Balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez denominado “Lecciones Del Aprendiz – Autoritarismo Y Desigualdad” realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. Estas tres plataformas agrupan a más de 500 organizaciones sociales de todo el país y son quienes presentan el informe anual de derechos humanos, que en esta oportunidad cuenta con 35 artículos de movimientos, organizaciones sociales y académicos, así como infografías sobre los temas más relevantes.
- Paz, conflicto, crisis humanitaria y de derechos humanos
Según el informe, a lo largo de los tres años del gobierno de Iván Duque Márquez se ha presentado un escalamiento de la violencia en los territorios debido a razones como la no implementación intencionada del acuerdo de paz y la reinterpretación unilateral del mismo por parte del gobierno, los graves incumplimientos de los puntos que lo componen, los obstáculos que el gobierno ha puesto frente a la salida negociada del conflicto, y la ineficacia y desfinanciación de las instituciones e instancias relacionadas con la paz.
Datos relevantes:
- En los siete primeros meses de 2021 se perpetraron 60 masacres, en las que fueron asesinadas 221 personas(2020 hubo 91 masacres con 381 víctimas).
- Por su parte, el desplazamiento forzado en Colombia tuvo un incremento de 193 % entre enero y junio de 2021, en relación con el mismo período del año anterior; hubo 44.647 personas desplazadas en ese lapso.
“Los actores armados ilegales se han reorganizado a lo largo y ancho de Colombia y el escalamiento del conflicto ha significado el agravamiento de las violaciones de derechos humanos y de la crisis humanitaria en muchas regiones afectando gravemente a la población civil”, destaca Olga Silva, directora de la organización Humanidad Vigente y vocera del informe.
- Crisis del Estado Social de Derecho
Para las organizaciones sociales que suscriben el informe, la Democracia y el estado de derecho en Colombia enfrenta inmensos desafíos ante la arremetida del Gobierno Duque y sus acciones y medidas que van en detrimento del bienestar y la participación de la ciudadanía.
Para Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas y vocera del informe, “El presidente se dotó de facultades extraordinarias con el ‘Estado de Emergencia’ emitido a inicios de la pandemia y con el que se permitió el rápido trámite de leyes y reformas con poca o nula deliberación, además adelantar una campaña de descrédito y hostigamiento permanente a la administración de justicia y las altas cortes; y legitimar el actuar desmedido y violento de la fuerza pública sin ceñirse a los poderes civiles y a la Constitución”.
Datos relevantes:
- 159 personas fallecidas en protestas (87 de ellas participantes del Paro Nacional Abril 2021)
- 90 casos de lesiones oculares con pérdidas anatómicas y/o funcionales de alguno de sus ojos.
- 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género por parte de la fuerza pública.
- 365 personas detenidas de manera arbitraria, siendo sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención.
- 48 personas fueron asesinadas al parecer por armas de fuego por parte de la fuerza pública. 115, heridas por arma de fuego por parte de la fuerza pública.
- 4 personas fueron asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o granadas aturdidoras
- 2 personas mayores fallecieron por asfixia provocada por los gases lacrimógenos
- 1 persona fue arrollada por una tanqueta
- 1 persona falleció incinerada.
Según el informe fue tan alto el grado de vulneración de derechos humanos en Colombia durante el paro nacional que comenzó en abril de 2021 (debido a la nueva Reforma Tributaria propuesta por el ex Ministro de Hacienda: Alberto Carrasquilla), que suscitó la necesidad de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio. De esta visita surgió un documento de observaciones que el gobierno de Iván Duque, fiel a su talante antidemocrático, rechazó en varios aspectos.
- Aumento de la pobreza y la desigualdad
Para Aura Rodríguez, vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, “El gobierno nacional, en medio de la pandemia ocasionada por la Covid-19, tomó decisiones y medidas que pusieron en riesgo el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de la ciudadanía: por ejemplo, la pobreza monetaria nacional subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas de nacionalidad colombiana están por debajo de la línea de pobreza”.
Igualmente, “… la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. Así mismo, con el aumento del índice de Gini, los grupos con mayor acceso a las fuentes de riqueza recibieron una mayor proporción de los ingresos generados durante la pandemia, entre ellos, las ayudas del gobierno”, resalta el informe en su tercer capítulo.
Datos relevantes:
- A marzo de 2021, una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada 11 minutos. Las mujeres se vieron expuestas al aumento del trabajo de cuidado y reproductivo no remunerado. Para enero de 2021, de las 19 millones 968 mil personas ocupadas, el 38,9% correspondió a mujeres, y el 61,1 % a hombres.
- El diagnóstico para la población joven es desfavorable. En el país, la población joven comprendida entre los 14 y los 26 años representó en 2020 el 21,8 % de la población total colombiana (10 millones 990 mil 268 jóvenes). Y casi el 9% del total de habitantes corresponde a personas cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años.
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4 .Colombia y el mundo
Finalmente, el informe detalla las principales problemáticas que durante este año ha tenido el Gobierno Nacional en el campo de la política exterior. Aunque se esperaba una respuesta más contundente, es diciente el pronunciamiento del Departamento de Estado y la Casa Blanca donde se resalta la importancia del derecho a la protesta, el diálogo y de desescalar la violencia, en vista de las cifras de desaparecidos.
Al mismo tiempo, 55 congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos condenaron los abusos cometidos por la fuerza pública e hicieron un llamado al secretario de Estado para suspender la ayuda directa a la policía colombiana. Propusieron que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), principal ejecutor de la violencia contra manifestantes, no reciba fondos y se congelen las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación a la policía colombiana.
Esta imagen, sumada a la reestructuración en la financiación proveniente de cooperación internacional que están haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y en donde se prevé una disminución considerable, hacen percibir a Colombia como desconectada de la agenda internacional y sin una ruta clara, lo que impacta de manera determinante las relaciones internacionales y la vigencia plena de los derechos humanos en Colombia.
Datos relevantes:
- El partido político ‘Centro Democrático’, intentó persuadir con opiniones públicas a favor de Donald Trump y sus candidatos al Congreso en Florida, momentos previos a las elecciones, escudados en ser la fuerza política del actual mandatario colombiano.
- El Parlamento Europeo solicitó al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común una condena pública para Colombia. Esto redefine toda su política financiera y reestructura los instrumentos de cooperación internacional.