15 de julio de 2020. En el pasado Miércoles de Paz destacamos elementos del informe trimestral presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia para la implementación del Acuerdo Final de Paz, resaltando que este se enfocó en las afectaciones diferenciadas que ha producido la pandemia Covid-19 sobre el proceso a grandes rasgos. A partir de esta entrega y la del trimestre anterior analizaremos los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (a partir de ahora simplificado como SIVJRNR o Sistema Integral) a lo largo de este primer semestre del 2020.
[1] Primer informe: 27 de diciembre de 2019 hasta 26 de marzo de 2020.
Lo primero a destacar es el aporte cuantitativo que hace frente a los avances de los distintos componentes del Sistema, comenzando por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en términos de participación señala que durante este periodo de tiempo se logró la comparecencia de 291 exmiembros de las FARC, 232 miembros de la Fuerza Pública y 7 agentes estatales no combatientes; igualmente se presentaron 941 peticiones de agentes no estatales para someterse a la JEP, de las cuales se aprobaron 13 y rechazaron 258; por último, frente a las víctimas, se señaló que se contaba con un total de 265.000 víctimas acreditadas.
Continuando con la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas en contexto o en razón del conflicto armado (UBPD), se reporta que han avanzado en la identificación de 599 personas (de las cuales 15 son mujeres) dadas por desaparecidas. Como suceso destacable durante este periodo se encuentra la identificación y exhumación de 54 cuerpos en Dabeiba (Antioquia) a partir del trabajo coordinado entre la Unidad y la JEP a partir del testimonio de un militar.
Por su parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) continuó con la práctica de entrevistas y estrategias para la recolección de relatos que permitan construir las distintas capas históricas que configuran el conflicto armado. Frente a esta labor señala el informe un acumulado de 11.700 entrevistas tanto individuales como colectivas a los distintos actores del Sistema Integral.
Un elemento de análisis observable en el contexto de este periodo es la situación de inseguridad para las víctimas y excombatientes frente al SIVJRNR, considerando los antecedentes y casos presentados durante el 2019 y el periodo de informe del 2020; estos dos actores son quienes enfrentan un mayor riesgo de ser vulnerados, y hacia quienes el compromiso de garantizar su vida e integridad es reforzado.
[2] Segundo informe: 27 de marzo de 2020 hasta 26 de junio de 2020.
Lo primero que se puede observar es la carencia de elementos cuantitativos de análisis significativos en comparación con el informe anterior, a excepción de cuando señala que durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio la JEP ha expedido 115 decisiones judiciales. Por otro lado, se destacan elementos cualitativos de análisis frente a la implementación del Sistema Integral, como la publicación de los lineamientos sobre sanciones que recibirán las personas que se han sometido a esta jurisdicción especial [3]; asimismo, la ampliación de medidas de protección a comunidades indígenas y afrocolombianas ubicadas en el Chocó que se encuentran asociadas al Caso 004 de la Situación Territorial del Urabá.
Por parte de la UBPD se destaca la creación y socialización del Plan Nacional de Búsqueda – espacio del cual Caribe Afirmativo hizo parte [4] –; adicionalmente, la creación de 12 planes regionales para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y un acumulado de 5800 solicitudes de búsqueda hasta la fecha de presentación del informe. Ahora, frente a la CEV se reporta continuidad en su mandato en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, manifestando que las labores de recolección de relatos tanto de forma individual como colectiva con las víctimas, testigos, perpetradores, miembros de la Fuerza Pública, exmiembros de las FARC-EP y paramilitares, han proseguido en medio de la pandemia.
Conclusión
El contexto general para la implementación del Sistema Integral en lo ocurrido de este 2020 presenta una situación preocupante de seguridad para las víctimas, líderes/as sociales, defensores/as y activistas que trabajan a favor de los derechos humanos en sus territorios, de igual forma para excombatientes que se han sometido a la JEP y a las garantías del Acuerdo Final de Paz. Este panorama evidentemente se encuentra agravado por la situación de aislamiento, limitaciones de movilidad y afectaciones socioeconómicas que se han generado en medio de la pandemia.
Otro aspecto a resaltar es el deber de satisfacción que tiene el SIVJRNR con las víctimas, elemento que no puede detenerse incluso en el panorama que atraviesa el país, sino que debería fortalecerse para que el Sistema Integral no resulte siendo una víctima más en medio de las crisis emergentes; por tal motivo, es necesario continuar y reforzar el trabajo articulado entre las distintas entidades de orden nacional, departamental y local, sin olvidar que la meta trazada fue la de alcanzar medidas efectivamente restaurativas, una apuesta ambiciosa en un país que lleva enfrentando un complejo entretejer de violencias.
Por lo tanto, celebramos los avances significativos que se han logrado obtener incluso en medio de la pandemia, instamos a todas las entidades de orden estatal y del Sistema Integral a que continúen trabajando para otorgar garantías de seguridad para los actores del mismo, y que se generen mayores medidas articuladas que se traduzcan en avances significativos frente a este alto compromiso de justicia restaurativa; no sobra recordar que es labor de todas y todos aportar a la construcción de paz, y, para ello, es fundamental conocer y visibilizar las distintas iniciativas que surgen alrededor del Sistema Integral para lograr esclarecer la verdad del conflicto y lograr reparar los tejidos rotos por el transitar del mismo.