En esta están incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
10 de septiembre de 2023. El pasado 7 de septiembre de 2023, en reunión plenaria en la Casa de Nariño, se celebró la sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), una instancia establecida en el Acuerdo de Paz con el propósito de diseñar y supervisar la política pública y la estrategia penal relacionada con la desarticulación de grupos con actividades delictivas que amenazan la consolidación de la paz, esto incluye a las organizaciones que se consideran sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
La política pública aprobada por el presidente de la república, Gustavo Petro, se desarrolló siguiendo las directrices establecidas por la Constitución Política y el Decreto Ley 154 de 2017, en concordancia con la Sentencia C-224 de 2017 emitida por la Corte Constitucional. En Colombia, las organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo, han sido un problema histórico que ha causado violencia y violaciones a los derechos humanos a pesar de los esfuerzos estatales para combatirlas. La corrupción y la complicidad con actores públicos y privados han contribuido a su persistencia, para abordar esta problemática, por esta razón se ha diseñado una política pública que busca enfocarse en las causas subyacentes y fortalecer las acciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado y la violencia que amenazan la paz en el país.
La implementación de esta política tendrá un impacto en diversas facetas del fenómeno criminal y sus causas estructurales. Esto involucra la lucha contra la corrupción mediante reformas en la estructura institucional y en el servicio público, con el propósito de limpiar y prevenir la infiltración de actores públicos y privados por parte de organizaciones criminales que amenazan la paz. Asimismo, la estrategia de desmantelamiento debe estar coordinada con las iniciativas públicas necesarias para promover cambios en la actividad económica de las áreas prioritarias para su aplicación
Esta política publica cuenta con diversos enfoques y uno de ellos corresponde al enfoque de género y feminista, allí se planteo que la existencia de patrones culturales y sociales discriminatorios y patriarcales, basados en la idea de inferioridad y roles de género estereotipados, aumenta la vulnerabilidad especialmente las mujeres y de las personas con OSIDEG diversa (orientaciones sexuales, identidades de género y expresión de género) cuando se involucran en actividades políticas o defienden los derechos humanos.
Por esta razón, ‘‘es necesario implementar metodologías de análisis para la determinación de patrones de violencia en contra de las mujeres, niñas, lideresas y defensoras y/o personas con orientación sexual o identidad de género diversa, con el objetivo de proporcionar herramientas de tipificación, desestructuración y desmonte de las organizaciones y conductas objeto del Decreto Ley 154 de 2017’’. Este enfoque propuesto, busca conectar esta violencia sociopolítica y cultural con las necesidades y propuestas de organizaciones de mujeres y personas con OSIGEG no hegemónicas en las comunidades, orientando así las acciones operativas, legales y de reintegración de las personas involucradas en estas actividades. El Acuerdo de Paz de 2016 reconoce las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres en la participación política y promueve su participación y fortalecimiento en la construcción de la paz como una forma de mitigar el impacto desproporcionado del conflicto armado en ellas.
Desde Caribe Afirmativo saludamos la aprobación de esta política, pues, seis años después de haber sido firmado el Acuerdo de Paz con las extintas FARC-EP, es un logro importante respecto a la protección de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, políticos y políticas. Asimismo, la implementación de está política permitirá fortalecer una instancia creada con el propósito de diseñar, coordinar y ejecutar una estrategia penal destinada a abordar los actos delictivos que representan una amenaza para aquellas personas que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz.