En virtud a que el Covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestras dinámicas sociales y, así mismo, dado que durante los días de confinamiento voluntario no ha cesado la muerte de líderes sociales, la representante a la cámara María José Pizarro dirigió este miércoles 25 de marzo una reunión vía Facebook Live, con el ánimo de debatir las razones por la cuales se están presentando estas persecuciones y así poder definir una hoja de ruta para la prevención y protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país.
Con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, el programa Somos Defensores, el Colectivo de Abogados, la Comisión Nacional de Garantías, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras instituciones y organizaciones, fue puesto sobre la mesa este delicado asunto que, en los tres primeros meses del año 2020, ya ha significado la muerte de 60 líderes y lideresas. Esto significa que la situación ha empeorado y no ha habido una respuesta oportuna, teniendo en cuenta que, para el mes de junio de 2019, el número de muertes ascendía a 59.
Así las cosas, y dado que aún en épocas de aislamiento social los homicidios, amenazas y hostigamientos no han mermado, resultó claro concluir que una de las principales causas estructurales de esta tragedia tenía precisamente que ver con la indebida implementación, por parte del gobierno nacional, de los acuerdos de paz suscritos en La Habana con la antigua guerrilla de las FARC.
Bajo este entendido, la existencia de grupos ilegales en determinados territorios, que han empezado a ejercer dominio después de la salida del juego de las extintas Farc, ha dejado en exposición a los líderes y lideresas sociales, especialmente aquellas que hacen incidencia por la sustitución de cultivos de uso ilícito, y en la defensa y restitución de tierras.
En consonancia con lo anterior, es decir, la indebida implementación de los acuerdos, se aseguró que tampoco se han puesto en práctica muchos de los mecanismos que contiene el acuerdo para la protección de las poblaciones, ni se ha elaborado una política de desmantelamiento de estos grupos armados ilegales.
Adicionalmente, se puso de presente que otra razón para que continúe esta arremetida tenía que ver con que la mayoría de los hostigamientos se están presentando en territorios con alta conflictividad social, donde las alternativas de sustento a los pobladores están atenidas a economías ilegales, generando con ello que grupos organizados ejerzan violencia en tales zonas.
Otro tema aludido, que incide directamente con esta violencia, se relaciona con la corrupción en muchos entes territoriales, pues el seguimiento que se hace a las administraciones, y la omisión y permisividad de los mismos, pone en la mira a quienes alzan su voz de protesta.
Por otro lado, se conversó sobre las falencias existentes en la construcción de una verdadera política pública que le dé mayor capacidad de respuesta al Estado frente a la protección de defensoras y defensores de derechos en nuestro país. Sin embargo, se acotó que el Estado cuenta con una política pública robusta para la protección de los derechos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, mas no se están implementando por parte del gobierno del presidente Duque, bajo la idea de una política de fortalecimiento de políticas de defensa y seguridad a través del establecimiento de zonas de seguridad integral resumido en más militarización, cuestión desde todo punto de vista equívoca y desconocedora de la imperiosa necesidad de auscultar y eliminar a las verdaderas razones de violencia.
Este visión del gobierno de turno deja a un lado las razones estructurales mencionadas y sacaría a la luz su verdadero ánimo tendiente a desconocer e inferiorizar a esta problemática -a propósito de las recientes declaraciones de la ministra del interior en las que hizo un comparativo entre la muerte de líderes sociales y la muerte de ciudadanos por el hurto de celulares-, irradiando, de tal modo, a todos los entes del Estado.
Para la muestra, la absoluta impunidad a la que se enfrentan las víctimas de estos delitos, pues, las investigaciones se quedan únicamente con la información de los autores directos, sin realizar estudios de contextos, y viendo cada caso de manera aislada, sin ningún tipo de sistematicidad. Se reclamó también que debe existir el ánimo y el empeño del Gobierno y la Fiscalía por lograr el esclarecimiento e identificación de los autores mediatos de estos hechos, y por el desmantelamiento de tales bandas criminales. Y así, poder atacar los niveles de impunidad que rondan la cifra del 90%. Ante este análisis, se puso de presente que la política pública de protección no puede ser una política de gobierno sino de Estado, con el fin de salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía, sin distinción ni sesgo político alguno.
En medio del análisis de esta situación, también se conversó sobre las razones por las cuales se percibía en Colombia tal nivel de indolencia e animadversión frente a la labor de tantos líderes y lideresas.
Ante esto, pudo aseverarse que tenía lugar a varios factores, como lo era el verdadero ánimo del gobierno en desconocer esta realidad, el desconocimiento de las reales cifras integrales de la violencia contra estos y la falta de presencia del aparato judicial para criminalizar y desmantelar al crimen organizado, el desconocimiento de los colombianos frente la verdadera labor de los líderes y lideresas en los territorios (el cuales son generadores y protectores de paz) y, por último, la naturalización social relacionada con la aceptación de delitos en contra de estas personas.
Este análisis es de suma importancia, dado que el problema de la estigmatización no es solo por la falta de un mensaje positivo sobre la labor de los líderes, sino que también está arraigado al marcado mensaje negacionista del gobierno actual y otros anteriores, haciendo que el papel protector del Estado se desdibuje y, por el contrario, sea precursor de mayores violaciones.
Bajo estas aristas, también pudo concluirse que resulta menester que el gobierno retome el rumbo e implemente en debida forma el Acuerdo de Paz celebrado con las FARC, aplicando la política pública allí trazada para la defensa y protección de las poblaciones acentuadas en las zonas de anterior incidencia del desmovilizado grupo armado.
De igual manera, sobre la necesidad de que la Fiscalía General individualice e identifique en dónde están todos los procesos sobre asesinados contra líderes sociales, realizando un estudio en contexto encaminado al desmantelamiento, judicialización de casos y disminución de los índices de impunidad.
Así mismo, existe la necesidad de una metodología y un claro plan de acción por parte del Ministerio del Interior para poder articular la respuesta institucional ante estos casos de violencia y, así, poder atender de manera rápida e integral a las solicitudes de los líderes y lideresas. Igualmente, la implementación de la mesa de seguridad para el estudio y atención de estos casos.
Como se mencionó, con ocasión a lo ligada que está la corrupción con la muerte de lideresas y líderes, urge la inclusión de una agenda anticorrupción para que, con la agilización de la investigación y sanción por parte de los entes de control, se logre también añadirse el componente de acompañamiento y protección a estos defensores y defensoras de derechos humanos.
Por último, entre otras consideraciones, se manifestó que debe priorizarse la participación de las víctimas, bajo la advertencia de que no puede estar centralizada, sino, más bien, con la mirada desde los mismos territorios y con el acompañamiento de la comunidad internacional, junto con las organizaciones sociales.
Resulta de interés para Caribe Afirmativo participar en este tipo de reuniones y debates, dado que uno de nuestros principios se cimienta en el fomento del reconocimiento y garantía de los derechos de grupo poblacionales históricamente discriminados y afectados por la violencia, como resulta ser el de las lideresas y los líderes sociales en Colombia, quienes hoy están completamente desprotegidos y a la merced de la violencia.
Por tal razón, nos sumamos al clamor de muchos colectivos que actualmente demandan al gobierno nacional el otorgamiento de medidas de fondo, integrales y eficaces, encaminados a la protección de la vida e integridad personal de nuestros líderes y lideresas, quienes históricamente han estado relegados, y cuyos derechos y quienes representan deben ser reivindicados.
Entonces, tal y como se anotó en la reunión referida, nuestra invitación es a no bajar guardia durante la pandemia, y acompañar a nuestras lideresas y líderes en su lucha, porque esta violencia sistemática ni en cuarentena descansa.