19 de agosto de 2021. Ante la espera por tres años en que el Gobierno colombiano implemente la política pública de los derechos para las personas LGBTI, lo que ha llevado que esta población continúe enfrentando discriminación y odio mientras son vulnerados sus derechos, este miércoles 18 de agosto un gran número de organizaciones LGBTI se reunieron para construir una ley que permita proteger y garantizar nuestros derechos con mandatos claros para que la igualdad sea una realidad en Colombia. En esta audiencia para organizaciones LGBTI de Colombia, las organizaciones participantes tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y necesidades.
A continuación, conoce nuestra ponencia, la cual, fue liderada por el equipo jurídico de Caribe Afirmativo:
Para el caso de las políticas enfocadas a la garantía de derechos humanos, la aptitud teórica de la categoría de capacidad administrativa, permite analizar el rol de las administraciones públicas territoriales en cuanto a su habilidad para: a) interpretar y vincular las agendas que pretenden lograr reconocimiento Estatal y acción afirmativa; b) proyectar intervenciones públicas que aborden las situaciones deficitarias de derechos humanos; y c) sintonizar sus objetivos de política a partir de las dinámicas problemáticas propias de cada territorio.
En ese sentido, se requiere evaluar dos aristas que nacen de la implementación e la Política Publica nacional, están son:
- Garantizar los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
- Territorializar la política pública nacional de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Como es conocido, la adopción de la Política Publica genera una serie de tensiones en materia de coordinación, coherencia e integralidad asociadas a la implementación y verificación que requieren ser avaluadas:
- La tensión que se origina a partir del desarrollo de una política nacional (por vía de acto administrativo), que pretende generar estándares de gestión subnacionales, y la autonomía administrativa relativa de las administraciones públicas territoriales en los procesos de construcción de políticas públicas locales (coordinación).
- La tensión que se origina a partir del desarrollo de una política nacional que —por vía de acto administrativo— pretende generar estándares de gestión subnacionales, frente a una generación previa de políticas públicas locales y departamentales (coherencia).
- La tensión que opera entre la fuerza ejercida desde el Gobierno nacional para adoptar estándares de gestión subnacionales y la de los actores locales del territorio respecto a las administraciones públicas departamentales y municipales (integralidad).
Con estas afirmaciones, se denota la posibilidad de disputas motivadas por el régimen jurídico-administrativo de la nación colombiana: descentralización política y centralización administrativa.
- Las competencias constitucionales y legales propias y concurrentes de las Alcaldías y las Gobernaciones en materia de derechos humanos.
- La dicotomía entre el marco legal de la política nacional y el marco institucional propio de las administraciones públicas territoriales
- El imperativo técnico de contextualización territorial de las situaciones problemáticas, trazadas por el Ministerio del Interior, que afectan el ejercicio pleno de derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas
SI se analiza Índice de Capacidad Administrativa (En el que se evalua Indice de capacidad administrativa de Política Pública (ICAPP), de territorializaciòn (ICATT) y de garantías de derechos humanos (ICADH)) se puede percibir que las administraciones públicas territoriales con base en un estándar de gestión desarrollado a partir de la interpretación de las obligaciones convencionales y constitucionales del Estado en materia de derechos humanos, los pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia respecto al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en conexión con la igualdad, la libertad y la dignidad humana, es posible que las Alcaldías desarrollan políticas, planes, programas y proyectos más sólidos que las Gobernaciones para la garantía de derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En esta perspectiva, las entidades territoriales departamentales, no siempre tienen conocimiento sobre el sentido y alcance de su competencia en la materia abordada; máxime cuando no hay una fuente normativa clara al respecto. Al mismo tiempo, las debilidades institucionales en las gobernaciones, amplían las asimetrías en el ejercicio de derechos entre las ciudades capitales y los municipios periféricos que dependen de la asistencia técnica de la administración departamental.
Las alcaldías y gobernaciones con mayores puntajes en el Índice coinciden en estructurar cadenas de acciones, indicadores y rubros presupuestales en sus Planes de Desarrollo dirigidas a la población estudiada. La revisión documental evidenció que cuando no se estructuran acciones en este instrumento de gestión, tampoco se encuentran programas y proyectos en el transcurrir del periodo de gobierno. Las ciudades y departamentos con mayores puntajes también se caracterizan por trayectorias administrativas relativamente robustas en la transversalización del enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Lo descrito deriva de acuerdos intersectoriales, construidos bajo una narrativa de ejercicio integral de los derechos humanos. Por el contrario, las entidades con menor puntaje se caracterizan por ofertar servicios de atención limitados, concentrados y ejecutados en una sola dependencia gubernativa; en este caso particular, las acciones observadas en la investigación se concentran más en la promoción cultural de la diferencia que en el abordaje de situaciones estructurales de discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Finalmente, el Índice evidencia como tradición administrativa territorial, la aproximación monofocal a la construcción de políticas sobre géneros y diversidad sexual tienden a aislar los ejes de desigualdad, creando recortes poblacionales que conducen a ejercicios de reconocimiento focalizados a partir de atributos identitarios. Esta situación refleja una selectivismo negativo se utiliza lógicas y racionales que estigmatizan la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, como personas vulnerables, subordinadas y pertenecientes a grupos minoritarios.