24 de noviembre de 2020. Este 24 de noviembre se conmemora el cuarto año de implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de Colombia. La implementación de la perspectiva de género en este acuerdo es una oportunidad histórica para garantizar los derechos fundamentales de las personas con identidad de género y orientaciones sexuales diversas y, de esta manera, mitigar los riesgos de sufrir acciones violentas. Por lo anterior, a continuación, Caribe Afirmativo presenta un balance de los avances y los retos que ha tenido el enfoque de género en la implementación del acuerdo de paz. El análisis se hará a partir de los siguientes ejes: Garantías de seguridad y protección con enfoque de género, derechos de las mujeres y personas LGBTI víctimas del conflicto armado, reforma Rural Integral y transformación territorial para la igualdad de género y participación política con enfoque de género.
Garantías de seguridad y protección con enfoque de género
Según el Kroc Institute en su informe “Hacia la implementación del enfoque de género en el acuerdo final de paz de Colombia: avances, oportunidades y retos”, las medidas para garantizar la seguridad y la protección no tienen un apartado específico en el Acuerdo final de Paz, pero son transversales a este; sobre todo, en el punto dos sobre participación política y en el punto tres sobre el fin del conflicto. A pesar de que existen mecanismos de seguimiento, todavía se siguen presentando situaciones de violencia contra mujeres y personas LGBTI motivadas por su orientación sexual o identidad de género diversas. Al respecto, el pasado 1 de octubre la Misión de Verificación de Naciones Unidas para la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia expresó su preocupación por el uso continuo de violencia basada en género y agresiones sexuales por parte de los actores armados ocurridas entre el 27 de junio y el 25 de septiembre del presente año.
En ese sentido, el Kroc sostiene que “las medidas de implementación siguen estando fragmentadas y se observan escasos avances en áreas clave como en los comités de evaluación para el monitoreo de los indicadores de género, el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios del Decreto 660 de 2018 y el desmantelamiento de organizaciones criminales”. Por tal razón, Caribe Afirmativo considera que este es uno de los componentes del acuerdo que requiere una atención prioritaria, debido a que la permanencia de las estructuras al margen de la ley en los territorios perpetua las situaciones de violencia en contra de las personas LGBTI y ponen en situación de riesgo inminente su vida y su integridad.
De acuerdo a lo anterior, en medio de la implementación de los Acuerdo es importante fortalecer las capacidades de investigación en materia penal para avanzar en la desarticulación de las organizaciones criminales responsables de estas violaciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI. En la medida en la que no existan acciones significativas en esta materia los esfuerzos liderados por el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios tendrán un impacto limitado para garantizar la seguridad de las personas con identidad de género y orientaciones sexuales diversas.
Derechos de las mujeres y personas LGBTI víctimas del conflicto armado
Lo pactado sobre las víctimas del conflicto armado aparece en el punto cinco del Acuerdo Final de Paz, donde se crean los mecanismos judiciales y extrajudiciales para el reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A través de los mecanismos dispuestos durante la implementación, las organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos de las personas LGBTI, como Caribe Afirmativo, han entregado informes con el fin de entregar información sobre el impacto diferencial que ha tenido el conflicto. Al respecto, es importante mencionar que Caribe Afirmativo ha presentado tres informes ante la JEP: dos informes presentados al caso No. 004 priorizado por la JEP sobre violencias contra personas LGBTI en la subregión de Urabá y un informe alrededor de esta misma problemática en la subregión de Montes de María.
Adicionalmente, según el Kroc, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) ha recibido nueve informes entregados por organizaciones de mujeres y LGBTI sobre violencia sexual. Al respecto, Caribe Afirmativo presentó ante la CEV documentos técnicos adicionales que han resultado de las experiencias de las víctimas LGBTI del conflicto armado en Colombia. En este contexto, Kroc sostiene que la Comisión ha rendido homenaje a las víctimas, dignificando sus contribuciones y apoyando iniciativas como la herramienta virtual “Celeste”, dedicada a las personas LGBTI que han sido víctimas del conflicto armado y el Grupo de Trabajo de Género creó la Mesa de Asistencia Técnica para incluir la participación de las mujeres y de personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas.
Por su parte, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha aplicado el enfoque de género para el desarrollo de su labor con el fin de promover mecanismos de participación de mujeres y personas LGBTI. Tal como lo expone el Kroc en su informe, a fecha de agosto de 2020, la Unidad se encontraba en el proceso de desarrollo de lineamientos para tratar la violencia de género como uno de los motivos implicados en la desaparición de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas.
De acuerdo a todo lo anterior, Caribe Afirmativo reconoce el trabajo el SIVJRNR por promover la participación de las personas y organizaciones LGBTI para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en medio del conflicto armado. En esa medida, la organización espera que la confianza depositada por las víctimas se vea reflejada en el avance de las investigaciones, la clarificación de los delitos, el acceso a la justicia restaurativa, la reparación a las personas afectadas en medio del conflicto y las medidas para la garantía de no repetición.
Reforma Rural Integral y transformación territorial para la igualdad de género
Uno de los ejes fundamentales del Acuerdo final de Paz es la inclusión de mecanismos para fomentar el acceso a la tierra y la formalización de la propiedad de la misma. En ese sentido, la inclusión de una perspectiva de género en los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral y las garantías para una participación de mujeres y personas LGBTI en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) resulta fundamental para analizar los avances en esta materia. Al respecto, el Kroc sostiene que: “el impacto de la implementación integral de estos programas puede contribuir al empoderamiento y a la igualdad de género en las zonas rurales”.
En esa medida, el Kroc destaca que las organizaciones de mujeres y LGBTI participaron en los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR) y, como resultado, en 2019 fue posible incluir en la categoría de “mujeres y género” a un total de 4606 iniciativas en los 16 PDETs. Estas propuestas para mejorar las condiciones de mujeres y personas LGBTI en entornos rurales fueron compartidas con las entidades gubernamentales responsables de su impacto a través de la Comisión Intersectorial para la incorporación del enfoque de género.
Sobre este tema, Caribe Afirmativo hizo un análisis sobre las iniciativas con enfoque de género a los tres PDETs de la región Caribe que están en proceso de implementación de las subregiones del Sur de Córdoba, los Montes de María y en la Sierra Nevada-Serranía del Perijá-Zona Bananera. A partir de los hallazgos fue posible concluir que se evidencia un desconocimiento sobre las cuestiones de género, debido a que la aplicación de lo propuesto no es clara o no es pertinente. Adicionalmente, se evidencia que a partir de lo consignado en los documentos la inclusión de personas LGBTI en los programas dependerá de la voluntad política de las personas que asumirán como mandatarias durante el proceso de implementación de los PDET. Por otro lado, el balance en cifras no resulta ser alentador, debido a que de las 211 propuestas contempladas en los tres PATR, solo 14 de ellas incluyeron el enfoque de género y ninguna de estas menciona de forma expresa a las personas LGBTI.
Según el Instituto Kroc, desde septiembre de 2019 las medidas para avanzar en igualdad de género han mostrado un progreso lento frente a cambios transformadores, lo cual podría verse reflejado en los retrasos de programas estratégicos y de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Por esta razón, para garantizar que la futura implementación promueva la igualdad de género es necesario tomar medidas afirmativas en los planes nacionales y un enfoque de género en el protocolo del PNIS.
Participación política con enfoque de género
El segundo punto del Acuerdo Final de Paz de Colombia sobre “Participación Política” aborda los problemas de inclusión en la participación de mecanismos políticos y democráticos para garantizar el pluralismo y defender los derechos de la oposición. Al respecto, el Kroc sostiene que: “la lentitud en la implementación general del Punto 2 ha ocasionado que haya un progreso escaso en el aumento del liderazgo de las mujeres y en la garantía de la inclusión de la mujer y del colectivo LGTBI en la planificación participativa y democrática y en los mecanismos de veeduría”.
Al respecto, Caribe Afirmativo identificó que no hay avances en las actualizaciones a la Ley 152 de 1994 sobre los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo que permitan avanzar en la inclusión de las mujeres y la población LGBTI y sus agendas y los presupuestos para garantizar su participación a nivel local.
Esta situación es especialmente preocupante, si se tiene en cuenta que las reivindicaciones de las poblaciones históricamente discriminadas requieren de acciones afirmativas en diferentes espacios democráticos para contribuir a la defensa de sus derechos. Uno de estos espacios es el de la participación política, donde es necesario que existan incentivos desde el orden local y nacional para que las personas LGBTI pueden trabajar en escenarios de representación por la promoción de sus derechos constitucionales y la eliminación de los prejuicios que las ponen en riesgo por su orientación sexual e identidad de género diversas.
Solicitudes para fortalecer la implementación del acuerdo
A partir del diagnóstico presentado, Caribe Afirmativo le solicita al Gobierno Nacional, a los mecanismos creados para la implementación del acuerdo y a las autoridades departamentales y municipales que articulen esfuerzos para que la implementación se vea reflejada en acciones estatales en los territorios. Si bien es posible evidenciar una disposición valiosa para la creación de planes, programas y políticas con enfoque de género es necesario que estas se vean materializadas en atención a las poblaciones que fueron víctimas del conflicto y a las que requieren especial protección para garantizar la no repetición.
Adicionalmente, Caribe Afirmativo considera indispensable que en la elaboración de los planes y programas para la construcción de una paz estable y duradera exista una armonización de los presupuestos del Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Territoriales, así como los PDET, para garantizar que las acciones afirmativas en los territorios cuenten con la participación de las mujeres y las personas LGBTI. En ese sentido, es importante que estas medidas contengan una perspectiva de inclusión, diversidad, pluralidad y desarrollo humano.
Es necesario que la confianza que las mujeres y las personas LGBTI han depositado en los mecanismos dispuestos para adelantar la implementación del acuerdo en estos primeros años se vea respaldada por acciones institucionales para la garantía de derechos fundamentales. En esa medida, Caribe Afirmativo les solicita a las entidades del orden nacional y local que fortalezca la participación de la sociedad civil y las organizaciones internacionales con el fin de que la implementación de lo acordado garantice la protección y la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto y sea un elemento transformador para eliminar las desigualdades históricas por razón de género.