Panfletos, anuncios de paros armados y amenazas a líderes y defensores de derechos humanos han aumentado en los últimos días en esta región del país, sobre todo en los municipios y corredores estratégicos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre.
“El miércoles en la noche ( 30 de abril) se suspendió por dos horas el fluido eléctrico en el municipio de San Onofre, en los Montes de María. En ese mismo lapso de tiempo se repartieron en las casas del casco urbano y de algunas veredas, un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que decretaba un paro del 31 de marzo al 1 de abril”.
Caribe Afirmativo manifiesta su preocupación por el aumento de amenazas a la movilidad de la sociedad civil en las carreteras de la región, y el temor entre los habitantes por presiones de actores armados que hacen presencia en la región y desestabilizan la estabilidad de la ciudadanía.
En pleno siglo XXI uno de los sucesos que más genera repudio en la sociedad son los actos terroristas realizados por los grupos armados, aquellos con los cuales se genera miedo, temor y zozobra en la población civil para conseguir un fin, a través de acciones como homicidios selectivos, amenazas, uso de explosivos en corredores urbanos, entre otras formas de degradación del conflicto.
Todo esto se ha venido presentado de manera más exacerbada en los últimos días en los departamentos de Antioquia, César, Sucre, Córdoba y Bolívar, a raíz de la decisión de una banda armada que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia –que las autoridades han venido relacionando con el Clan Úsuga, que era conocido como Los Urabeños–, que a través de panfletos repartidos a la sociedad civil han venido imponiendo un “paro armado”, consistente en el cese obligatorio de todas aquellas labores cotidianas que realiza una sociedad civil y, aunque contradictoriamente hablaron de un paro armado pacífico, han venido ejecutando otras acciones delincuenciales que tienen atemorizada a los habitantes de dichos departamentos.
Esta escalada terrorista tiene además el acompañamiento de un componente inusual y es que le han querido dar un valor jurídico y político a dichas acciones. ¿Cómo es eso? En los panfletos que han venido repartiendo, el grupo asevera que son una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo, requisitos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario para la aplicación de normas internacionales que reconozcan a un grupo armado organizado como sujeto de respeto por lo establecido en las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, los mismos que estarían irrespetando al atacar a la población civil y realizar actividades terroristas.
El contenido político de sus acciones, por otro lado, lo toman al aprovecharse de la marcha que está organizando el partido Centro Democrático el 2 de abril en varios lugares del país para mostrar su desaprobación a la manera como se está llevando a cabo el proceso de paz y las políticas económicas del gobierno. En este sentido, convergen estas acciones para la misma época con el propósito de dotar de similitud y aprovecharse del contenido político de la marcha organizada por el partido, al haber la concurrencia de tiempo.
Es preciso anotar que en el contexto político actual, que tiene sus ojos puestos en la apertura a la mesa de diálogos con el ELN realizada apenas hace dos días y a la espera para medir la capacidad de movilización social que tiene el partido Centro Democrático, estos reprochables no hacen más que aprovechar una coyuntura histórica para intentar exigir en un futuro que se abra con estos grupos procesos de negociación, como las que se han entablado ya con las AUC, FARC y ELN.
Desde la Corporación Caribe Afirmativo reiteramos nuestro rechazo a toda acción violenta, especialmente si atenta contra la población civil, reclamando por el respeto y la garantía de derechos de todos y todas. El Estado está en la obligación de desarticular estas escaladas terroristas y los grupos que pretenden, aprovechándose del momento, subordinar a la sociedad civil a sus intereses particulares, clamando por reconocimientos jurídicos y políticos que les son ajenos.
Caribe Afirmativo además reitera que estos escenarios de violencia suelen profundizarse en aquellos grupos que ya están marginados y que han sido más victimizados en medio de la criminalidad en Colombia, como lo son los defensores de DDHH, los estudiantes, la oposición política al gobierno, las mujeres, las personas LGBTI, entre otros, por lo que es deber del gobierno prevenir que se sigan acrecentando las consecuencias negativas de la criminalidad, especialmente contra estas personas. Finalmente, Caribe Afirmativo invita a que la ciudadanía siga promoviendo acciones y movilizaciones pacíficas cómo lo ha venido haciendo, a hacer uso de los derechos y cumplir con los deberes que impone la democracia, y a no convertirse ni hacer parte de estas escaladas violentas que solo buscan debilitar a la población civil y beneficiar a unos pocos.
Corporación Caribe Afirmativo