9 de diciembre de 2021. El ambiente en Madrid, en los últimos días, se ha vuelto cada vez más tensionante debido a la presión que se encuentra realizando VOX, partido político español, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a quien se le insta anular las leyes LGBTI aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes.
Lo anterior tiene lugar a pocos días de que la Asamblea debata en el Pleno del 16 de diciembre la Ley de Igualdad que propone este partido político para derogar leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
Isabel Díaz Ayuso, como el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, dejaron claro que estas leyes “no son derogables” pero sí “reformables” con el objetivo de “garantizar la igualdad y evitar la discriminación”. Sin embargo, no puede desconocerse que un gran número de miembros del VOX, partido que lidera la propuesta de esta iniciativa, han manifestado su rechazo y prejuicio hacia la población LGBTI, en más de una ocasión, a través de diferentes escenarios, entre estos, las redes sociales.
Esta abolición o “reforma” se convertiría en un retroceso de los derechos LGBTI logrados en Madrid. Fundación Triángulo, ONG que trabaja, desde 1996, por la igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales y trans en España y en todo el mundo, manifiesta que “frente a la involución y el recorte de derechos, ni un paso atrás”, además invita a la concentración que tendrá lugar el 15 de diciembre en la plaza Puerta del Sol de Madrid, porque “nuestros derechos no se negocian”, como afirman algunas arengas de los grupos que se congregarán en esa fecha.
Desde Caribe Afirmativo reclamamos que este hecho no puede representar un retroceso en materia de derechos para las personas LGBTI en ese país, ya que pone en peligro su integridad física y emocional. A su vez, hacemos un llamado a que se revise minuciosamente esta propuesta y sus resultados en materia de garantía de derechos a los grupos poblacionales históricamente excluidos y discriminados.