03 de febrero de 2025. Desde su segunda asunción al poder el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido una de sus promesas electorales más prioritarias y polémicas a la vez: revertir las políticas abiertas a la migración hacia medidas de deportación y barreras para la regularización migratoria, afectando en particular a las personas migrantes con orientaciones sexuales diversas, así como identidades y expresiones de género disidentes.
El nuevo enfoque migratorio de la Casa Blanca se enfila hacia la criminalización de las personas migrantes y solicitantes de asilo. A diario se observan operativos policiales y redadas para capturar a personas incluso en iglesias y escuelas, así como la negación de solicitudes de asilo de personas que huyen de situaciones de peligro en sus países de origen. Y estas políticas, aunadas a las políticas sobre el sexo y el género, ponen en mayor desventaja a personas de la diversidad sexual y con expresiones de género trans, no binarios y disidentes, quienes corren mayores riesgos a la hora de ser capturades y deportades.
Hasta la fecha, las principales medidas antimigratorias de la administración Trump han sido: declaración de emergencia nacional en la frontera sur, eliminación de la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, declaratoria de grupos delictivos extranjeros como organizaciones terroristas, suspensión del programa de reasentamiento de refugiados, reinstauración de la política “Permanecer en México”, restricciones adicionales a las solicitudes de asilo, instrucciones a la Fiscalía para pedir pena capital a migrantes irregulares que cometan delitos graves, revocación de programas de diversidad e inclusión, eliminación de la versión en español de la web de la Casa Blanca (complicando el acceso a la información a los hispanohablantes) y el reconocimiento exclusivo de los sexos asignados al nacer, desconociendo por completo las realidades corporales, identidades y expresiones de género.
También anunció la cancelación de la aplicación CBP One, que permitía a las personas migrantes que esperaban citas para ingresar desde México hacia Estados Unidos y hacer una solicitud de asilo, limitando las vías legales para el otorgamiento de la condición de refugiado, lo que aumentó la incertidumbre en la frontera del lado mexicano,
Eliminación del TPS y deportaciones masivas
Asimismo, la administración Trump anunció la eliminación progresiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) a personas provenientes de Venezuela, que afectará a alrededor de 600 mil ciudadanos que no pueden retornar a su país de manera segura. Esta cifra contrasta con Statista, que hasta el año 2023 estimaba una población de 545.200 venezolanos en Estados Unidos (el tercer destino de venezolanos más grande de América, después de Colombia y Perú.
Al eliminar el TPS para venezolanos, el gobierno de Trump desconoce la dura realidad de las condiciones económicas, políticas y sociales de Venezuela. Con la supresión del TPS, paradójicamente Estados Unidos se convierte en un riesgo potencial para estas personas, quienes se verían forzadas a salir hacia otros países, separándose de sus familias que dejarán en Estados Unidos y afrontando una nueva migración hacia territorios inciertos, incluso, tener que volver a Venezuela.
Pero de las palabras pasaron a la acción: las autoridades federales de EE. UU. realizaron “cacerías de brujas” en la búsqueda de migrantes en condición irregular. Se estima que más de medio millar de personas en situación irregular fueron detenidas y deportadas, entre ellas unos 160 ciudadanos colombianos que pretendían ser deportados esposados y en aviones militares estadounidenses. A la fecha, ya se han hecho deportaciones masivas de guatemaltecos y mexicanos.
Se vivieron horas de tensión entre Estados Unidos y Colombia, tras la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir a los colombianos deportados en las condiciones originales que había impuesto Estados Unidos. Se desató una guerra comercial entre ambos países y la cancelación de la emisión de visas a ciudadanos colombianos desde la Embajada estadounidense en Bogotá. Luego, la situación se pudo resolver por vías diplomáticas.
Cierre de la ayuda humanitaria
Por si no fuera poco, el gobierno de Trump también bloqueó las financiaciones a oenegés dedicadas a movilidad humana (migraciones, asilos, etcétera), alegando que estas hacen uso de los recursos para promover la “migración ilegal” y la “invasión de migrantes ilegales” hacia Estados Unidos.
Y esta semana comienza con la noticia del inminente cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Elon Musk, en su rol como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), había lanzado duras críticas contra la Agencia y anunció que será cerrada con el acuerdo de Donald Trump.
Todas estas órdenes ejecutivas, además de colocar a Colombia en una situación de vulnerabilidad social luego de que “entró en el congelador” cientos de proyectos humanitarios, también ponen en peligro las agendas de derechos LGBTIQ+ y migratorias. De acuerdo con la APC Colombia, desde 2017 hasta mayo de 2024 la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia para el sostenimiento de proyectos humanitarios representaba el 55.1 % de los recursos, destinándose en su mayoría a temas tan sensibles como la paz y justicia, fortalecimiento institucional, reducción de las desigualdades, acceso a alimentos y protección del medio ambiente
Riesgos para las personas venezolanas migrantes y solicitantes de asilo
Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad geopolítica de la región ya que, al obstaculizar el derecho a la migración, y a la vez haciendo deportaciones masivas y forzadas hacia los países de origen y/ terceros, se verán comprometidas las políticas sociales, humanitarias y de seguridad en América Latina.
Esto se puede apreciar al hacer un análisis del último reporte de la plataforma R4V (noviembre de 2024): más de 7,89 millones de venezolanos se encuentran por todo el mundo en situación de movilidad, de los cuales 6,71 millones están en América Latina. Si a esto se les suma los 600.000 venezolanos en riesgo de ser deportados tras el vencimiento de sus TPS, la situación migratoria se volvería insostenible en la región.
Todas estas medidas impactan negativamente en las vidas de las personas que huyen de sus territorios por no contar con las garantías mínimas para la supervivencia, como crisis económica, persecución, violencias, etcétera. Tal como señaló la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado, las personas LGBTIQ+ afrontan vulnerabilidades estructurales que se agravan por el desconocimiento de algunos Estados y funcionarios a sus realidades en cuanto al género, además de otras exclusiones por razón de prejuicio, como faltas de oportunidades a empleo, educación, alimentación, entre otros.
Esta crisis migratoria se acentúa más en personas LGBTIQ+ en contexto de movilidad humana. Las políticas antimigratorias de la administración Trump, aunado al desconocimiento estatal de las identidades y expresiones de género diversas, ponen a las personas LGBTIQ+ que intentan ingresar a Estados Unidos en una situación de mayor vulnerabilidad y se acentúan las barreras para el acceso a la regularización y el acceso a derechos.