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Alerta Temprana 030 de 2023 y candidaturas LGBTIQ+ en las elecciones territoriales

En el marco de la ejecución de la campaña liderada por Caribe Afirmativo, se han documentado 7 casos de violencia política en el país. Además, se han identificado 4 situaciones en las que aspirantes a cargos de elección popular han empleado discursos de odio contra personas LGBTIQ+. 

20 de septiembre de 2023. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, mediante la AT 030 DE 2023, identificó 676 municipios en riesgo para el proceso electoral que se llevará a cabo en octubre de 2023. También identificó 19 áreas no municipalizadas en riesgo y el Distrito Capital de Bogotá. De estos, se identificaron 113 municipios en riesgo extremo (16.7% del total advertido), 286 en riesgo alto (42.3 % del total advertido), 184 en riesgo medio (27.2 % del total advertido), y finalmente, 93 en riesgo bajo (13.7% del total advertido). Esto se debe a la presencia, acción, tránsito, injerencia, control o confrontación de Grupos Armados Ilegales (GAO-GCO) en conjunción con factores de vulnerabilidad y amenaza en un escenario nacional y macrorregional.

Desde el cierre de las inscripciones de candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, se han conocido 142 personas LGBTIQ+ que se lanzan a los próximos comicios electorales el 29 de octubre. Este es el espacio en el que elegiremos a nuestras próximas alcaldesas, gobernadoras, concejalas, diputadas y edilas. Hasta la fecha del 13 de septiembre de 2023, se ha registrado un aumento del 68.79% en la participación de personas LGBTIQ+ con respecto al total de candidaturas registradas en las elecciones territoriales de 2019.

Caribe Afirmativo ha evaluado el nivel de riesgo al que se enfrentan las candidaturas registradas en la Campaña “Voto por la Igualdad”. Estas cifras revelan un panorama alarmante con un riesgo alto para 62 candidaturas y un riesgo extremo para 18 candidaturas en algunos municipios de los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Chocó y Antioquia.

A continuación, se muestra una tabla con los datos de los departamentos y municipios donde se registran candidaturas LGBTIQ+ y su nivel de riesgo.

En el marco de la ejecución de la campaña liderada por Caribe Afirmativo, se han documentado 7 casos de violencia política en el país. Además, se han identificado 4 situaciones en las que aspirantes a cargos de elección popular han empleado discursos de odio contra personas LGBTIQ+. Estos incidentes han ocurrido en Cartagena (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander), Sabaneta (Antioquia) y Medellín (Antioquia). A continuación, se detallan algunos casos conocidos por la organización:

  1. Taliana Gómez Oliveros, una mujer trans con experiencia política en Santa Marta, ha recibido amenazas de muerte. En la mañana de hoy, su valla publicitaria en el Barrio Pescaito, en la Comuna 3 de Santa Marta, apareció rota. Previamente, recibió llamadas amenazantes con la intención de que retirara su candidatura. La última llamada fue explícita al darle un plazo de 48 horas para salir del país, bajo amenaza de ser asesinada.
  2. Aleska Montoya, una mujer trans candidata al Concejo de Sabaneta (Antioquia), ha sido víctima de ataques directos y discursos de odio hacia su campaña política. Otras campañas políticas han difundido numerosos discursos de odio con la intención de desinformar y generar miedo y odio en la comunidad. Su publicidad ha sido dañada en varias ocasiones.
  3. Patricia Galindo, una mujer lesbiana aspirante al Concejo de Magui Payan, en el departamento de Nariño, recibió una amenaza de muerte en sus redes sociales el 31 de agosto de 2023. Estos mensajes, explícitamente, la atacaron debido a su orientación sexual y argumentaron que no era digna de ostentar el cargo al que aspiraba. Estos mensajes contienen prejuicios y misoginia, y se enviaron a otras personas LGBTIQ+ en el municipio.
  4. Jonathan Navarro, un hombre trans aspirante al Concejo Municipal por el Partido Verde Oxígeno en Ciénaga (Magdalena), recibió una solicitud para usar su nombre jurídico en su publicidad política, bajo amenaza de que le quitarían su candidatura si no lo hacía. Esto no se justifica según las reglas del partido, ya que no existe restricción para que haga campaña electoral con su nombre identitario. Además, hay ejemplos de otras personas que hacen campaña con “alias” sin recibir sanciones. Si se le impusiera una sanción o restricción al interior del partido, podría considerarse un trato discriminatorio debido a su identidad de género.
  5. Paloma Ruckminy Cadavid Rojas, una aspirante abiertamente lesbiana al Concejo Municipal de Chigorodó, Antioquia, por el Partido Social de Unidad Nacional, ha sido víctima de sabotaje en su campaña electoral. La propaganda política de la candidata ha sido saboteada en repetidas ocasiones, con la eliminación de su nombre y número de concejo de su publicidad. Estos actos constituyen una forma de violencia política simbólica que preocupa debido a su impacto en el acceso a la participación y evidencian la falta de garantías en las elecciones.

Los últimos casos de violencia política conocidos por el Observatorio de Participación Política y la Campaña “Voto por la Igualdad” involucran a las candidatas Tatiana Céspedes Guependo, aspirante al Concejo Municipal de Solita (Caquetá), y Claudia Patricia Rodríguez Romero, aspirante al Concejo de Popayán. Próximamente, se proporcionará más información sobre estos casos.

Hacemos un llamado a las autoridades, con énfasis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que garanticen la investigación y toma de medidas contra la violencia política. También instamos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a agilizar la valoración de riesgos y la otorgación de medidas de protección individual. Además, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que tome medidas contra los funcionarios y funcionarias que promuevan discursos de odio. Por último, instamos a la Fiscalía General de la Nación a llevar a cabo investigaciones sobre la posible comisión de delitos electorales y delitos contra la vida e integridad personal, como el hostigamiento y actos de discriminación, así como las amenazas a las candidaturas.