16 de junio de 2025. En pleno mediodía y frente a decenas de personas que transitaban por el barrio 31 de octubre en Riohacha, fue asesinada Emy Brito, una mujer lesbiana conocida y apreciada en su comunidad. El ataque se registró en un establecimiento comercial, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Su muerte ha generado profunda consternación entre comerciantes y residentes del sector, no solo por la violencia del hecho, sino también por la hora y el lugar en que ocurrió: uno de los momentos de mayor flujo comercial en la zona.
Las Unidades de la Policía Metropolitana y personal de Medicina Legal acudieron rápidamente al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. Las autoridades han indicado que se están revisando las cámaras de seguridad cercanas para obtener pistas que permitan identificar a los responsables. Asimismo, se espera que en las próximas horas se entregue el informe preliminar de la necropsia.
Este crimen se suma a una preocupante serie de hechos violentos que han tenido como víctimas a personas LGBTIQ+ en distintas regiones del país, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las mujeres en contextos donde aún persisten altos niveles de estigmatización y violencia por prejuicio.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, Emy Brito sería la víctima número 45 de personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia en lo que va de 2025, y el segundo en la ciudad. El caso ha encendido nuevamente las alarmas sobre el riesgo y la violencia que enfrentan personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en distintas regiones del país.
Este nuevo crimen pone en evidencia la ausencia de garantías reales para la vida de las personas LGBTIQ+ en departamentos como La Guajira, donde confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos la discriminación, la exclusión institucional y la impunidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido a la Fiscalía General de la Nación investigar este asesinato con enfoque de género y orientación sexual, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1482 de 2011, que sanciona los actos motivados por prejuicio.