31 de mayo de 2024. En la ciudad de Cúcuta se encuentran las alarmas activadas ante el aumento de las violencias en los primeros cincos del 2024. Según el informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha habido un aumento de significativo en los homicidios en comparación con el mismo período del año anterior.
Se presume que la mayoría de estos homicidios están relacionados con el crimen organizado y disputas territoriales entre bandas criminales, siendo algunas víctimas reconocidas liderazgos sociales que han visibilizado situaciones de corrupción y las afectaciones a la seguridad. Uno de los casos más sonados es el caso del veedor Jaime Vásquez ocurrido el 12 abril, en el que la procuraduría realizó un comunicado indicando que activarán una agencia especial para que a través de procuradores judiciales, realicen la función de intervención en la investigación penal en curso.
Adicionalmente, se han reportado amenazas contra defensores de derechos humanos, cómo es el caso del docente Carlos Andrés Muñoz, quién ha vinculado y realizado diferentes procesos para la protección de las personas LGBTIQ+ y habitantes de calle de la ciudad.
Frente a estas situaciones de violencia, la Alcaldía de San José de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander han manifestado diferentes estrategias para reducir este índice de violencia. Las acciones están orientadas a reducir los delitos de homicidio, extorsión, hurto, tráfico de sustancias psicoactivas y lesiones personales. Según fuentes, estas estrategias están relacionadas a denominados factores de riesgo, los cuales son: el desempleo e informalidad, la concentración de población migrante, los habitantes de calle, el transporte informal, la intolerancia, la cultura de ilegalidad, los asentamientos humanos, la vigilancia informal, la invasión de espacio público y los entornos inseguros. A su vez, habrá una articulación de labores con el Ejército Nacional y Migración Colombia.
Sin embargo, como organización de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, aunque estamos a favor de las acciones para mejorar la seguridad, también exponemos posibles riesgos. Ha sido tendiente la colaboración con el Ejército Nacional puede llevar a una excesiva militarización de la seguridad ciudadana, lo cual puede generar tensiones con la población civil y violaciones de derechos humanos. Asimismo, la intervención militar podría derivar en abusos de fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos, especialmente si no se respetan los protocolos adecuados.
También, es preocupante el riesgo de estigmatización de Migrantes, puesto que en el marco de buscar resultados existe una concentración en población migrante puede llevar a la estigmatización y discriminación de estos grupos, exacerbando tensiones sociales y xenofobia. Una situación que ocurre en lo referente a los habitantes de Calle, las cuales pueden ser percibidas como represivas si no van acompañadas de programas de apoyo y reintegración social. Por último, es preocupante cuando las acciones puedan convertirse en desmedidas, al adoptar un enfoque en contra el transporte informal y otras actividades informales, lo cual aumentan el desempleo y la pobreza.
Si la comunidad percibe las estrategias como opresivas o injustas, puede aumentar la desconfianza en las autoridades y dificultar la cooperación ciudadana. La implementación de estas medidas puede provocar protestas y disturbios, especialmente si se perciben como agresivas o discriminatorias.
La discusión debe centrarse sobre la eficacia y sostenibilidad, puesto que pueden tener un impacto limitado si no se abordan las causas subyacentes de la violencia, como la falta de oportunidades económicas y sociales. Las acciones contra la invasión de espacio público pueden generar conflictos con personas que usan estos espacios para ganarse la vida.
Caribe afirmativo como organización civil defensora de los derechos humanos, manifiesta su preocupación con estos hechos y aquellos que han sido visibles, por ello, frente a la construcción de acciones que vinculen o potencialmente afecten a personas LGBTIQ+, recomendamos:
- Reconocer organizaciones aliadas defensoras de derechos humanos en el territorio: Identificación de redes de apoyo, actores claves y funcionarios/as “amigos/as” de los temas LGBTI.
- Identificar las instituciones y actores que reproducen prejuicios e imaginarios prejuiciosos o de odio hacia las personas LGBTI y que generan acciones en contra de los derechos que tienen. En este caso se nombran a algunas iglesias, a la Procuraduría tal como funciona hoy en día, agentes de la policía que actúan contra la ley, grupos armados ilegales y bandas criminales locales.
- Realizar un análisis de contexto previo del terreno donde se trabaja, se transita y se convive, el cual debe ser actualizado periódicamente.
- Reconocer y activar los mecanismos legales cuando sea necesario como acción de tutela, denuncia penal, acciones a nivel internacional.