19 de agosto de 2020. La situación que están viviendo las mujeres trans en el marco del aislamiento por el COVID-19 es preocupante, y genera alarmas sobre los riesgos que están viviendo. Lo anterior teniendo en cuenta que se han presentado graves y repetidos casos de violencia en lugares como Valledupar, César, y formas de violencia que permiten entrever que son ejercidas por actores que están motivados por prejuicios contra las personas por su identidad de género, como fue el caso de Ariadna en pasados meses
Ayer, 18 de agosto del 2020 a las 9:30 pm, Patricia Dumon, una joven trans, se encontraba ejerciendo el trabajo sexual en la carretera del sector de Mamatoco en el Distrito de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena. Este trabajo lo realizaba a pesar del confinamiento obligatorio, tras cinco meses suspensión de actividades, la ausencia de ayuda estatal y la falta de medios de subsistencia. Según testimonios de sus compañeras, Patricia fue abordada por un hombre que se desplazaba en moto, quien le solicitó sus servicios, a lo que cual accedió. Sin embargo, Patricia no regresó al hotel donde pernoctaba con sus compañeras, ni se comunicó nuevamente con sus compañeras. En la madrugada de hoy fue encontrada asesinada con un disparo en la cara, en lo que, a partir de lo conocido, esta organización considera que es un feminicidio.
De los 19 homicidios y feminicios ocurridos en la región Caribe, 5 se han cometido contra mujeres trans, con altos niveles de crueldad y sevicia: el pasado 16 de abril, en el espacio público de la ciudad de Barranquilla, fue asesinada con arma blanca, Paloma; el 13 de junio, en esa misma ciudad y en el mismo barrio, “La Chinita”, asesinaron a Brandy utilizando contra ella un arma de fuego en su domicilio; el 22 de julio, en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, fue encontrada en su domicilio, sin vida, Gabriela, ciudadana venezolana, cuya muerte violenta aún no ha sido esclarecida; en Santa Marta, Ariadna, fue asesinada con arma blanca en su domicilio el 13 de junio; y en Valledupar, el 11 de julio, luego de ser agredida verbalmente, fue apuñalada en la vía pública Leidy Padilla, perdiendo de inmediato su vida. Además, una sexta mujer trans perdió la vida en Cartagena el 23 de junio, presuntamente por falta de atención médica oportuna.
Hasta el momento no se tiene conocimiento de los hechos y muchos menos el tratamiento que se le esta dando. No obstante, como organización de la sociedad colocamos peticionamos a la Alcaldía de Santa Marta para tomar medidas inmediatas y convocar a una mesa de casos de urgentes para la investigación de los casos contra personas trans, puesto que la integridad y la vida de las personas sexualmente diversas esta siendo afectada, en especial las mujeres trans.
A su vez, exigimos a la Defensoría del Pueblo y su delegada en asuntos de género y diversidad que realice el seguimiento expreso a este caso, junto a los reportados en Santa Marta y el resto de municipios del Magdalena, puesto que es de conocimiento el alto índice impunidad en estos casos. A la Fiscalía General de la Nación se le pide que investigue los hechos, con énfasis en identificar a los responsables del caso, y conocer si este feminicidio es motivado por prejuicios contra la identidad de género de Patricia. Esta investigación debe ser libre de prejuicios por parte de los funcionarios, sin criminalizar a Patricia y construyendo hipótesis que permitan comprender el contexto en el que ocurre este grave delito, y las causas del mismo.
Nuevamente, se solicita a la Alcaldesa del Distrito y a la Policia Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para aquellas que viven la discriminación y exclusión por ser LGBTI, y en graves contextos de pobreza. Esta solicitud NO deja de lado la necesidad de que se emprendan medidas para garantizar los derechos de la población migrante en el territorio, teniendo en cuenta el gran flujo y asentamiento en este territorio, entendiéndose que la imbricación de identidades sociales puede aumentar el nivel de vulnerabilidad.
Finalmente, hacemos un llamado a la Gobernación del Magdalena para que implemente la política pública departamental, iniciando con la contratación de un enlace LGBTI para que direccione y sea puente en la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTI. Lamentamos lo que esta ocurriendo en los territorios del Caribe, y reiteramos que el Estado es responsable de proteger la vida de todas las personas LGBTI.
¡Las mujeres trans merecen vidas seguras y libres de violencias!