La xenofobia, exacerbada por prácticas de racismo, aporofobia, misoginia, homofobia y transfobia, se agudiza en la región cuando las crisis humanitarias ponen en riesgo la vida de muchas personas LGBTIQ+.
El pasado 18 de diciembre fue el Día Mundial de las Migraciones. El Informe de Naciones Unidas para esta ocasión destacó que:
“En un mundo que debe enfrentar una gran incertidumbre, comprender la dinámica de la migración es esencial para tomar decisiones informadas y contar con respuestas efectivas en materia de políticas. Por otro lado, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo permite avanzar en esa comprensión porque deja entrever las tendencias que se han mantenido durante mucho tiempo, pero también los desafíos que van emergiendo”.
El Informe revela que, si bien la migración internacional sigue impulsando el desarrollo humano, los desafíos persisten. Con aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, la cantidad de personas desplazadas, ya sea por los conflictos, la violencia u otros motivos, ha aumentado, alcanzando los niveles más elevados registrados en épocas recientes, con una cifra de 117 millones. Esto pone de relieve la necesidad de abordar, cuanto antes, las crisis de desplazamiento.
La reciente celebración de los 40 años de la Declaración de Cartagena, en Santiago de Chile, llamada Cartagena+40, que se constituyó en la cumbre sobre movilidad humana más significativa de la región en los últimos años, no solo pasó desapercibida, sino que no logró poner a los Estados a la altura de una respuesta en materia de acogida acorde con las crisis humanitarias que sufre hoy la región: a) gobiernos autoritarios y antidemocráticos que, con medidas restrictivas, obligan a sus ciudadanos a marcharse; b) crisis climática, que agudiza las altas temperaturas en la región, haciendo invivibles algunas zonas; c) ausencia de garantías de bienestar y acceso al trabajo en condiciones de dignidad; y d) restricción a los derechos humanos de grupos poblacionales históricamente excluidos.
Esto tiene hoy a millones de latinoamericanos y caribeños huyendo por nuestras fronteras porosas, buscando una mejor calidad de vida. En estas caravanas migratorias, la presencia de personas LGBTIQ+, que huyen además de las razones anteriores, por los prejuicios naturalizados hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, sufre condiciones más precarias y deshumanizantes en dichos tránsitos migratorios, sin encontrar respuesta en los Estados de paso o de llegada, ni en las comunidades de acogida, que les excluyen por ser personas LGBTIQ+.
Hace 40 años, precisamente, la Declaración de Cartagena fue una respuesta de la región para acoger y acoplar a la realidad del país la resolución sobre refugio de Naciones Unidas, y dar condiciones reales de acogida a las personas solicitantes de protección tras un proceso de huida. Allí, de forma muy propositiva, la referencia a comprender el contexto que origina la salida del territorio y a leer los diferentes factores que intervienen en un proceso de desplazamiento forzado permitió que el proceso de protección, amparado en esta declaración, fuese adoptado tímidamente por los Estados. Esto permitió avanzar en asuntos que hoy son fundamentales, como: a) el enfoque de género; b) el enfoque étnico; c) la pobreza estructural; y d) los factores multidimensionales presentes tanto en el origen como en el tránsito y las comunidades de llegada.
Fue así como, invocando la Declaración de Cartagena, los países de la región empezaron a dar refugio a personas LGBTIQ+, asumiendo de manera clara el argumento de condiciones de vida adversas relacionadas con la orientación sexual, identidad y/o expresión de género como causa estructural. Fallos judiciales en Costa Rica y México desarrollaron esta jurisprudencia.
Recientemente, Colombia, el país sede de dicha declaración, activó el Estatuto Temporal de Protección Migratoria, el tercero en el mundo luego de los creados por EE.UU. y Turquía. Dichos estatutos son un periodo de gracia especial para otorgar estatus de legalidad y garantía de derechos a personas en condiciones de irregularidad en los territorios. Ello, como una medida humanitaria, busca superar el déficit de derechos que tienen las personas migrantes y otorgarles una ciudadanía plena, aunque transitoria, por un tiempo en que se supone se regulariza la crisis migratoria.
Colombia lo activó para responder a los más de cuatro millones de venezolanos y venezolanas que transitan o se establecen en su territorio en los últimos años, y también a otras nacionalidades como la ecuatoriana, haitiana y algunas africanas que han hecho de Colombia país de tránsito para pasar hacia el norte del continente. Dicho estatuto, además de contar con los estándares internacionales, dio un salto cualitativo al incluir un enfoque de género, que estableció una atención especial de acogida a las personas trans, reconociendo su ciudadanía plena y planes especiales para el restablecimiento de derechos.
Aunque fue el primer estatuto migratorio con compromisos concretos con las personas LGBTIQ+ migrantes, tuvo limitaciones. Por ejemplo, no amplió la protección a parejas del mismo sexo ni ofreció un enfoque diferencial para mujeres lesbianas y bisexuales. Además, el procedimiento incluía trámites notariales, que resultaron un obstáculo para las personas trans. A pesar de ello, puso en la política de acogida migratoria la urgencia de acciones diferenciales con personas sexo-género diversas.
Y es que, en la región, por ser la más violenta del mundo, estamos viendo con preocupación que cada vez hay más víctimas migrantes de casos de homicidios, feminicidios, amenazas, desplazamientos y violencia sexual. También se ha naturalizado el discurso de odio, lo que ha incrementado la violencia verbal y simbólica, exacerbada por la homofobia y la transfobia, dificultando aún más la vida de estas personas.
En medio de una región con poca vocación de acogida, las mínimas acciones que se realizan no se amplían a las personas migrantes LGBTIQ+. La xenofobia se intensifica cuando las personas solicitantes de acogida son lesbianas, bisexuales, gais, trans o no binarias, como si su vida valiese menos.
Por esta razón, en las reuniones preparatorias de Santiago+40, organizaciones como Caribe Afirmativo, que acompañan procesos de personas LGBTIQ+ en movilidad humana, llamaron la atención sobre la necesidad de que la nueva declaración incluyera explícitamente su compromiso con la protección de las personas sexo-género diversas en movilidad humana.
Se enfatizó en:
- Entender que los graves fenómenos de crisis climática y conflictos armados en la región afectan mayoritariamente a grupos poblacionales históricamente excluidos, entre ellos las personas LGBTIQ+.
- Reconocer que los programas de atención migratoria, mayoritariamente gestionados por grupos religiosos, no solo carecen de enfoques diferenciales, sino que revictimizan a las personas LGBTIQ+ por su orientación sexual y de género.
- Superar la visión binaria de la atención humanitaria, que invisibiliza a las personas trans y no binarias.
- Crear albergues y casas de acogida especializadas para personas sexo-género diversas, evitando que muchas terminen en situación de calle o vean truncados sus proyectos de vida.
- Reconocer la persecución motivada por la diversidad sexual y de género como una causa legítima para huir de sus países.
Aunque se identificaron buenas prácticas de acogida en la región, los avances logrados coincidieron con la afluencia de migrantes y el desarrollo de derechos LGBTIQ+. Sin embargo, las propuestas discutidas en Santiago+40 resultaron en acciones tímidas. Aunque se habló de enfoque diferencial, no se concretaron acciones claras para atender a las personas LGBTIQ+ migrantes.
El anhelo de incluir un artículo explícito sobre diversidad sexual y de género, que sirviera como herramienta para incidir en los Estados, quedó insatisfecho. Esto habría permitido exigir la no devolución y garantizar una atención diferencial con garantías de derechos.
Al igual que los Estados fallaron al abordar la exclusión que sufren los haitianos por la presión dominicana, también quedaron en deuda con las personas sexo-género diversas de la región al invisibilizar la urgencia de garantizar proyectos de vida dignos para ellas.
Cartagena+40, como documento, aún debe ser analizado y decantado. Sin embargo, desde ya es claro que su insuficiencia demanda encontrar mejores formas de acogida para que, en una región que comparte una cultura similar y aspira a recomponer la vida, la diversidad sexual y de género no sea motivo de expulsión, sino de integración. Migrar debería ser un derecho fruto de la libertad, no una respuesta a la opresión ejercida por autoridades morales que juzgan ciertos proyectos de vida como dañinos, forzando a las personas a una interinidad que limita sus posibilidades de sobrevivencia.
Ojalá el propósito de Cartagena+40 de ser un ejemplo de aplicabilidad del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular se concrete con base en el reconocimiento de derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, donde la diversidad sea un valor respetado, y no un motivo en disputa para desconocer proyectos de vida.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo